Venezuela exige a la ONU aplicar medidas correctivas a favor de los pueblos ilegalmente sancionados (+Resumen)

VEA / Yuleidys Hernández Toledo

Ante las medidas coercitivas unilaterales, que mantiene el régimen de Estados Unidos contra Venezuela, «sumamos nuestra voz para que se estudie y se denuncie en amplitud y se tomen medidas correctivas sobre los pueblos que padecemos y somos víctimas de este tipo de medidas violatorias del Derecho Internacional».

La exigencia la realizó de manera enérgica y clara este marte, 25 de enero, la vicepresidenta de República, Delcy Rodríguez, durante la presentación del III Examen Periódico Universal en materia de DDHH ante la Organización de las Naciones Unidas, en donde consideró «algo anda mal cuando en la misma sala, en la misma casa mundial de garantía y protección de los derechos humanos, coexistimos agresores y víctimas de este tipo de política hegemónica, de dominio».

Rodríguez comenzó su intervención recordando que en 2015 el entonces presidente de Estados Unidos, EEUU, Barack Obama, decretaba a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria, y agregó que esta acción fue el inicio de un entramado de medidas sancionatorias, unilaterales e ilegítimas contra todo el pueblo venezolano.

Precisó que estos cinco años transcurrieron en «menos espacios para el Derecho Internacional público, restricciones en el pleno, y ejercicio, goce de los derechos humanos del pueblo venezolano derivado de este entramado de medidas coercitivas unilaterales».

Resaltó que para Venezuela ha habido afectación causada directamente «por representantes de países que conforman este Consejo de los Derechos Humanos. En este Consejo participa el gobierno de Estados Unidos que de forma perversa, minuciosa, detallada, concibió este entramado de medidas coercitivas contra el pueblo de Venezuela. 502 medidas para ser precisos y exactos».

Agregó que en el Consejo también está representado el gobierno del Reino Unido «que ha adoptado la ilegítima decisión de apoderarse del oro del pueblo venezolano, que ha sido negado incluso para atender la situación humanitaria generada por la pandemia del Covid-19».

Indicó «creo que algo anda mal cuando en la misma sala, en la misma casa mundial de garantía y protección de los derechos humanos, coexistimos agresores y víctimas de este tipo de política hegemónica, de dominio».

Denunció la indiferencia frente a estas graves violaciones a los derechos humanos. «Indiferencia y complacencia, uno de los temas de agenda de este consejo de derechos humanos».

Informe tendencioso

«Sigo diciendo que existen temas que hay que examinar del sistema de derechos humanos». Agregó que han leído detenidamente los informes de los organismos del sistema de la ONU.

En ese contexto, citó un informe realizado en 2020 por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y «su agenda oculta».

Agregó que en ese informe ACNUR certificó que Colombia es el primer país con el mayor número de desplazados producto del conflicto interno, de la producción de drogas, del paramilitarismo, 8.3 millones de personas. Se preguntó que a dónde fue a parar esa cantidad de personas, e indicó que fueron al país vecino, donde no «etiquetamos como refugiados a los colombianos que hemos acogido, los hemos recibido como hermanos», y han sido atendidos por los programas de protección social con los que cuenta el país.

Agregó que en 2021 «un informe tendencioso, con falla metodológica», en un segundo convierte a Colombia en país líder en número de desplazados, en el segundo país en número de receptores de migrantes. «Hay una falla aritmética de esta metodología, pero esa falla aritmética tiene una agenda oculta que denuncia hoy Venezuela, porque lo que está subrepticiamente presente es la creación artificiosa de la guerra de crisis humanitaria que tanto ha anhelado el gobierno de EEUU ocurra en Venezuela para intervenir», denunció.

En ese contexto llamó a ACNUR, y a los diversos organismos, a evitar la instrumentalización política del sistema de los derechos humanos.

Desequilibrio en la CPI

En su intervención Rodríguez denunció la desigualdad y desequilibrio e instrumentalización del eje del norte sobre el sur, y que también se ve en la Corte Penal Internacional, CPI.

En ese contexto recordó que el 3 de noviembre del pasado año el jefe de Estado, Nicolás Maduro, firmó un Memorándum de Entendimiento entre la República Bolivariana de Venezuela y la Corte Penal Internacional, CPI, «para reforzar mediante asistencia técnica las capacidades de nuestro sistema justicia y de nuestra jurisdicción nacional».

Indicó que cuando se ve el mapa sobre los casos que se examinan ante la CPI «hay un desequilibrio entre el norte y el sur, ese desequilibrio está marcado en todo el contexto, en el goce del disfrute de los derechos humanos». Citó como ejemplo que se ve en el proceso de vacunación donde África tiene un bajo nivel de inmunización.

Venezuela acepta 193 recomendaciones del Consejo de DDHH

Delcy Rodríguez señaló que han trabajo de la mano con la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, «siempre teniendo en cuenta los principios que deben regir la materia de los derechos humanos, de independencia, de imparcialidad, de no instrumentalización política». Agregó que este Consejo de DDHH debe «revisar profundamente su agenda de actuación para enarbolar esta bandera».

Dijo que desde el Gobierno nacional «aceptamos las 193 recomendaciones y adoptamos 24 compromisos voluntarios en materia de nuestro II Examen Periódico Universal».

«Hoy la Venezuela agredida y acosada puede mostrar avances y logros, pero también es consciente de sus desafíos en materia de derechos humanos y por eso hemos establecido líneas de asistencia y cooperación con la Oficina de la Alta Comisionada» , agregó.

Capacidad de resiliencia

Destacó que Venezuela, a pesar de las dificultades, producto del bloqueo, ha logrado realizar su tercer examen periódico universal sobre DDHH ante la ONU.

Recordó que la presentación del informe se da en medio de un lapso donde en Venezuela han transcurrido intentos de magnicidio, intentos de golpe de Estado, intentos de incursiones mercenarias, guerra económica, de sabotaje a la estructura vital, «en plena expansión de medidas coercitivas unilaterales que se comportan como verdaderas armas de destrucción masiva, lesivas y sistemáticas al pleno goce y disfrute de los derechos humanos del pueblo venezolano».

Destacó que esto generó que Venezuela denunciara ante la Corte Penal Internacional, CPI, las medidas coercitivas unilaterales contra la patria bolivariana.

Resaltó la gran capacidad de resistencia y resiliencia del pueblo venezolano en medio del bloqueo que sufre.

Indicó que Venezuela cerró su último trimestre de 2021 con un crecimiento de 7.6% en su PIB. Resaltó el compromiso del pueblo venezolano para garantizar el disfrute de los DDHH.