Análisis estremecedor: Escritora australiana desglosa daños del bloqueo a Venezuela en revista de EE. UU. (+Dólar como extorsión)

VEA / Yuleidys Hernández Toledo

Los efectos nocivos de las Medidas Coercitiva Unilaterales que mantiene el régimen de Estados Unidos contra Venezuela, así como el uso del dólar como moneda de extorsión en los mercados financieros, además de los efectos dañinos «de la economía mundial poscolonial, legado del colonialismo y el neoliberalismo», fueron abordados por la profesora australiana y escritora Jessica Whyte, en un artículo difundido en una revista estadounidense.

«A diferencia de épocas anteriores, en las que se utilizaban embargos y bloqueos físicos para infligir daños económicos, los mecanismos claves de la coerción económica actual son financieros. En el caso de Venezuela, las sanciones de prohibir al gobierno venezolano el acceso a los mercados financieros estadounidenses y prohibir la compra de bonos venezolanos, dejando al país incapaz de reestructurar su deuda», argumenta Whyte, profesora asociada de Filosofía de la Ciencia, en la Universidad de Nueva Gales del Sur, Sidney, Australia, una de las casas de estudios más importantes de ese país.

La opacidad de la coerción económica, es el título del artículo de Whyte que circuló el 21 de junio en la publicación Yale Journal of International Law, una revista fundada en 1974 de la Facultad de Derecho de la universidad estadounidense Yale; ahí hace referencia a varias de las Medidas Coercitivas Unilaterales que el imperialismo yanqui ha dirigido contra la industria petrolera.

«Bloquean los activos de la empresa petrolera estatal Petróleos de Venezuela, S. A. (Pdvsa) y prohíben a los estadounidenses realizar transacciones con ella», expresa.

Recuerda que en agosto de 2019, luego de una decisión de reconocer al golpista Juan Guaidó como supuesto presidente de Venezuela, el entonces mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una orden ejecutiva «que congeló los activos venezolanos en Estados Unidos, incluidos, lo más controvertido, $347 millones en fondos estatales retenidos en el Servicio Federal de EE. UU., que fueron transferidos a Guaidó y a la oposición venezolana».

La industria petrolera fue el blanco principal de los ataques imperiales; de esta forma cortaron el ingreso de los recursos a la patria venezolana, producto de la venta del petróleo. De hecho el país perdió el 99 % de sus ingresos, como recordó en la misma revista estadounidense el 20 de junio, la Relatora Especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan.

Para la también escritora australiana, «tales sanciones financieras son posibles y exacerbadas por la integración profundamente desigual de la economía mundial poscolonial, que es el legado del colonialismo y el neoliberalismo».

Sobre ello, explica que los países imperiales «aprovechan el endeudamiento y la dependencia de los países del Sur Global y la centralidad global del dólar estadounidense, para coaccionar a los estados y sociedades. Los resultados de tal coerción económica pueden ser devastadores, pero los mecanismos abstractos a través de los cuales opera, han hecho difícil identificar la causalidad, y mucho menos enjuiciar a sus agentes bajo el derecho internacional». 

Sigue argumentando que «al impedir que los países reestructuren sus deudas, las sanciones financieras los empujan al incumplimiento, generando tasas de interés en espiral y fuga de capitales. Al congelar los fondos del Banco Central, privan a los países de los recursos para defender sus monedas. Y al convertir la inflación y el desempleo en armas».

La autora del libro La moral del mercado: Los derechos humanos y el auge del neoliberalismo, recuerda que en el informe elaborado por la relatora de la ONU, Alena Douhan, en febrero de 2021, sobre medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, quedaron especificado los efectos dañinos de esta medidas, «mortales, de una forma de poder económico que degrada la capacidad de los países seleccionados para sostener la vida humana: Escasez de medicamentos básicos; hospitales acosados ​​por la escasez de agua y electricidad y sin poder comprar repuestos para reparar respiradores y máquinas de diálisis; niños que no pueden viajar al extranjero para trasplantes de hígado, riñón y médula ósea; la obstrucción del acceso a las vacunas infantiles contra la meningitis, el rotavirus, la malaria, el sarampión, la fiebre amarilla y la influenza».

En el artículo difundido en la revista de leyes de Yale, como parte del Simposio sobre Enfoques del Tercer Mundo al Derecho Internacional y Sanciones Económicas, la autora recuerda que Richard Nephew, el legislador de la Administración Obama que diseñó parte del programa de sanciones a Irán, reconoce que «hablar de exenciones humanitarias ofusca el hecho de que las sanciones contemporáneas apuntan a depreciar la moneda de un adversario, al mismo tiempo que aumentan la inflación, y así causan ‘dolor económico’ a los civiles. En el caso de Irán, se jacta de que las sanciones provocaron una escalada de los precios de los alimentos; en particular, triplicaron el precio de los pollos. Y aunque los suministros médicos estaban exentos de las sanciones, señala que simplemente no estaban disponibles porque ‘costaban demasiado para el iraní promedio'».

La ilegalidad del bloqueo y la coerción

En su análisis, la australiana indica que «no se dispone de una contabilidad equivalente para las víctimas de una guerra librada a través de los tipos de cambio, la inflación y las tasas de interés. En el caso de Venezuela, como en el de otros países sancionados, la responsabilidad por daños económicos es un tema de feroz argumentación política».

En ese marco recuerda que «cuando el Centro de Investigación de Política Económica publicó un informe que alegaba que las sanciones habían causado alrededor de 40.000 muertes en Venezuela, un informe de la Institución Brookings respondió que sin un contrafactual adecuado, no era posible concluir que las sanciones incluso habían empeorado la situación socioeconómica de Venezuela. crisis económica, y mucho menos causó decenas de miles de muertes».

Whyte, quien inicia su texto rememorando que en febrero de 2020 Venezuela presentó una remisión a la Corte Penal Internacional (CPI) alegando que las sanciones económicas que le impuso Estados Unidos constituían un crimen de lesa humanidad, destaca además que comienza con una referencia a la Declaración sobre los Principios del Derecho Internacional en Materia de Relaciones Amistosas y Cooperación entre Estados, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1970. «Esta Declaración, adoptada por consenso en el punto culminante del activismo legal anticolonial, contiene una declaración preambular que recuerda ‘el deber de los Estados de abstenerse en sus relaciones internacionales de cualquier forma de coacción militar, política, económica o de cualquier otro tipo, dirigida contra la independencia política o la integridad territorial de cualquier Estado'».

«Al esbozar el principio de no intervención, la Declaración establece además que ‘ningún Estado podrá utilizar o alentar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier otro tipo, para coaccionar a otro Estado, con el fin de obtener de él la subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos y obtener de ella ventajas de cualquier especie'», agrega.

Argumenta que «Esta amplia definición dada al principio de no intervención para incluir la presión política y económica” fue, como ha descrito el gran jurista egipcio Georges Abi Saab, «una victoria clave para los estados no alineados. Es esta victoria la que Venezuela ha tratado de aprovechar al acusar los intentos de coerción económica de Estados Unidos». 

 Dice además que «en la medida que las sociedades poscoloniales fueron sometidas a la reestructuración coercitiva de sus economías, las sanciones unilaterales se convirtieron en un arma clave contra quienes no cumplieron con» el orden económico establecido.

El neoliberalismo y la coerción

A juicio de la autora, el neoliberalismo que vivió Venezuela en la llamada IV República, allanó el camino para que las Medidas Coercitivas Unilaterales fuera exitosas.

«La historia de Venezuela ilustra cómo el auge del neoliberalismo intensificó la dependencia tanto de los Estados como de los individuos del mercado y los acreedores internacionales y creó las condiciones para el uso exitoso de sanciones unilaterales. Enfrentándose a una deuda en espiral, Venezuela aceptó su primer paquete de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional en 1989. Como sucedió en otros lugares, el paquete implicaba una «terapia de choque ortodoxa» completa, con recortes en el gasto público y los salarios y la liberalización del comercio. Los resultados también fueron típicos: Aumento de la pobreza y la desigualdad, desindustrialización, degradación del sector agrícola y mayor dependencia de los ingresos del petróleo», reza el texto.

Más adelante explica que «el ascenso gemelo del neoliberalismo y una política individualizada de derechos humanos, generó un alejamiento de las preocupaciones por la coerción económica que animaron el activismo legal poscolonial en las décadas de 1960 y 1970, hacia un énfasis en la imposición directa del dolor en los cuerpos humanos. Fue en ese clima moral que las sanciones económicas llegaron a enmarcarse como alternativas no violentas al conflicto armado. La Corte Penal Internacional es hija de esta revolución en la sensibilidad moral. Venezuela no podía esperar un clima menos hospitalario en el que denunciar el uso coercitivo del poder económico».

La autora afirma que «A pesar del lenguaje visceral de Nephew, que evoca la escena de la tortura, el derecho internacional está mal equipado para lidiar con el daño que resulta del poder económico desigual. El paradigma de la imposición deliberada de dolor en los cuerpos, que anima la política de derechos humanos y la justicia penal internacional, no ha logrado hacer justicia a aquellos cuyo sufrimiento adopta la forma aburrida del hambre persistente. La ley de la humanidad parece incapaz de ver la “inhumanidad” de la coerción económica». 

Dice además, al finalizar, que Venezuela además de la CPI está buscando alivio de las sanciones, entre ellos «en alternativas a la hegemonía del sistema financiero global, impulsado por el dólar y el poder desigual que tiene».