Informe Douhan: Así es el ataque a los servicios públicos a través de sanciones

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Falta de disponibilidad de maquinaria nueva, piezas de repuesto y personal genera fallas en los servicios.

Así es el ataque a los servicios públicos a través de “sanciones”

Líneas eléctricas trabajan a menos del 20 % de su capacidad. Foto Internet.

VEA/ Yonaski Moreno

La mayoría de los servicios públicos en Venezuela se han visto afectados tras la reiterada imposición de medidas coercitivas unilaterales por parte de Estados Unidos y sus aliados. Deficiencia en las líneas eléctricas, cortes frecuentes en el servicio de agua, dificultad para acceder a la gasolina y la escases de gas son algunas de las dificultades que enfrentan los venezolanos como consecuencia de estas medidas.

Así se desprende del informe preliminar presentado el pasado 1 de febrero por la Relatora Especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan.

El texto destaca que las líneas eléctricas venezolanas trabajan hoy en día a menos del 20 % de su capacidad, debido a la falta de disponibilidad de maquinaria nueva, piezas de repuesto y personal competente, lo que genera cortes en el servicio eléctrico que afectan además las bombas de agua y al mantenimiento de las infraestructuras, dando lugar a la violación del derecho al agua, incluida el agua potable y el agua para el saneamiento, así como el aumento en el riesgo de enfermedades pertinentes.

“La distribución de agua sólo puede hacerse «por turnos» para garantizar su entrega a toda la población, y la mayoría de los hogares sólo pueden acceder al agua una o dos veces por semana durante varias horas. Debido a los impedimentos comerciales, el uso de agentes químicos para tratar y purificar el agua para hacerla potable se ha reducido en un 30%”, detalla.

El gas es otro de los servicios severamente afectados. La representante expresó su preocupación ante “la escasez de gas, que obliga a la gente a cocinar con fuegos de leña, pueda violar el derecho a un entorno favorable”.

Asimismo, la relatora expuso su preocupación por la falta de gasolina, con los consiguientes aumentos en los precios del transporte viole la libertad de circulación, impida el acceso a los hospitales, las escuelas y otros servicios públicos, agrave los problemas de entrega y distribución de alimentos y suministros médicos y provoque retrasos en los servicios públicos.

En tal sentido, Douhan instó al gobierno de Estados Unidos a “revisar y levantar las sanciones sectoriales contra el sector público de Venezuela, revisar y levantar las sanciones secundarias contra terceros Estados y abstenerse de imponer sanciones al suministro de gasóleo que provocarían una crisis humanitaria de proporciones sin precedentes”.

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