Conozca las razones por las que el TSJ declaró el carácter Orgánico de la Ley de Extinción de Dominio
La decisión quedó contenida en la sentencia 0315 emitida por la Sala Constitucional. Foto Internet
VEA / Yuleidys Hernández Toledo
El Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, declaró este viernes 28 de abril “que es constitucional el carácter orgánico otorgado a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio pues esta se adecúa a las características jurídicas que tienen las leyes orgánicas en cuanto a su forma y contenido». La norma fue aprobada en segunda discusión de manera unánime por la Asamblea Nacional, AN.
La decisión quedó contenida en la sentencia 0315 emitida por la Sala Constitucional del Máximo Tribunal del país, suscrita por su presidenta Gladys Gutiérrez, y que puede ser leída en el siguiente enlace, en donde explican «una ley como orgánica tiene una significación importante, que viene determinada por su influencia dentro del sistema de jerarquía de las leyes en relación con un área específica; por ello, la inclusión de la expresión orgánica en su denominación revela mucho más que un nombre, pues con este se alude al carácter o naturaleza relevante de una determinada norma dentro de aquel sistema».
La sentencia destaca en sus conclusiones que el objetivo de esta norma «es establecer mecanismos que permitan la identificación, localización y recuperación de los bienes y efectos patrimoniales originados por actividades ilícitas o destinados a éstas, así como la extinción de los derechos y atributos relativos al dominio de los mismos a favor de la República, mediante sentencia, sin contraprestación ni compensación alguna, desde un punto de vista orgánico, el texto legislativo in comento resulta trascendental para el ejercicio y desarrollo integral del derecho constitucional a la protección de los derechos económicos, del patrimonio público así como de otros intereses, por parte del Estado, entre otros vinculados al mismo».
Agrega además que la «Ley Orgánica de Extinción de Dominio contiene normas que buscan fortalecer las capacidades del Estado para combatir con eficiencia estas prácticas delictivas».
Resalta que en el caso de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio la AN «ha querido desarrollar el derecho constitucional a la protección patrimonial y de otros intereses del Estado, habida cuenta de que este constituye un derecho irrenunciable con clara incidencia en el resto de los derechos fundamentales, debido a que tiene la obligación indeclinable de tomar todas las medidas necesarias y apropiadas, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad patrimonial de la República y sus propiedades, instituyendo un elemento de suprema importancia para el desenvolvimiento y la correcta administración de todos los bienes que quedaran bajo la administración del órgano especializado en virtud de la adopción vía cautelar, de acuerdo con los principios de eficiencia y transparencia de la función pública».
«En razón de ello, esta ley no puede menos que situarse en el orden de la jerarquía orgánica de las leyes de la República, según se subsume en la categorización que instruye la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 203, conforme al análisis expuesto supra«, remarca.
La ley de Extinción de Dominio, norma presentada y aprobada en primera discusión ante la Asamblea Nacional el 31 de marzo, contempla que aquellos bienes provenientes de hechos ilícitos, como el narcotráfico, la corrupción, sean utilizados para la inversión social.
Consta de 48 artículos distribuidos en cuatro capítulos, una disposición derogatoria, tres disposiciones transitorias y una disposición final.
La aprobación de la norma se dio en el marco de la Operación Caiga quien Caiga que lleva a cabo el Gobierno nacional en conjunto con los poderes del Estado para combatir la corrupción.
En ese marco, desde el viernes 17 de marzo al 18 de abril han sido detenidas 61 personas involucradas en las distintas tramas de corrupción que investiga el Gobierno nacional, y que abarca los casos Pdvsa-Cripto, Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Cartones de Venezuela, Poder Judicial, y la detención del exalcalde del municipio Santos Michelena, Las Tejerías, estado Aragua.
