CIDH condena a Colombia por exterminio de más de 6 mil izquierdistas en 20 años
Las víctimas estaban integradas en el partido Unión Patriótica. Foto Internet
VEA / Yuleidys Hernández Toledo
«El Estado de Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de seis mil víctimas integrantes y militantes del partido político Unión Patriótica (“UP”) a partir de 1984 y por más de veinte años». Así reza la sentencia emitida este lunes 30 de enero de 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que puede ser leída en la web del organismo.
La Unión Patriótica surgió en 1985 en el marco de las negociaciones de paz entre el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) y las hoy extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Surgió como parte de un acuerdo para ampliar la participación política a sectores marginados y a la vez como mecanismo de transición -de las armas a la política de las FARC, recuerda el libro Todo pasó frente
a nuestros ojos.El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002, que puede ser leído en la web del Centro de Memoria Histórica del Gobierno de Colombia.
Dice la sentencia de la Corte IDH que como consecuencia del rápido ascenso de la UP, «en la política nacional y, en especial, en algunas regiones de tradicional presencia guerrillera, surgió una alianza entre grupos paramilitares con sectores de la política tradicional, de la fuerza pública y de los grupos empresariales, para contrarrestar la subida en la arena política de la UP. A partir de entonces comenzaron los actos de violencia contra los integrantes, simpatizantes y militantes de la Unión Patriótica».
«La Corte pudo comprobar que la violencia sistemática contra los integrantes y los militantes de la Unión Patriótica, que perduró por más de dos décadas y se extendió en la casi totalidad del territorio colombiano, se manifestó a través de actos de distinta naturaleza como desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, amenazas, atentados, actos diversos de estigmatización, judicializaciones indebidas, torturas, desplazamientos forzados, entre otros», reza el documento de 200 páginas, que puede ser leído completamente en este enlace.
Explica el texto que esos actos constituyeron «parte de un plan de exterminio sistemático contra el partido político Unión Patriótica, sus miembros y militantes, los cuales contaron con la participación de agentes estatales, y con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades, constituyendo un crimen de lesa
humanidad. A su vez, las investigaciones sobre esos hechos de violencia no fueron efectivas y se caracterizaron por altos índices de impunidad que operaron como formas de tolerancia por parte de las autoridades frente a los mismos».
El Tribunal señaló que el Estado colombiano «es responsable por la violación a los derechos a la libertad de expresión, a la libertad de asociación y políticos en perjuicio de las víctimas por: a) su actividad política que fue obstaculizada por la violencia tanto física como simbólica en contra de un partido que era calificado como un “enemigo interno”; b) las acciones y omisiones al deber de protección por parte del Estado crearon un clima de victimización y estigma en su contra; c) la integridad física y psicológica de los integrantes y militantes de la UP por la estigmatización creada por su pertenencia a dicha agrupación política, y d) el retiro de la personería jurídica de la Unión Patriótica, aunque esta situación fue subsanada con posterioridad por el Consejo de Estado».
«Además se vulneraron los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la
integridad personal, a la libertad personal, a la libertad de circulación y residencia, derechos del niño y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, por las ejecuciones, desapariciones, torturas, detenciones arbitrarias, amenazas, hostigamientos y desplazamiento contra integrantes y militantes de la Unión Patriótica», agrega el texto.
La Corte encontró que Colombia «era responsable por una violación al derecho a la integridad personal en perjuicio de los familiares de las víctimas de desaparición forzada y ejecuciones, que fueron identificados por la comisión en su listado de familiares de víctimas».
Medidas de reparación
En su sentencia, la Corte IDH ordenó al Estado colombiano a implementar las siguientes medidas de reparación:
a) iniciar, impulsar, reabrir y continuar, en un plazo no mayor de dos años, y concluir en un plazo razonable y con la mayor diligencia las investigaciones, con el fin de establecer la verdad de los hechos relativos a graves violaciones a los derechos humanos y determinar las responsabilidades penales que pudieran existir, y remover todos los obstáculos de facto y de jure que mantienen en la impunidad los hechos relacionados con este caso.
b) efectuar una búsqueda para determinar el paradero de las víctimas desaparecidas cuyo destino
aún se desconoce.
c) brindar el tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o psicosocial a las víctimas que así lo soliciten.
d) realizar las publicaciones y difusiones de esta Sentencia y su resumen oficial.
e) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
f) establecer un día nacional en conmemoración de las víctimas de la Unión Patriótica y efectuar
actividades para su difusión, entre ellas en escuelas y colegios públicos.
g) construir un monumento en memoria de las víctimas y de los hechos cometidos en contra de los integrantes, militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica.
h) colocar placas en al menos cinco lugares o espacios públicos para conmemorar a las víctimas.
i) elaborar y difundir un documental audiovisual sobre la violencia y estigmatización contra la Unión Patriótica.
j) realizar una campaña nacional en medios públicos con la finalidad de sensibilizar a la sociedad colombiana respecto a la violencia, persecución y estigmatización a la que se vieron sometidos los dirigentes, militantes, integrantes y familiares de los miembros de la Unión Patriótica.
k) realizar foros académicos en al menos cinco universidades públicas en distintos lugares del país sobre temas relacionados con el presente caso.
l) rendir a la Corte un informe en el cual acuerde con autoridades de la Unión Patriótica cuales son los aspectos por mejorar o fortalecer en los mecanismos de protección existentes y cómo se implementarán, con el fin de garantizar adecuadamente la seguridad y protección de dirigentes, miembros y militantes de la Unión Patriótica.
m) pagar las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales.
Contra la impunidad
El presidente Gustavo Petro celebró la sentencia «Hoy un tribunal de justicia de carácter americano dirá que el Estado ayudó a asesinar a miles de militantes de un partido político solo porque era de izquierda. Un Estado asesino que no debe retornar más, una sociedad de privilegios que asesina antes que permitir el cambio», escribió en su cuenta en la red digital Twitter.
«La justicia internacional se creó cuando los Estados no son capaces de juzgar los peores delitos: los crímenes contra la humanidad. Este Gobierno apoyará la justicia nacional e internacional contra la impunidad», agregó en otro mensaje.
En un tercer mensaje señaló, «He propuesto un pacto de paz que no solo es con grupos armados sino con esa sociedad de los privilegios para que permitan las reformas que marquen un camino de mayor justicia social. Esa es la paz. Aún la mano está tendida. Pero no piensen que este gobierno se arrodilla».
