Doctor Saab: «Yo no soy invasora» (Ver video)
Livia del Mar Obregón Seijas y su familia arrastran una amenaza de desalojo pautada para el 1° de abril, según le ha indicado el fiscal, Jhon Oviedo, en Los Teques, estado Miranda. Fotos Vea.
VEA / Ildegar Gil / Yuleidys Hernández Toledo
«Yo no soy invasora. Soy inquilina pacífica, legal». Con esta frase, Livia del Mar Obregón Seijas, le sale al paso al delito de «invasora» que le endosa la Fiscalía Tercera (3ª) del Ministerio Público de Los Teques, estado Miranda, para desalojarla del inmueble donde reside desde hace 38 años, marcado con el número 11 en el sector El Pueblo, casco central, de la capital mirandina.
Acusándola de invasora pretenden desalojarla el 1° de abril de este 2024, de acuerdo al plazo que le estableció el fiscal tercero del MP en la referida jurisdicción, Jhon Oviedo. Relata que los interesados en sacarla de su hogar están desvirtuando para ello el programa «El Ministerio Público protege al adulto mayor», creado en abril de 2023, por el fiscal General de la República, Tarek William Saab.
Educadora, exsecretaria general del PSUV en Los Teques e hija de guerrilleros mirandinos que lucharon contra los atropellos de los gobiernos de la IV República, solicita al jefe del Ministerio Público la evaluación de su caso, pues denuncia que la Fiscalía Tercera le quiere imputar un cargo penal que no ha cometido, como es el de una supuesta invasión.
Afirma que quien acciona en su contra es la hija de la propietaria del inmueble, Mariliz del Valle Troccoli Álvarez, abogada de profesión, y a quien ubica -primero- como jueza itinerante en materia de Violencia en el estado La Guaira, y ahora como funcionaria del Tribunal Supremo de Justicia.
Pasadas las 2:00 de la tarde de este martes 26 de marzo, visitó las instalaciones de Diario VEA, en San Agustín del Norte, Caracas. Antecedió al encuentro con el equipo periodístico, el diálogo que sostuvo minutos antes con la inspectora general de Tribunales, Gladys Requena.
En la oficina de la Dirección de este medio, relató que desde marzo del año 1986, vive alquilada en el referido inmueble. En un principio, su madre, Luisa Elvira Seijas, fue quien arrendó la vivienda y es quien figura en el contrato de arrendamiento. Cancelaba a Angelina Corrales de Álvarez, y cuando esta persona falleció, comenzó a depositar el pago a Alicia Mercedes Álvarez de Troccoli, quien heredó la casa. «Desde 1995 hasta la fecha, siempre he pagado en las diversas cuentas que me ha suministrado la señora Alicia», asevera, para agregar que nunca ha tenido relación con Mariliz del Valle Troccoli Álvarez, hija de la propietaria.
Al ser consultada sobre su relación con la ciudadana Alicia Mercedes Álvarez de Troccoli, de 92 años de edad, dijo: «Nunca ha solicitado desalojo (…) ella ha seguido recibiendo los cánones de arrendamiento». La describe como una adulta mayor, en perfecto estado de lucidez y en pleno dominio de sus facultades.
–¿La señora Alicia está al tanto de toda esta intención de desalojo?
-Yo me supongo que sí.
-¿La señora Alicia le ha hecho mención al caso?
-No, ninguna de las dos. Ellas se fueron directo a poner la denuncia. No han manifestado nada, ni han dejado de recibir el pago.
-¿Temes que en algún momento se proceda violentamente y la desalojen?
-Sí.
¿Qué llamado le hace al Fiscal General?
-Pido al doctor Tarek William Saab, que se revise mi caso y que se pare el desalojo y la posible imputación. Que se me quite esa palabra, que ellos me van a imputar. A lo mejor me dejan presa, no se cuánto me van a colocar; si es bajo presentación por un delito que no cometí, porque no soy invasora. Que se revisen todos los documentos que se tengan que revisar.
-¿Se ha dirigido al Fiscal?
-Sí, ya consigné un documento, el 001715, el 19 de marzo, y me dicen que dan respuesta en 15 días. Fui a varias oficinas de la Fiscalía, lo que llaman delito común, donde sancionan a los fiscales y no me lo quisieron recibir (….) Lo consignamos en recepción 1, porque fue el único sitio donde me lo aceptaron.
Contó que en una de las oficinas le emplazaron a usar un bolígrafo propio para que firmara, «porque no le podemos dar el bolígrafo a invasores. Ya me tratan y me tipifican como delincuente».
Citación desde septiembre
Detalla que fue en septiembre de 2023 cuando inició el proceso legal con el que buscan desalojarla junto a su familia. El 27 de ese mes recibió una boleta de citación del cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana, específicamente de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas, División de Investigación Penal, donde le dicen que debía presentarse al día siguiente en condición de investigada, por la causa del MP-181384-2023, que es el número del expediente en su contra.
Presión y atropello
El intento de desalojarla, también a su hijo (24 años) y un tío (77 años, con agudos problemas mentales) ha estado marcada por diversas irregularidades, relata la afectada. Por ejemplo, describe que el fiscal tercero Jhon Oviedo, le pide grabar un video donde diga que no tiene ningún contrato y se vaya. También contó que funcionarios policiales irrumpieron en su casa sin autorización.
Cuenta que el mencionado fiscal nunca le ha dejado ver el expediente, porque supuestamente ella está en un proceso de investigación. «Cuando he ido a la Fiscalía, las dos últimas veces que he ido, no aparezco citada en los libros; sin embargo yo firmo los libros de asistencia. Él me llama y no deja sentado que yo estoy siendo citada. Él me dice que lo está haciendo a modus personal y haciéndome un favor; porque si hubiese sido otro, él va y me desaloja y me imputa sin decirme nada; que yo debo considerar ese favor que él me está haciendo».
Relató que una de las veces que la telefoneó fue, por ejemplo, el 1° de marzo.
-¿Cuando la ha llamado es para que se presente en la Fiscalía?
-Para que me presente en la Fiscalía (…) para decirme que estoy desalojada y que la única forma de no hacer un desalojo forzoso, es que yo vaya a su oficina y le entregue la llave del inmueble. Grabemos un video de forma pacífica, que yo reconozco que no soy la dueña de la casa, que no tengo ningún contrato de la misma y me vaya de forma pacífica. Por supuesto, le dije que no, que no voy a hacer el video; porque es que yo no soy invasora. No me pueden tipificar por un delito que no he cometido (….) Yo soy inquilina legal pacífica. Ese día que él me llama estaba un poco molesto; de hecho yo le dije: «¿Doctor está como molesto?, y me dijo: ‘Bueno, es que estaba con la otra parte, no podía estar mejor’…». De forma verbal me dice que él tiene órdenes de arriba de entregar la vivienda a la ciudadana que hace la denuncia, que es esta abogada (…) trabaja en el Tribunal Supremo de Justicia. Yo presumo que se ha utilizado su investidura judicial para este caso».
Expresa que dijo al fiscal que si él quiere considerar su situación como un delito, sería civil y no penal. «Lo que tiene que ver con canon de arrendamiento es civil, no penal», explica.
«Yo lo único que estoy pidiendo es que se me haga el debido proceso, que el señor no me haga el desalojo forzoso», solicita.
Cuenta que le entregó a Oviedo una exposición de motivos sobre su caso, pero la mandó a hablar con la secretaria. «‘Yo no sé quién es usted señora». La secretaría le dijo: «Doctor, ese es el caso de la abogada que viene de arriba (…)». Agregó que él respondió: «Ah, sí» y dirigiéndose a Livia le preguntó por qué debía traer tantos papeles: «Porque son mis pruebas». Yo le entregué 46 folios donde le especifico y él no me lo quiso recibir.
Ante esta actitud, ella le dijo a la secretaria que estaba en su derecho de consignar los documentos, y fue así que se lo recibieron. «En ese momento le pedí a él un justificativo que hiciera constar que había ido, y me dijo que no».
«¿Cuál es mi gran temor? Este señor, Jhon Oviedo, la semana pasada ha sacado a dos personas de manera violenta, y los ha coaccionado (…)»
-¿Fue a la Defensoría del Pueblo?
-Sí, la Defensoría del Pueblo en Los Teques, el doctor Guzmán. Él me mandó una de sus asesoras, que me dice que ese no es el deber ser; que lo hubiesen hecho por los tribunales.
Negados a ser desalojados
Al ser consultada sobre qué harán si llega el 1° de abril y su caso no ha sido resuelto y se cumple la amenaza de ser desalojados, responde: «Yo me quedo en la puerta de la casa, y si me viene a desalojar, y me va a llevar presa y que me imputen, con toda mi frente en alto, porque no soy invasora».
Policías irrumpieron en el hogar
Más allá de sus desencuentros con el fiscal Oviedo, Obregón deja claro que no ha recibido amenazas de índole alguna; sin embargo relató que funcionarios de la Dirección de Investigación Penal (DIP), irrumpieron en la casa sin portar orden legal para ello. Sucedió el 27 de septiembre de 2023. Describió que los «visitantes» hicieron registro fotográfico de algunas zonas del interior del inmueble.
-¿Cómo ingresaron a la vivienda?
«Yo estaba en el hospital y los policías tocaron a los vecinos, quienes me llaman, y me dicen que está la policía (…) Les digo que le den mi número (…)», relata. Cuenta que pensó que era por otra situación. «Cuando recibo la llamada, les digo que no puedo llegar ahorita a la casa, porque tengo un derrame y estoy en el hospital, y que pasaran después (…) Me van a hacer una transfusion, tengo un derrame fortísimo», narra. A pesar de ello, los funcionarios le dicen: «Si usted no se presenta ahorita la vamos a buscar». Ante ello le pregunto qué paso, y el oficial contestó: «Usted está investigada penalmente».
Después de esas palabras le dice a la médica que se debe ir, y ella le da un informe, que tiene la hemoglobina baja. Al llegar es notificada verbalmente de que junto a su familia debe ser reseñada. «No fui, porque todo el mundo me dijo, si te van a reseñar, te dejan presa (…).
«¿Cómo ingresan a casa?», se le pregunta, y ella responde que le pidió ver la carpeta con la orden, «pero ellos la tapaban». Les comentó que los iba a atender, y mientras insistían en ingresar, ella reiteraba su inquietud sobre la orden de ingreso. «Me alejo de la casa y llamo a un abogado amigo, y me dice, no lo debes dejar entrar; pero en eso me mancho, tenía un derrame y me llega a la rodilla. Entro a la casa, meto la llave, pongo la cartera en una de las mesas de la entrada, y cuando voy a cerrar, entraron los policías, que estaban vestidos de civil, y tomaron fotos».
«¿Cómo le consta qué eran funcionarios, se identificaron?», se le pregunta y contesta: «No, uno solo de ellos llevaba una chemise azul que sí decía del DIP, él otro estaba de civil (…) Tomaron foto del baño, donde hay una pared de piedra que se vino, y yo estoy arreglando la llave; todavía no le había puesto cemento. Le dije abre la nevera, para que veas que hay comida. Tomó una en la sala (…), y a la puerta».
Inscrita en la Sunavi
Para seguir demostrando que no es una «invasora», relata que está inscrita en la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (Sunavi), desde que esta instancia fue creada, en 2010. Además, recientemente hizo una actualización del registro. Para reafirmar su testimonio, mostró los documentos que certifican sus palabras.
Contó que conversó con la superintendenta del referido organismo, Jelixé Carolina Silvio González. «Hice mi actualización y posteriormente ella me recibió. Me dice que no tengo ningún problema porque estoy al día. Tengo contrato y aunque no está a mi nombre, se prorrogó en el tiempo, estoy subrogada en los derechos de mi mamá y pago el canon de arrendamiento».
En varias oportunidades en la conversación reconoce que no es la dueña del inmueble, e incluso manifiesta que así lo ha hecho saber en la comunidad; «pero soy la que he venido pagando durante todo ese tiempo».
–¿Qué le ha dicho la presidenta de la Sunavi, qué procede en su caso, de acuerdo con la Ley?
-Ella lo que me dijo fue que yo estaba legal, y que se hacía una conciliación (…) Dentro de la Sunavi yo coloqué una denuncia para que le llegara también a la Fiscalía, que yo estaba legal en mi proceso, y que se llamara a la dueña de la casa para hacer una conciliación. La superintendenta manifestó que mi caso lo llevaron a la Vicepresidencia de la República, a la mesa que tenían la semana pasada con relación a Hábitat.
-¿Usted está dispuesta a comprar la vivienda?
-Sí, de hecho la doctora Jelixé preguntó eso. En Sunavi uno tiene que pagar un arancel para ir a hacer el avalúo, el peritaje, está en 40, 60 dólares al cambio de la tasa, y le dije que sí. Solamente tenemos que ajustarla, porque de repente ella viene y me dice esa casa cuesta 60 mil dólares, pero esa es una casa extremadamente vieja. La doctora me dijo que la primera opción la tengo yo. «Si ella se niega (la dueña) y no hay una conciliación, a ti te tienen que hacer es una investigación civil, y te dan un tiempo por la cantidad de años que tienes viviendo ahí».
Dijo además que el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Rigel Sergent, también conoce su caso, y le indicó que si el 1° de abril, fecha en que se vence el plazo que le dieron para desalojar la vivienda, la amenaza se hace efectiva, lo notifique.
Actuaciones irregulares rompe con el programa del MP
¿Cree que este procedimiento, su caso en específico, desnaturaliza y rompe la intención del fiscal general Tarek William Saab, de hacer justicia a favor de los abuelos y abuelas?
-Sí. Por dos razones. Al Fiscal yo lo he oído cuando dice: «Siempre y cuando sean personas comprobadas que llamemos invasoras, que no paguen». No es mi caso. Segundo, es verdad, la señora es una adulta mayor, ella quiere su vivienda; pero ella tiene casa propia. Yo sé que esa es su casa, yo lo reconozco; pero ella tiene una casa. Yo tengo la situación, que como está la situación país no tengo para buscar una casa (…).
Describe que en Los Teques, en los últimos meses, se han dado varios casos de desalojos. Otros como ellas también tienen fecha para ser desalojados. A todos les califican el delito de presuntos «invasores».
Equipo de Nicolás Maduro la escuchó
Livia, así bautizada en honor a la revolucionaria, Livia Gouverneur, asesinada el 1° de noviembre de 1961 por el régimen de Rómulo Betancourt, contó que el 4 de marzo de este 2024, cuando el presidente Nicolás Maduro estuvo en Los Teques, donde celebró la 36ª edición del programa Con Maduro +, logró entregarle una carta a su equipo presidencial.
«Cuando termina Con Maduro +, él pasó por la puerta de mi casa. Yo me le atrevesé a la camioneta, la tercera que se para (…) Presumo que iba el presidente Maduro porque abrió la mitad del vidrio, iba alguien de casa militar con boina; todos, todos los carros se pararon. Me dicen: Dígame, dígame. Yo le entrego una carta. En eso, como tengo él problema de salud, hemoglobina baja y todo, se me fueron los tiempos, me desmayé. Llegaron seis personas de Presidencia» y la atendieron.
Luego «grabaron en mi casa, me tomaron los datos, fotos, tomaron foto a la pancarta que yo colocaba, que no soy invasora, ayúdeme. Hay un TikTok que hizo la primera combatiente, Cilia, y la que se le tira en la camioneta a él; de camisa con gorra blanca soy yo, y una pancarta. Al día siguiente me llaman de Presidencia, solo para preguntarme los datos de cómo había amanecido. (…) Un primer teniente, Pérez Carreño.
–La llamaron por su estado de salud, ¿por el caso de la vivienda no le preguntaron?
-Sí, me preguntaron: ¡Qué quiere usted, que la reubiquemos o la casa? Yo le dije, si hay oportunidad de quedarme en esa casa, que me digan para pagarla. Me preguntaron: ¿Usted está dispuesta a pagarla?: Sí, yo estoy dispuesta a pagarla por la Superintendencia, yo estoy inscrita, me preguntaron todo eso (…)
-¿De Presidencia le preguntaron si quiere una vivienda o quedarse en esa casa, por qué usted quiere quedarse ahí?
-Nunca me cerré a la oportunidad, puede ser esa o en otro lado. Lo único que sí le dije, es que en refugio no, por mi tío (…) Lo digo con responsabilidad, he tenido en esos 38 años cosas muy positivas (…)
Señora Livia, así ud tenga 100 años viviendo ahí, si la dueña quiere su casa, que es de ella, es su propiedad, pues nada, le pertenece a ella y debe devolvérseloa, así ella tenga 10 casas mas. Es el respeto a la propiedad privada lo que debe prevalecer y ud. agradezca por el tiempo que la tuvieron como inquilina.