VEA / Yuleidys Hernández Toledo

La Red de Derechos Humanos del Putumayo y la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac) denuncian que las Fuerzas Militares habrían presentado a civiles asesinados en una operación militar como disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En el operativo militar realizado el lunes 28 de marzo en zona rural de Puerto Leguízamo, departamento de Putumayo, fallecieron 9 personas, de acuerdo a lo declarado por el ministro de la Defensa, Diego Molano, en su cuenta Twitter. Las organizaciones sociales argumentan que siete (7) de los asesinados son civiles.

La organización Red de Derechos Humanos indica en su cuenta Facebook, que entre los asesinados se encuentran los ciudadanos y ciudadanas identificados como Didier Hernández Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Remanso; Ana María Sarría Barrera, esposa del presidente de la Junta; Brayan Santiago Pama, un menor de edad 16 años, y Pablo Panduro Coquinche, gobernador del Cabildo Kichwa. Asimismo, señalan que habría una persona identificada como Oscar Olivo Yela y otras dos conocidas como «Pequeño» y «Cuéllar», habitantes de la zona.

La comunidad reporta cuerpos desaparecidos, y también informa del desplazamiento de los habitantes de la vereda Alto Remanso, donde se realizó la operación militar, agrega la mencionada organización.

Por su parte la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), solicita al «Ejército Nacional que cese de manera inmediata el homicidio a través de la modalidad de falsos positivos, de la población civil del municipio de Leguízamo en el Putumayo, y en especial en contra de la población indígena y sus autoridades».

A través de un comunicado difundido en su página web,  califican como un falso positivo la operación militar, por lo que piden al ministro de Defensa, Diego Molano, retractarse de un trino en el que informa de la operación militar y solicitan a la Fiscalía y a la Policía Judicial, garantías para el desarrollo de las investigaciones que permitan esclarecer los hechos.

También solicitan a «las Agencias internacionales y organizaciones defensoras de los Derechos Humanos (DD. HH.) incluir los hechos relacionados en esta acción urgente en los informes sobre la situación de DD. HH. y DIH (Derecho Internacional Humanitario) en Colombia, así como emitir solicitudes a las instituciones del Estado a que se investiguen los hechos que se narrarán a continuación, hallando a sus responsables».

Colombia se ha caracterizado en las últimas décadas por la práctica de los falsos positivos, un crimen cometido principalmente por la fuerza pública y que consiste en que los militares matan a un civil para después vestirlo con prendas camufladas y hacerlo pasar por combatiente, la mayoría de las veces por guerrillero.

En febrero de 2021,  la Jurisdicción Especial para la Paz determinó que entre 2002 y 2008, por lo menos 6.402 personas fueron asesinadas para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional.

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