VEA / Carlos Batatin

Ante el lamentable deceso de la señora Gladys Castillo, exesposa del expresidente  Jaime Lusinchi, este jueves 25 de marzo,  revivió toda aquella censura de los medios de comunicación social que se negaron a publicar sus razones del por qué  se produjo el divorcio de la pareja presidencial.

A la exprimera dama solían llamarla, cariñosamente, Doña Gladys Castillo,  especializada en medicina pediátrica  y promotora de causas sociales. Estuvo unida al exmandatario  por aproximadamente unos 40 años, y  de acuerdo con lo expresado por su Álvaro Lusinchi Castillo, “murió en casa, tranquila, en La Paz del señor!, murió de 98 años y medio de vida plena directa y honesta”.

Jaime Lusinchi, al llegar  a la presidencia de la República en 1984, se caracterizó por utilizar el poder para presionar  y silenciar a los medios de comunicación, en especial sobre temas que lo incomodaban y a su más íntimo entorno, como su concubina, Blanca Ibánez.

Para cumplir con su objetivo, utilizaba como herramienta esencial el Régimen de Cambio Diferencial (Recadi), organismo al que debía recurrir el complejo empresarial mediático para recibir las cuotas de dólares preferenciales para la compra de papel importado, tintas, películas y otros equipos.

Una de las censuras más recordada durante su mandato,  fue la relacionada con su propio  divorcio de Gladys Castillo de Lusinchi. El 10 de noviembre de 1987, la Primera Dama convocó a una rueda de prensa para informar sobre los avances del proceso de separación solicitado en su contra por el Presidente, hecho que fue silenciado.

De acuerdo con una investigación de  Yuleidys Hernández Toledo,  en su  libro Venezuela siempre grande, IV Capítulo, publicada el 24 de septiembre de 2020 en el portal del Diario Vea, https://eldiariovea.home.blog/2020/09/24/lusinchi-y-su-persecucion-contra-los-medios-de-comunicacion-xli/ “setenta y tres periodistas de 40 medios de comunicación escritos y radiales acudieron al llamado de la Primera Dama a la residencia oficial de La Casona. Se abstuvo de convocar a la televisión, sabiendo de antemano que no transmitirían nada de lo que dijera. Al día siguiente, solo tres medios (El Nacional, Panorama y El Impulso), publicaron las incidencias de la rueda de prensa”.

Hubo al menos cuatro razones para que los demás medios no publicaran la información. Uno, “la prohibición expresa de la jueza María José Villarroel (encargada de la causa) de informar acerca de los pormenores del proceso, so pena de multa y arresto. Dos, las presiones directas que desde Miraflores se ejercieron a través de las llamadas a los medios (…) La tercera razón fue el acoso, a las puertas de La Casona, por parte de funcionarios de la Disip que procedieron a romper cámaras, grabadoras y a revisar libretas. La cuarta, finalmente, fue la existencia de una mordaza económica que durante todo el período de Lusinchi puso a los medios contra la pared: Recadi” Quien se atreviera a tratar el tema de Blanca Ibáñez era censurado.

Era el tercer intento de demanda entablado por Jaime Lusinchi, quien en las dos ocasiones anteriores había  acusado a su esposa de abandono del hogar e injuria grave. Sin embargo, para aquel entonces,  los propios tribunales ordenaron  archivar el asunto.

Al confirmarse la citada sentencia hubo un gran revuelo en el país. La iglesia emitió un comunicado, mientras que los profesionales del derecho fijaron su posición  por la manera como el tribunal llevó el caso, violentando  el Código de Procedimiento civil.

Pese al apoyo que recibió por los  diversos sectores de la vida nacional, escasamente su versión de los hechos y su verdad casi nunca era tomada en cuenta por los medios. En ese tiempo contra ella se había activada «La justicia está mediatizada». Aunque muchas de sus declaraciones eran de carácter contundente y esclarecedoras  no ocuparon ningún espacio en los medios  impresos ni audiovisuales. Mientras, si  la élite política se refería al asunto, tampoco era publicado.

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