Néstor Rivero Pérez

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El 18 de noviembre de cada año, desde 2000, se celebra el Día Mundial para Prevenir la Explotación, los Abusos y la Violencia Sexuales contra los Niños y Niñas, efemérides establecida con el propósito de crear sensibilidad y conciencia moral acerca del grave problema que significa el maltrato, explotación y abusos de orden sexual que tienen como víctima a un significativo porcentaje de la población infantil a nivel planetario.

Fuerza contra inocencia

De tiempo en tiempo la opinión pública mundial es sorprendida en su buena fe cuando se entera de que representantes de instituciones a quienes las familias entregan a sus hijos e hijas por lapsos de la semana, a los efectos de culto religioso, entrenamiento deportivo u otras actividades, así como altas figuras de la política, se encuentran involucrados en hechos y redes que aprovechan su condición pública para cometer abusos con los pequeños y las pequeñas, sobre los que ejercen influencia o mantienen autoridad. Así, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha expuesto que el abuso “y la explotación sexual de la infancia constituyen una problemática social alarmante y de grandes dimensiones, a nivel mundial (…) se estima que unos 15 millones de niñas, con edades comprendidas entre los 15 y los 19 años de edad, han experimentado sexo forzado en su vida” [Ibídem].

Reproducción del trauma

De este modo se crea en la personalidad del niño y la niña abusada, una base emocional de perturbación que en muchos casos le acompañará por el resto de su vida, incidiendo en su relacionamiento de quienes fueron víctimas de abuso sexual durante su infancia, o induciendo, en los casos de quienes no lograron superar el trauma psicológico del abuso, actuaciones que eventualmente podrían llevarles en su edad adulta, y a plenitud de su fortaleza física a replicar, a modo de “desquite etario”, en contra de nuevos niños y/o niñas, las acciones que contra ellos se cometieron en sus años primigenios.

Factores de riesgo

De acuerdo a la Unicef, en la configuración de situaciones proclives a la ocurrencia del abuso sexual infantil, concurren factores como “Entorno familiar disfuncional, que conlleva la necesidad de afecto y aceptación y la baja autoestima”. Hogares desintegrados, con dificultades para la comunicación y signados por el patriarcalismo, inciden en los desajustes de personalidad de quienes abren su horizonte a la vida social y favorece su conversión en víctimas del abuso sexual por adultos dentro o fuera del círculo familiar, es el manejo sin guiatura ni supervisión de las tecnologías y redes sociales. Y ello responde al poder subyugante de la pantalla, tanto del celular como de la computadora, según el caso, y que se muestra ante el niño con tal potencia de imágenes, mensajes y propósitos, que en distintas ocasiones escapan a objetivos pedagógicos o de recreación pertinente, a la edad de quien la recibe en términos de un consumo pasivo. Del mismo modo influyen “problemas de drogadicción, alcoholismo y violencia en el grupo familiar o entorno inmediato” [https://www.diainternacionalde.com].

 

Niños soslayados

En sociedades que han abandonado el cúmulo de certidumbres del tradicionalismo agrario, y cuyos miembros en pos de elevar la calidad de vida del conjunto, se ven impelidas a constantes transformaciones de orden productivo, cultural y en cuanto a sus patrones demográficos, con las subsecuentes fracturas de índole emocional que afecta a una considerable porción de sus integrantes que transitan por su adolescencia o ya adultos, resulta inevitable que las dificultades propias de los niños y niñas, se releguen a un segundo plano, sin que se preste debida atención a los signos de abuso que los infantes en toda familia no logran aún expresar verbalmente de modo claro, por temor, vergüenza o carencia de la cabal comprensión de su circunstancia. La escuela y su gestión de los Departamentos de Orientación daría buen acompañamiento.

Sinóptico

2004

Danilo Anderson

Este día fue segada la vida del fiscal del Ministerio Público, Danilo Anderson, quien se hallaba al frente de cuatrocientas investigaciones contra empresarios, banqueros, dueños de medios de información y concesionarios de minería, y políticos presuntamente involucrados en el golpe de Estado del 11 de abril de 2001, y otros hechos. Los patrocinantes del homicidio temían la disposición de Danilo para avanzar en cada expediente y sentar delante de un tribunal a cada uno de los imputados en los graves hechos en que se vieron envueltos. Los ejecutores materiales carecían de motivos propios con suficiente peso, como odio personal o venganza para atentar por cuenta propia contra Danilo. Así, la circunstancia permitía suponer que fueron contratados por quienes, siendo investigados por el Fiscal Valiente, temían el brazo inexorable de la legalidad, que encarnaba el fiscal Danilo.

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