La Pastora: Desalojos, pertenencias retenidas y compromiso de devolución

VEA / Yuleidys Hernández Toledo

Diez familias que habitaban una vivienda multifamiliar en La Pastora, Caracas, señalan que hace casi dos (2) meses fueron desalojadas de manera arbitraria, hecho suscitado el 7 de febrero. A la fecha, aseveran, no les han sido devueltas sus pertenencias: ropa, electrodomésticos, documentación y dinero, según indicaron a Diario VEA.

«Nos desalojaron arbitrariamente en un proceso irregular en donde participaron alrededor de 50 funcionarios de la Dirección de Investigaciones Penales (…) A varios nos llevaron al comando de la DIP en Maripérez, donde nos tuvieron incomunicados por más de seis horas, y hasta la fecha siguen sin devolvernos nuestras pertenencias», relata Eduardo Monasterios desde la sede de este medio, ubicado en San Agustín del Norte, Caracas.

Monasterios, quien labora como fotógrafo en la Fundación Museos Nacionales, el viernes 28 de marzo en horas de la mañana contactó a este medio, acompañado de su pareja, Hermila Jacqueline Pinto Pérez; así como de Eduardo Salazar y Ciro Yace, representantes de otras dos (2) familias.

Cuenta Monasterios que parte de su equipo fotográfico sigue sin serle entregado, junto con otras pertenencias. Hermila Jacqueline Pinto Pérez, inquilina durante 22 años, y quien actualmente se desempeña en el área administrativa del Museo Arturo Michelena, Caracas, relata que «no nos quieren decir dónde están nuestras cosas», agregando que algunos enseres fueron trasladados a destino desconocido. Explica que la señora Margarita Beatriz Rosado, es quien se adjudica la titularidad del inmueble.

Pinto Pérez remarca que a veces deja de asistir a determinados compromisos, entre ellos laborales, porque no cuenta con la vestimenta apropiada, dado que todo se quedó en el inmueble, de donde «nos desalojaron de manera arbitraria. Nos sacaron como delincuentes, aun cuando nosotros teníamos contrato de arrendamiento», enfatiza.

Historia similar relató Ciro Yace, quien indica que en la pieza donde vivía, guardaba un dinero que iba a ser utilizado para una intervención quirúrgica que requiere en uno de sus brazos, y que es una de las razones, por las que en este momento se encuentra sin empleo. Agrega que no tiene recursos, ni lugar a dónde ir, luego que lo desalojaran del espacio que ocupó durante 15 años. Dio a conocer que desde entonces, vive algunos días en casas de amigos y en otras oportunidades le ha tocado quedarse a dormir en la plaza Juan Pedro López, cerca del Banco Central de Venezuela (BCV).

Eduardo Salazar, quien trabaja como corredor de Seguros Funerarios, también exige que le sean devueltas sus pertenencias.

El lunes 31 de marzo, en audios enviados vía WhatsApp a Diario VEA, Hermila ratificó que siguen sin devolverle sus pertenencias. Este martes 1° de abril expresó su temor de que saquen las cosas que aún tienen en la vivienda.

Pueden ir a retirar sus pertenencias

Este martes 1° de abril, Diario VEA logró comunicarse con la señora Margarita Rosado, una adulta mayor a quien el Ministerio Público restituyó dicho inmueble ubicado en La Pastora. Las únicas declaraciones que ofreció fue que los inquilinos «no fueron desalojados, ellos tenían desde 2004 que no pagaban. Yo soy una persona anciana con necesidad también. A mí me restituyeron mi casa». De inmediato comunicó a este portal a su abogado Larry Herrera, a quien tenía cerca. El hombre afirmó a este medio, que los inquilinos pueden ir a retirar sus pertenencias, que las mismas «no están retenidas».

-Varias de las personas que fueron desalojadas el 7 de febrero, comentaron a Diario VEA que una vez que fueron desalojados, sus enseres, pertenencias, quedaron «secuestrados», y que ellos quieren recuperarlos, pero no saben dónde están sus cosas ¿Qué dice usted?

-No están retenidas. El Ministerio Público hizo la restitución del inmueble a la señora Margarita Rosado, y ellos firmaron ahí que en 15 días iban a retirar sus cosas; ellos son los que no han retirado sus cosas, nadie le tiene secuestrado nada. Ellos no han retirado sus cosas aun cuando pasó el lapso, todo eso lo sabe el Ministerio Público, la Fiscalía 37, todo eso consta en autos, en el expediente.

Las personas que fueron desalojadas dicen que no las han dejado retirar sus cosas, que ahí tienen desde documento, dinero, neveras, ropa, una serie (…), insistimos, a lo que el profesional de las leyes, interrumpe la pregunta, y acota: «Sus cosas están allí (…) Nadie le está secuestrando nada, ellos quedaron comprometidos que en 15 días, después que el Ministerio Público decretó la restitución del inmueble a favor de Margarita Rosado, ellos firmaron que en 15 días retirarían sus cosas».

-¿Firmaron en dónde?

-Firmaron en la Fiscalía (…) vaya a la Fiscalía 37 y ahí puede usted ver todo eso, eso consta en autos (…) Ellos firmaron una constancia donde ellos iban a sacar sus cosas en 15 días (…) yo tengo todos esos papeles».

Comentamos al abogado lo dicho por varias de las familias que fueron desalojadas, quienes aseguraron a este portal que firmaron un documento donde se comprometían a desalojar el inmueble porque fueron «coaccionadas», porque los retuvieron el 7 de febrero durante 8 horas en una sede del DIP en Maripérez. Ante estos señalamientos, el abogado de Margarita Rosado asegura que: «Eso es falso de toda falsedad, el Ministerio Público estaba ahí (…) No tengo más nada qué decir, discúlpenme, no puedo hablar sobre cosas que son falsas y que puedan dañar a mi cliente. Cuando el Ministerio Público (…) hace una restitución se cuidan de todos los pormenores, mi cliente es una persona de la tercera edad que necesita esa plata para vivir y para hacer sus cosas (…)».

«¿Las personas que fueron desalojadas pueden ir hoy mismo a retirar sus cosas?», preguntamos, a lo que respondió: «por supuesto, pueden retirar sus cosas cuando quieran, se comunican con la señora y ella dispone» para entregarlas. Agrega que «con las medidas de protección necesarias, por supuesto». Señala que el MP dictó una medida de protección para Margarita «por las agresiones precisamente de todos ellos. Allí están las medidas de protección también, ellos lo saben, por seis meses (…)».

Acota: «Llamen a la señora los que quieran ir a sacar sus cosas, que el Ministerio Público está al tanto de eso y en autos sobre eso».

Alegatos y dudas

La comisión de inquilinos que acudió a Diario VEA, reconoce no ser propietaria de los anexos donde vivían, sino inquilinos. Algunos desde hace 4, 8, 10, 14 y 22 años, como es el caso de Hermila, quien explica que ella, al igual que otras familias, tienen contrato que suscribieron por escrito con los dueños originales, de ascendencia italiana.

Comentan que esa propiedad, al igual que otras en La Pastora, le pertenecía a Nunciato Ruggiero, quien durante décadas alquiló el inmueble. Luego heredaron la propiedad los tres hijos del referido hombre. Uno de ellos fue José Antonio Ruggiero. Aseguran que la señora Rosado argumenta haber adquirido la propiedad a este último.

Subrayan que en el documento de compra-venta hay irregularidades. Manifiestan que no hay coincidencia de las huellas. La abogada que representa a varios de ellos, Ana Marina Rodríguez, les señaló que deben solicitar una prueba dactiloscópica.

Hermila comenta que acudieron al registro inmobiliario ubicado frente al Centro Comercial Galerías Ávila para verificar si la señora Rosado figura como propietaria, y no aparece.

Comenta también que la venta del inmueble con las familias inquilinas habitando dentro del mismo, fue notificada en enero de 2024 a la Oficina de Atención al Ciudadano de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (Sunavi).

Eduardo Salazar, Eduardo Monasterio y Ciro Yace, explican que hace casi dos (2) años, en la Fiscalía 37 fue abierta una causa penal contra los inquilinos, a quienes acusaron de «invasores», por lo que ellos han tenido que acudir en varias oportunidades ante dicha instancia. Precisa Hermila que el número del expediente en el Ministerio Público es 114296-2023.

Manifiestan que en ningún momento ellos desean quedarse con el inmueble, solamente que se les respete sus derechos como inquilinos, y eso implica que les permitan seguir viviendo en la propiedad.

Reafirman que no son invasores, y tampoco delincuentes, como pretendieron hacer creer, y que supuestamente fue el motivo por el que desplegaron tantos funcionarios policiales para desalojarlos. «La mejor prueba que no somos delincuentes, es que en la vivienda no encontraron nada irregular y no estamos presos», reiteraron en varias oportunidades a lo largo de la conversación.

Califican de irregular el despliegue policial, haberles quitado los teléfonos, incomunicarlos desde las 2:00 de la tarde en la sede del DIP en Maripérez hasta las 10:00 de la noche y haber tenido que firmar un documento donde se comprometían a abandonar el inmueble, porque sino «quedaríamos presos», denuncian Monasterios y Yace, quienes recuerdan que el 7 de febrero fueron sacados del inmueble bajo engaño, pues los funcionarios les dijeron que los llevarían a declarar y luego los regresarían. «Lo último no pasó, nos quitaron las llaves de nuestro hogar», añaden.

Salazar se negó a firmar el documento que le exigían. Agrega además que presuntos representantes de Margarita Beatriz Rosado lo han llamado para ofrecerle en venta el inmueble completo. Indica que así consiguiera los recursos, no compraría un inmueble que presenta irregularidades en la titularidad.

Habla la abogada defensora

La abogada Ana Marina Rodríguez ratifica los relatos desarrollados por los denunciantes. Relató el lunes 31 de marzo, vía audio de WhatsApp a este medio, que tras ser liberados, a los inquilinos le devolvieron las pertenencias que tenían con ellos al momento de ser detenidos, menos «las llaves de la vivienda, y les dijeron que ellos no podían volver a entrar ahí. Todas sus cosas quedaron dentro del inmueble», subrayó.

Indicó que a finales de febrero, en una jornada de «El Ministerio Público va a tu comunidad», en La Pastora, conversó con la fiscal superior y le pidió ingresar al inmueble para determinar el estado en que se encontraban los enseres, solicitud que le aceptaron.

Agrega que la fiscal superior, «ordenó a una funcionaria de la Fiscalía que me hiciera el acompañamiento para ingresar y ver en qué condiciones estaba: Las cerraduras estaban todas violentadas; pero había unos precintos de seguridad, unas cintas amarillas que decían «no pase» en todas las puertas, presuntamente para garantizar que nadie iba a entrar y que todas las pertenencias de ellos se iban a mantener allí hasta que finalizara el proceso».

Dio a conocer que una de las inquilinas desalojadas, Hermila Pinto Pérez, «está acusada por el delito de invasión»; mientras que los demás inquilinos están siendo investigados por el Ministerio Público.

Sobre el caso de Hermila, señaló que se encuentra a la espera que fijen la audiencia preliminar. «Ya ejercimos las acciones legales correspondientes, presentamos el escrito de excepciones, indicándole al juez de control que los hechos no revisten carácter penal y solicitamos el sobreseimiento de la causa (…)».

Explicó que ella ejerció unas acciones de amparo constitucional «que los tribunales penales no han querido conocer y se han valido de cualquier cantidad de excusas que no están comprendidas dentro de las causas de inadmisibilidad que establece la Ley orgánica de Amparo, y no han querido tramitar los amparos constitucionales».

Agradecimiento

Las personas desalojadas expresaron su agradecimiento al diputado a la Asamblea Nacional (AN), Rigel Sergent, y al Movimiento de Inquilinos, quienes los han estado acompañando para efectuar las respectivas denuncias y exigir que les respeten sus derechos como inquilinos.

También extendieron su agradecimiento a concejales de Caracas, quienes le han brindado apoyo para tratar de solucionar su problemática; así como a la abogada Ana Marina Rodríguez, a varios de los afectados y a vecinos de otras parroquias del 23 de Enero y San Agustín, quienes se han solidarizado con ellos.

El viernes 7 de febrero, cuando ocurrió el desalojo de 10 familias habitantes de una casa multifamiliar en La Pastora, Caracas, Sergent, quien acompañó a las familias, describió en su cuenta en la red digital Instagram, que estas personas «fueron injustamente e irregularmente desalojadas, luego de que una persona hizo una simulación de hecho punible, al realizar una falsa denuncia de presunta ‘invasión'».

Describía que las familias que residían en La Pastora, una parroquia caraqueña, caracterizada por su amplia historia, «tienen entre 10 y 20 años habitando la casa en condición de arrendamiento, y la persona que hace la falsa denuncia era quien fungía como administradora». Contó que el dueño del inmueble falleció el año pasado.

«Lamentablemente algunos fiscales no están realizando una investigación justa y exhaustiva cuando llegan los presuntos propietarios a realizar este tipo de supuesto delito, que en el peor de los casos la resolución de este tipo de situaciones le corresponde la vista civil y no penal», agregó en esa oportunidad.

En febrero de este año, la Red Metropolitana de Inquilinos introdujo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), un amparo constitucional para frenar los desalojos, partiendo del decreto 8.190 aprobado el 6 de mayo de 2011, vía Ley Habilitante por el Comandante Hugo Chávez, donde quedó establecido que los «desalojos forzosos o la desocupación de viviendas mediante coacción o constreñimiento» están prohibidos. Así lo dio a conocer la integrante de la organización, y abogada, Ana Marina Rodríguez, en esa oportunidad, a Diario VEA.

El lunes 31 de marzo reiteró de nuevo a este portal, la importancia que la magistrada Tania D’Amelio Cardiet dé respuesta a la medida que introdujo la Red Metropolitana de Inquilinos, porque los desalojos siguen ocurriendo.