VEA / Carlos Batatin

Tras concluir sus funciones como diputados  en la Asamblea Nacional durante  el período 2015-2020, y negarse a presentar la Declaración Jurada de Patrimonio,DJP, la Contraloría General de la República anunció la inhabilitación política  del autoproclamado  Juan Guaidó,  Freddy Guevara, Julio Borges, Julio Montoya, Gaby Arellano y Juan Pablo Guanipa y de  otros 21 exparlamentarios más.

La información la ofreció el contralor general de la República, Elvis Amoroso, a través de un comunicado leído por Venezolana de Televisión, detallando que ninguno de los 28 exfuncionarios podrá  ejercer cargos públicos por un máximo de 15 años.

En la lista presentada por el representante del entre contralor,  también figuran los exdiputados   Marco Quiñones, Armando Armas, Mariela Magallanes, Antonio Geara, Carlos Berrizbeitia, Juan Miguel Matheus, Rafael Veloz, Germán Ferrer, Jesús Alexis Paparoni Durán, Carlos Paparoni, Juan Andrés Mejía, Franco Casella, Renzo Prieto, Sergio Vergara, Carlos Valero, Winston Flores Gómez y José Manuel Olivares.

En tal sentido, reiteró que  esa medida sancionatoria es “ por negarse a cumplir con la Declaración Jurada de Patrimonio (DJP) ante el Máximo Órgano de Control Fiscal, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, que establece la competencia exclusiva y excluyente del Contralor General de la República de imponer la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un periodo máximo de 15 años a servidores públicos que cometan irregularidades en el cumplimiento de sus cargos».

Resaltó que «desafortunadamente encontramos un grupo importante de diputados que se niegan a ponerse frente al pueblo y hacer su declaración. Algo tienen que ocultar, sabemos que muchos de esos personajes están seriamente involucrados en hechos de corrupción, se han apoderado del dinero de los venezolanos tanto en Venezuela como en el extranjero».

El también presidente del Consejo Moral Republicano, hizo hincapié que los funcionarios públicos, que “son seleccionados por medio del voto o por las altas autoridades, están obligados a declarar ante la Contraloría y mostrar «con transparencia» su patrimonio, al tiempo que le pidió a la Unión Europea que «no salga a defender a estos señores vinculados en hechos de corrupción».

Adelantó que, su despacho  practicará una fiscalización e iniciará  investigaciones sobre irregularidades contra el patrimonio público por parte de estos exlegisladores. «Ocultan algo o se enriquecieron ilícitamente, eso se lo vamos a decir de acuerdo a la investigación que vamos a continuar realizando en la Contraloría”.

Finalmente, manifestó que “vamos a esperar también que la Unión Europea y otros países, no salgan a defender a estos señores vinculados en hechos de corrupción, sencillamente por un capricho. Aspiramos seguir cumpliendo con la establecido en la ley”.