Ley Orgánica de Agua propiciará grandes inversiones

VEA/ Carlos Batatin

«El Proyecto de Ley Orgánica de Agua propiciará grandes inversiones y para ello debe vincularse a la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la garantía de los derechos humanos».

Así opina el presidente de la Subcomisión de Aguas de la Comisión Permanente de Administración y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional, diputado José Bracho, precisando  que «se requieren grandes inversiones para garantizar el servicio de suministro del vital líquido, cuyo punto neurálgico se encuentra en los sistemas de bombeo hacia las grandes ciudades, situación íntimamente ligada a la generación eléctrica”.

Desde su punto de vista, no se hace nada con tener los niveles de los embalses llenos, «como es el caso en este momento de Caujaríto en los Valles del Tuy, y del Orinoco en Bolívar,  si no se tiene capacidad para bombear el agua».

Aunado a esa situación, resaltó que  la maquinaria del sistema de bombeo sufre una especie de secuestro debido a que son tecnología estadounidense y el bloqueo no permite ni el mantenimiento ni la sustitución de piezas. No obstante, se comenzó a ser las adaptaciones de los repuestos. «Ahora estamos a niveles de sustitución de todo el sistema, porque la mayoría de las plantas terminaron su vida útil, algunas con más de 65 años”.

Al explicar las otras bondades del citado proyecto de ley, José Bracho, especificó  que proveerá vida orgánica a la Superintendencia Nacional de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento,  la cual supervisará el proceso de mantenimiento, sustitución y sinceración del sistema tarifario. Pero será el pueblo organizado en mesas técnicas el verdadero brazo político ejecutor. «Si las comunidades no se apropian de este instrumento, no avanzaremos».

A través de un boletín de prensa, expuso que la Ley Orgánica de Agua garantizará la participación del nuevo sujeto histórico, que son los hombres y las mujeres combatientes. Insistió en que la norma empodera a la gente en el proceso.

Igualmente, argumentó que se debe lograr sincerar el elemento tarifario, «la ley permitirá que los ciudadanos paguen el servicio y se cree la cultura de la cancelación del vital líquido. Un metro cúbico de agua en Venezuela cuesta apenas unos 40 bolívares soberanos, con ese monto no se compra nada”.

En ese sentido destacó que la comisión procura un efectivo y adecuado plan de subsidio para los más necesitados. “No se puede cobrar la misma tarifa a quienes, por ejemplo, utilicen el agua para sistemas de riego”.

Para Bracho no hay duda que en función de garantizar un servicio oportuno y de calidad, como lo establece la propuesta legislativa, el Estado, a través de sus operadoras, debe percibir ingresos. «De lo contrario, difícilmente se va a tener capacidad para invertir en mantenimiento correctivo y preventivo».