¡Miedo! Venezolanos en Arequipa temen que se repita en Perú el fenómeno de Iquitos
El gobierno, por norma, obliga a los extranjeros a regularizar la permanencia y cancelar las multas por el vencimiento del tiempo estipulado como turista. Muchos tienen que pagar más de mil dólares.
Luis Rafael Martínez
(Especial desde Perú)
Arequipa, la segunda ciudad más importante en lo político, económico y social de Perú, también es una de los lugares que más acoge a migrantes venezolanos.
A comienzos del presente año la cifra de venezolanos residenciados en Arequipa pasaba de cien mil, aunque hay un número importante que no tiene ningún registro. Algunos entraron por los «caminos verdes» y otros no han mostrado interés en regularizar sus documentos de permanencia. Esto incrementa la cifra, por lo que podríamos decir que pasa de los ciento cincuenta mil migrantes.
Para conocer el registro exacto, solicitamos información en la Oficina de Migración, ubicada en el Distrito José Luis Bustamante y Rivero; sin embargo el jefe de la oficina, Luis Alberto Ramos Ruidias, dijo no estar autorizado para declarar.
Según su criterio, la información está centralizada en Lima. No obstante, y pese a su negativa, nos apoyamos en instituciones como Acnur, y las ONG Ángeles de Camino, Save the Child, Encuentros y Caritas Arequipa.
Según estas organizaciones, los números han comenzado a sincerarse a partir del cambio de calidad migratoria y la aplicación del Decreto Supremo No. 0010-2020-IN, lo que los obliga a regularizar la permanencia en territorio peruano y cancelar las multas por el vencimiento del tiempo estipulado como turista.
Dependiendo de los casos, el monto a pagar por la multa oscila entre 3.500 y 4.000 soles, un poco más de 1.000 dólares, considerando que cada día sube el precio de la divisa norteamericana con respecto al sol peruano.
En cuanto a la cancelación de la multa, se establece un acuerdo con Migración para poder tener vigente el CPP, o nuevo carnet de permanencia.
Muchos migrantes no pueden pagar porque ha aumentado el desempleo y con ello la economía informal (buhonería). Además, los que trabajan en el día a día son perseguidos por la policía municipal o serenazgo, quienes no permiten actividades comerciales en las calles y avenidas de la Ciudad Blanca.
El fantasma
En las cercanías de la Feria Altiplano, del Distrito Miraflores, muchos venezolanos venden desayunos (arepas, empanadas, cafés, jugos, agua, pescado), pero los operativos policiales no les permiten trabajar. En ocasiones se ven obligados a pagar vacuna o se enfrentan a las autoridades.
David Anel Pérez, quien viajó desde Tinaquillo (Cojedes) con su esposa y tres hijas, vende pescado y manifiesta que los policías y los peruanos que también venden el mismo rubro, le hacen la vida insoportable para que se vaya del lugar, aunque tiene cuatro años en ese sitio.
Muy cerca están Milagros y María Oropeza, llegadas de Apure. Ellas venden arepas.
Cuenta Milagros que antes de las elecciones de junio vendía 35 arepas diarias, ahora «salen 10 a duras penas». No hay venta.
Molly Sánchez, a quien llaman la «gocha» vendía ensalada de frutas y tuvo que migrar para Chile buscando mejoras económicas. Antes de salir señaló que «ya esto no da para más».
Cada quien es una historia
La mayoría de los que «patean» la calle buscando el día a día, quieren regresar al país, por lo que exhortan al presidente Nicolás Maduro para que ordene reanudar los vuelos humanitarios, si es posible desde Arequipa, para ellos retornar a Venezuela.
Como quiera que continúan las marchas «Antimigración» en Iquitos, Chile, muchos venezolanos salen a trabajar la buhonería por las calles de Arequipa, con el temor de que se presente el mismo fenómeno en la Ciudad Blanca.
El enfrentamiento con funcionarios policiales de Serenazgo o el grupo especial Águilas Negras, es reiterado.
En la cola que diariamente se forma en las puertas de Migración para solventar el cambio migratorio o recoger documentos, se escuchan todas las historias de quienes decidieron lanzarse a vivir una aventura o en la búsqueda de mejoras económicas.
Pedro Bustamante, quien labora como ayudante de albañilería, cuenta que se vino caminando desde Ocumare del Tuy, estado Miranda.
-En el camino conseguía gente y logramos formar un grupo grande, pero en Colombia muchas de las mujeres se fueron quedando para trabajar en prostíbulos, refirió.
Por su parte Marcos Moreno, nacido en Villa del Rosario, estado Zulia, es maestro de albañilería y cuenta que en 2019 se cortó una mano manipulando un esmeril. Tras este accidente el propietario de la obra no le pagó ni un sol, mientras que él tuvo que cancelar 10 dólares diarios en el Hospital General Honorio Delgado para poder ser atendido durante un mes .
Agrega: «Aquí te ponen a trabajar y al finalizar la semana te dicen que no tienen con qué pagarte, para que te molestes y no vayas más».
La Administración del presidente Pedro Castillo está siendo atacada por los empresarios, los medios y los partidos de ultraderecha. Por esta razón cada día la situación económica se complica y aumenta el desempleo. Obviamente, la migración venezolana es la más afectada.
