VEA/ Carlos Batatin

El titular del Ministerio Público, Tarek William Saab, informó que su despacho hizo entrega de  un tercer informe ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, “y no podemos dejar pasar  la ocasión para dejar constancia de la falta de transparencia del proceso por parte de esa instancia internacional en la tramitación del examen preliminar en el que nos hallamos”.

Acto seguido, relató que el primero de ellos fue remitido a finales de noviembre de 2020, el segundo  en enero del presente año y este último  el  30 de abril. “Estamos solicitando de la manera más directa y lo más institucional posible que no sigamos nosotros por este lado, en este caso, cooperando de la mejor forma trasladando la información respectiva y cumpliendo con las formalidades debidas, mientras que de parte de la  CPI hasta este momento lo que hemos sentido es simplemente un silencio, un mutis que no establece, no desarrolla la interlocución debida que es ya notoria y conocida en estos casos y que ha ocurrido inclusive con otros países.  

Para el fiscal General, “esto implica que la respuesta facilitada a la Fiscalía, tanto en este nuevo informe como en los dos anteriores, se están remitiendo sin tener conocimiento, más que del primer cuestionario  remitido en octubre del año pasado y de lo que, desafortunadamente, se va filtrando en fuentes abiertas por parte de los autores que han impulsado este procedimiento”.

En ese sentido, puso de manifiesto  que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional,  ha celebrado siempre consultas con diferentes delegaciones de los Estados para evaluar los esfuerzos en rendir cuentas conforme con lo establecido en el Estatuto de Roma. Sin embargo, «esta comunicación solo se  está desarrollando por parte del Estado venezolano hacia la Fiscalía de la CPI y no viceversa. No hemos sido correspondidos en el tratamiento formal, totalmente institucional y de cooperación,  desde el 4 de noviembre,   en que le transmitimos en  una reunión a la propia Fiscalía”.

Ante ese panorama, especificó Tarek William Saab, “es por ello que la República Bolivariana de Venezuela, se ve en la necesidad de solicitar una evaluación a la Fiscalía de la CPI sobre los compromisos concretos ya trasladados por  el país y que se amplían con este nuevo informe”.

Dejó claro, que es importante  de que el Estado venezolano sea informado acerca de la opinión de la Fiscalía de la CPI en cuanto a los compromisos concretos anunciados para saber si las medidas ya adoptadas en el ámbito nacional son suficientes  para la evaluación que realiza en la fase actual, “ya que en caso de que exista alguna  observación particular  sobre un aspecto concreto o alguna debilidad en algunos de los planteamientos expuestos, es necesario y pertinente que se trasladen con cierta premura  las propuestas de mejoras de la Fiscalía de la CPI considere pertinente”.

En la comunicación remitida a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, de acuerdo con el representante del Ministerio Público, “dejamos bien claro dos puntos”.

“En primer lugar, la judicialización, el proceso adelantado en contra de quienes atenten contra los derechos humanos en el país, la debida y pronta actuación en medio de tantas dificultades, entre ellas, las generadas por la propia pandemia.

Como segundo aspecto, se refirió a “la necesidad de nosotros conocer, cómo debe ser, cuáles son las consideraciones que tiene la CPI   a los informes que hemos enviado”.

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