MP denuncia trato parcial e interesado contra Venezuela en la CPI

VEA / Yuleidys Hernández Toledo

El Ministerio Público ejerció dos acciones en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, CPI,  en el marco del Examen Preliminar del caso Venezuela I. En el primero de ellos exige una interlocución bilateral, que le permita, entre otras cosas, acceder al material probatorio de los denunciantes. En el segundo pide que el organismo se pronuncie sobre la inseguridad que inunda la fase de Examen Preliminar y corrija el trato desigual que se da a los diferentes países afectados, que, en el caso de Venezuela está siendo paradigmático.

La información la dio a conocer este jueves 27 de mayo el fiscal General de la República, Tarek William Saab, quien leyó un comunicado emanado del Ministerio Público donde da detalles de las acciones ejercidas ante la CPI el día anterior.

“En primer lugar, hemos presentado una petición de cooperación judicial de acuerdo con lo previsto en el artículo 93.10 del Estatuto de Roma. Este artículo organiza la colaboración entre la Fiscalía de la CPI y los Estados miembros del Estatuto de Roma y permite a estos pedir información a la Fiscalía de la CPI para cumplir con sus deberes”, detalló Saab al leer el comunicado, que también fue publicado en la cudenta Twitter del MP.

En ese contexto, dijo que Venezuela solicitó que se le transmita información sobre el material y las pruebas pertinentes que estén en el examen preliminar, “dado que, hasta la fecha, no se nos ha proporcionado información detallada de cuáles son los hechos investigados”.

“La colaboración institucional debe ser bilateral y recíproca para dar una respuesta adecuada a lo que se nos requiere desde la Fiscalía y por ello, solicitamos que se nos facilite dicha información como elemento indispensable para hacer productiva la complementariedad. No atender esta justa petición es quebrantar la praxis que históricamente ha realizado esta institución, sometiendo a un trato desigual y excepcional a nuestro país, que, por su parte, está dando muestras de la más efectiva colaboración”, agregó.

Recordó que Venezuela ha estado remitiendo documentación de manera sistemática a la CPI, “a pesar de que tan solo conocemos lo que se lee en las comunicaciones públicas de la Fiscalía y lo que, desafortunadamente, se filtra de manera interesada, por los organismos y estados denunciantes”.

En su intervención, Saab destacó que Venezuela ha colaborado con la CPI y está respetando sus obligaciones de derecho internacional. Desde octubre de 2020, el Ministerio Público ha presentado cinco informes en siete meses, “donde hemos dado cuenta de más de 700 procedimientos penales en curso para investigar y castigar si se estimase así, a los funcionarios de nuestro Estado que hayan podido cometer violaciones a los Derechos Humanos”, agregó.

Además, insistió, se ha dado cuenta de nueve reformas destinadas a mejorar la protección de los Derechos Humanos.

Recordó que el 4 de noviembre de 2020 asistió con el defensor del pueblo Alfredo Ruíz a la sede de la Fiscalía de la CPI, donde sostuvieron un encuentro con la fiscal de la Corte Penal Internacional. Rememoró que le entregaron documentos y el compromiso de la cooperación por parte del Ministerio Público con la fiscalía de la CPI para transmitir información debidamente.

Revisar el trato desigual

Saab dio a conocer que en segundo lugar, el Ministerio Público presentó una Solicitud de Control Judicial, en virtud del artículo 46.2 del reglamento de la CPI. Destacó que esta petición ha sido presentada ante la Sala de Cuestiones Preliminares del organismo internacional “para que esta se pronuncie sobre la inseguridad que inunda la fase de Examen Preliminar y corrija el trato desigual que se da a los diferentes países afectados, que, en el caso de Venezuela está siendo paradigmático. Estamos ante una oportunidad única para que se contribuya a asegurar que el trato que se dé a los países objeto de un Examen Preliminar sea justo e igualitario”.

Agregó leyendo el comunicado que: “Nuestra solicitud se fundamenta en un minucioso análisis de todos los casos que la Fiscalía de la CPI ha sometido a Examen Preliminar, que demuestra, sin paliativos, la actuación parcial e interesada que está sufriendo la República Bolivariana de Venezuela. Reclamamos amparo por parte de la Sala para que se nos conceda el mismo trato que se ha dado a países como Colombia, entre otros, que lleva casi 17 años bajo examen y que ha recibido 12 misiones de la Fiscalía”.

Dejó muy claro que Venezuela  “no ha recibido ni una sola visita a pesar de que hemos reiterado en numerosas ocasiones nuestra voluntad de recibir al equipo de la Fiscalía de la CPI. Con el máximo respeto institucional, pero también con la máxima contundencia exigimos que no sean motivaciones políticas las que guíen las decisiones de la Fiscalía de la CPI en este caso”.

Durante su alocución Saab se refirió también al caso de Guinea, que recibió 16 visitas de la Fiscalía de la CPI durante los 11 años de examen preliminar. También dijo que las actuaciones de soldados de Reino Unido en Irak fueron examinadas durante más de 10 años antes de que la Fiscalía decidiera cerrar el caso.

“Venezuela, por su parte, apenas lleva 3 años sometida al examen preliminar y se está presionando a la Fiscalía para que abra investigación. Esto revela un trato desigual y discriminatorio”, denunció.

Recalcó que Venezuela mantiene abierta su invitación a la Fiscalía de la CPI para “comprobar in situ el trabajo que estamos realizando, que se reúnan con nuestro equipo, que tengan acceso, si así lo desean, a los expedientes, que los revisen sus equipos técnicos, sin embargo, no se ha obtenido respuesta por parte de la CPI”.

Instó a la Sala de Cuestiones Preliminares a que aproveche nuestra petición para reforzar el funcionamiento de la Fiscalía de la Corte. “Vean lo que ocurre en Israel contra Palestina. Frente a eso no hay denuncias ante la CPI. Vean ustedes Colombia como ésta lo que hizo Ecuador con los manifestantes durante el año pasado. Y previo a la pandemia lo que ocurrió en Perú 7 presidentes en menos de un mes vulnerando todo derecho humano”.

Debe pronunciarse sobre tres asuntos

Saab indicó que con esta solicitud de control judicial, Venezuela pide a la Sala de Cuestiones Preliminares que se pronuncie sobre tres asuntos esenciales. El primero de ello: “¿Debe la Fiscalía de la CPI contestar al Estado y mantener una interlocución en el Examen Preliminar, estando obligada a establecer un diálogo constructivo con el Estado en el marco del principio de complementariedad, para dar cumplimiento al art. 15 del Estatuto de Roma, máxime cuando está siendo solicitado y ofrecido por éste de forma permanente y desde el principio?”.

 “¿Debe permitirse el acceso al material probatorio al Estado para garantizar el derecho a la defensa, el principio de contradicción y el control de pruebas, en el marco del art. 21.3 del Estatuto de Roma?”, leyó como segunda interrogante.

 “¿Puede la Fiscalía de la CPI basar sus consideraciones en un Examen Preliminar sobre documentación sustraída ilegalmente y aceptar fuentes de información y denuncias que se acrediten como parciales, obrantes bajo mala fe o sin rigor probatorio alguno?”, como tercera pregunta.

“Entendemos que las respuestas deben ser positivas en los dos primeros casos y negativa en el último”, agregó Saab al leer el comunicado.

Denunció que las impresiones imperiales quieren hacer ver a Venezuela como un país violador de derechos humanos.

Reiteró que “debe debe quedar clara la voluntad firme y definitiva que tiene el Ministerio Público de llevar sus investigaciones para el esclarecimiento de los hechos hasta su finalización, de forma independiente y con apego a la legalidad y respeto a los estándares de protección de los derechos humanos”.