VEA / Agencias

La Fiscalía de Colombia pidió este viernes 5 de enero la preclusión o cierre del caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) por supuesto fraude procesal y soborno a testigos, al considerar que las conductas con las que se le vinculó “no tienen la característica de delito”.

La decisión la tomó el fiscal Gabriel Jaimes Durán, quien el año pasado fue designado para llevar el caso de Uribe, también exsenador del partido Centro Democrático, en el poder en Colombia.

“Luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son no se le pueden atribuir como autor o partícipe”, informó la Fiscalía en un comunicado.

En todo caso, la decisión podrá ser controvertidas por el procesado y su defensa, el agente especial de la Procuraduría General de la Nación, y de quienes reclaman su calidad de víctimas con sus apoderados.

Iván Cepeda: Un atropello a la justicia

El senador Iván Cepeda, que en el proceso es víctima, dijo que la decisión se venía venir y que fue previamente ambientada para hacer parecer que fue algo legal.

“Eso es un atropello grosero contra la justicia y contra un proceso en el cual hay un inmenso acervo probatorio no solo desde el punto de vista de la solidez de las pruebas que recaudó la Corte Suprema sino también de lo voluminoso que es el expediente, de 1.550 páginas, que elaboró la Sala de Instrucción para pedir la medida de aseguramiento (prisión) contra Uribe”, dijo.

Añadió que en los próximos días sus abogados apelarán la decisión ante la instancia pertinente ante el Tribunal Superior de Bogotá, que es el que tiene la última palabra.

El proceso comenzó en febrero de 2012 cuando el expresidente demandó por supuesta manipulación de testigos a Cepeda del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), que en ese entonces preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

Esa querella se le convirtió a Uribe en un búmeran cuando el magistrado José Luis Barceló, que fue quien recibió el caso en la Corte Suprema de Justicia, porque no solo lo archivó sino que decidió abrir una investigación a Uribe por supuesta manipulación de testigos.