Petro busca que Grupo Aval repare daños causados a Colombia (+Silencio mediático)
El Grupo dirigido por el hombre más rico de ese país, fue señalado por EE.UU. de prácticas corruptas, por lo que deberá pagar una multa millonaria. Foto Internet
VEA / RT
La acusación de corrupción y multa de 40 millones de dólares impuesta por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) a un conglomerado de empresas colombianas, fue difundida con pinzas por la prensa de ese país, a pesar de los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre este caso que envuelve a la multinacional Odebrecht, con sede en Brasil.
Ante tan poco ruido mediático por un escándalo que salpica a uno de los hombres más ricos de Colombia, Luis Carlos Sarmiento Angulo, el mandatario del país suramericano pidió a la Cancillería que utilice «todos los mecanismos de colaboración jurídica» con EE. UU. y Brasil «para establecer los daños y las reparaciones» que proceden para el Estado colombiano.
Hace una semana, la mencionada agencia del gobierno estadounidense publicó en su página web, que el Grupo Aval Acciones y Valores, S. A. –que cotiza en la Bolsa de Nueva York– y su filial bancaria, la Corporación Financiera Colombiana S. A. (Corficolombiana), habían violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés).
Las peticiones de Petro
Petro ha seguido este caso desde que era senador. En esta oportunidad, desde la Presidencia, asevera que los contratos entre Corficolombiana —la mayor corporación financiera del país— y el Estado colombiano «deben ser revisados«, entre ellos el de estabilidad jurídica, donde habría participado el abogado del Grupo Aval, Néstor Humberto Martínez, quien posteriormente fue fiscal general.
«Le solicito respetuosamente a la Fiscalía reabrir los casos, si es necesario, del proceso de Odebrecht/Aval y hallar los destinatarios de los sobornos», escribió en una interacción.
Asimismo, denunció que «los brasileños que incurrieron en delitos en Colombia gozan de total impunidad y Odebrecht no ha pagado un peso de las multas impuestas» en territorio colombiano.
¿Qué tiene que ver la futura Fiscal General?
El líder del Pacto Histórico ha publicado en las redes sus intervenciones en el Congreso, en 2018, donde desmenuza la participación de Corficolombiana y el Grupo Aval en la obtención de un contrato durante la Administración de Juan Manuel Santos (2010-2018) para desarrollar un proyecto de infraestructura vial, conocido como la Ruta del Sol, que atravesaba los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander, Norte de Santander y Cesar.
En su denuncia, Petro ha señalado directamente al exfiscal general Martínez, quien según unos audios difundidos por la prensa, tuvo conocimiento de los desembolsos irregulares, al igual que varios ministros de Santos.
El mandatario vincula a Martínez con «la red de corrupción» en la Ruta del Sol y asevera que «la relación incestuosa» entre el entonces Fiscal General y el Grupo Aval «impidió un juicio transparente«.
En su opinión, el encubrimiento de este caso se suma a la presión que se ejerce sobre la designación de la nueva Fiscal General.
«Esta impunidad pesa sobre la presión que hoy se ejerce para impedir que la actual Corte Suprema de Justicia designe nuevo Fiscal de la terna enviada por el Presidente, tal como ordena la Constitución Nacional. Se ha intentado hasta impedir al Presidente presentar la terna con este propósito, sin pensar siquiera en la Constitución», denunció.
Petro ha dicho en varias oportunidades que desde el Ministerio Público se adelantan acciones para deponerlo e impedir que haya una nueva titular de esa entidad.
¿De qué se señala al Grupo Aval?
Según la SEC, la filial del Grupo Aval y un socio obtuvieron un contrato con el Ejecutivo colombiano para desarrollar un proyecto de infraestructura vial Ruta del Sol.
El organismo estadounidense señala a Corficolombiana, y a su expresidente, José Elías Melo, de haber sobornado a funcionarios del gobierno para obtener una extensión del contrato, junto a otra empresa. En esta operación se habrían obtenido al menos 28 millones de dólares en desembolsos ilícitos que «se pagaron con el conocimiento, aprobación y asistencia del expresidente de la corporación financiera del Grupo Aval», dice el texto.
Según la orden de la SEC, Corficolombiana provocó las infracciones del Grupo Aval, cuyo dueño es el multimillonario Luis Carlos Sarmiento Angulo, y le proporcionó un beneficio financiero indebido por unos 32 millones de dólares.
En el texto se afirma que ambos involucrados «aceptaron una orden de cese y desistimiento, donde se declaraba que habían violado las disposiciones contables». Además, Corficolombiana aceptó haber vulnerado las disposiciones antisoborno de la FCPA.
Esa empresa financiera subsidiaria del Grupo Aval acordó firmar un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de EE. UU., por el que deberá pagar más de 20 millones de dólares para suspender los cargos penales.
Por su parte, Grupo Aval acordó desembolsar 40 millones de dólares.
¿Qué alegan las compañías?
Las dos entidades señaladas por EE. UU. emitieron un comunicado conjunto donde aseveran que las resoluciones del DOJ y la SEC «se basaron en información recopilada por estas agencias», que incluyen «pruebas testimoniales de terceros» que guardan relación «con acciones realizadas por un exejecutivo de Corficolombiana, conectadas al esquema de sobornos liderado por Odebrecht y vinculado a este proyecto«.
En el escrito institucional se libra de toda responsabilidad al Grupo Aval –el mayor administrador de fondos privados de pensiones en Colombia– y se resalta la cooperación de ambas empresas con la justicia estadounidense.
«Con este anuncio, tanto Corficolombiana como Grupo Aval dan por cerrado este doloroso capítulo, no sin antes insistir en su compromiso con los más altos estándares éticos y el continuo fortalecimiento de su ambiente de control» .
