¡Fuera de Venezuela! Suspendida Oficina de Alto Comisionado de la ONU

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Gobierno bolivariano responde así a exacerbación de ataques contra nuestra nación. Tiene 72 horas para abandonar el país y regresar solo cuando rectifique públicamente. Imagen Internet

VEA / Yonaski Moreno

El Gobierno Bolivariano anunció la decisión de suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Caracas, tras la exacerbación de sus ataques contra Venezuela.

Así lo anunció el canciller de la República, Yván Gil, este jueves 15 de febrero desde la Casa Amarilla Antonio José de Sucre. En declaraciones a la prensa señaló que el personal adscrito a esta oficina deberá abandonar el país las próximas 72 horas «hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas».

Destacó que en los próximos 30 días se realizará una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento suscrita por dicha oficina con el Gobierno Bolivariano.

«Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta oficina técnica de asesoría ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país», expresa el comunicado leído por el canciller.

Venezuela también denunció que la oficina del Alto Comisionado ha mantenido una postura sesgada y parcializada que ha intentado generar impunidad para las personas involucradas en distintos intentos magnicidas, golpes de Estado, conspiraciones y otras acciones desestabilizadoras.

Expuso que con sus acciones, propias de las fórmulas colonialismo judicial, la ACNUDH vulnera la Carta de las Naciones Unidas, y además «incumple flagrantemente las obligaciones contenidas en la Carta de Entendimiento suscrita con Venezuela y en la Resolución 48/141 de la Asamblea General de la ONU, según las cuales el Alto Comisionado tiene el deber de respetar la soberanía, la integridad territorial y la jurisdicción interna de los Estados».

El canciller Yván Gil también hizo un llamado al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, a retomar el respeto por la legalidad internacional.

Momentos antes de hacer lectura del comunicado el titular del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores recordó que el 20 septiembre de 2019, por mandato del presidente Nicolás Maduro Moros, se inició una cooperación especial con la Oficina del Alto Comisionado para DDHH con la instalación de una sede de cooperación técnica en Caracas para mostrar al mundo los avances de los derechos humanos en Venezuela y su estricto cumplimiento.

Desde entonces esta representación obtuvo la mayor colaboración por parte del Gobierno Bolivariano, contando con acceso a las instancias del Poder Público, a los cuerpos de Seguridad del Estado, a la Fiscalía, sin restricciones de ningún tipo «porque en Venezuela no tenemos nada que ocultar».

«Sin embargo, esta oficina recurrentemente ha sido utilizada y ha sido instrumentalizada como una caja de resonancia a nivel internacional para mantener un discurso en contra del Gobierno Bolivariano y en contra del pueblo de Venezuela», precisó.

A continuación el comunicado íntegro:

La República Bolivariana de Venezuela anuncia su decisión de suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela y realizar una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento firmada con dicha oficina en los próximos 30 días, razón por lo cual solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas, hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas.

Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado que, lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país.

Desde la firma de la referida Carta de Entendimiento, la Oficina del Alto Comisionado ha mantenido una postura claramente sesgada y parcializada, procurando constantemente generar impunidad para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de Estado, conspiraciones y otros graves atentados contra la soberanía y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a pesar del daño que este tipo de prácticas criminales pueden generar sobre la paz y la convivencia de una sociedad.

Frente a este impropio actuar las instituciones venezolanas han procedido con paciencia y por la vía del diálogo, procurando una y otra vez reconducir el accionar de la Oficina del Alto Comisionado hacia el respeto a la verdad, la legalidad internacional y las normas que rigen el tratamiento de los asuntos de derechos humanos.

Sin embargo, la Oficina del Alto Comisionado ha exacerbado sus ataques contra Venezuela, justo en el momento en el que el mundo es testigo de la barbarie genocida cometida contra el pueblo palestino, en un contexto de total impunidad favorecido por la inacción de esta burocracia internacional, que sin condenar estos hechos ni solicitar un alto al fuego inmediato se mantiene pávida e inerte ante el asesinato de más de 10.000 niños palestinos.

En cambio esta Oficina del Alto Comisionado resulta muy activa para falsear hechos y precalificar situaciones en relación con Venezuela solo para agredir la soberanía y autodeterminación del país con mentiras, falsificaciones, desinformaciones y manipulaciones.

Con este desempeño, propio de las fórmulas de colonialismo judicial, la Oficina del Alto Comisionado no solo vulnera la Carta de la Organización de las Naciones Unidas sino, además, incumple flagrantemente las obligaciones contenidas en la Carta de Entendimiento suscrita con Venezuela y en la Resolución 48/141 de la Asamblea General de la ONU, según las cuales el Alto Comisionado tiene el deber de “respetar la soberanía, la integridad territorial y la jurisdicción interna de los Estados”.

Venezuela hace un llamado a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a retomar el respeto por la legalidad internacional, al tiempo que reitera su voluntad de seguir cooperando con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, siempre sobre la base del diálogo genuino y en estricto apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, respeto a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos.

 Caracas, 15 de febrero de 2024

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