Solicitan al Ministerio Público Fiscalía especial para evitar desalojos arbitrarios de inquilinos

VEA / Carlos Batatin

Ante los reiterados hechos de perturbación y hostigamiento a que son sometidas las familias que viven alquiladas, el diputado de la Subcomisión Hábitat, Vivienda y Desarrollo Urbano de la Asamblea Nacional, Rigel Sergent, solicita ante el  Ministerio Público la creación de una Fiscalía especial para el derecho a la vivienda y contra los desalojos arbitrarios.

Así lo declaró para Diario VEA, vía telefónica, detallando que tales hechos de carácter violento se han incrementado porcentualmente a partir de la pandemia de Covid-19, «a pesar de que los desalojos están prohibidos a través de un decreto ley firmado por el Comandante Chávez de la Ley Habilitante de 2011 y la Ley de Regulación y Control de Arrendamiento de Vivienda».

Fue enfático al argumentar que tales acciones se han venido registrando pese a la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia N° 0156, de fecha 29 de octubre del 2020, que suspende las ejecuciones de desalojos de inmuebles destinados a vivienda mientras persistan las circunstancias que dieron origen al estado de alarma por Covid-19

Al respecto aseguró Sergent que en estas dos últimas semanas, se han suscitado dos desalojos en Caracas. Uno en una quinta en la avenida Roosevelt con calle El Paseo, de cuyo interior desalojaron en forma arbitraria a cuatro mujeres con cuatro niños.

Sobre este caso «tenemos la presunción que los propietarios del inmueble utilizaron a efectivos adscritos a la Dirección Contra la Delincuencia Organizada de la Policía Nacional Bolivariana, aunque no tienen competencia en esta materia».

El diputado Rigel Sergent, quien  también forma parte del Movimiento de Inquilinos e Inquilinas, dijo que una situación similar ha venido ocurriendo- desde hace algún tiempo- con las familias que habitan en el edificio Cori, ubicado en la avenida Fuerzas Armadas, en la parroquia San José.

Sobre lo anterior detalló que quienes representan la sucesión o herederos del edificio no quieren reconocer a los inquilinos y en forma sistemática han venido sacando a las personas. «Últimamente -como movimiento- hemos hecho acto de presencia. Sin embargo, les han cortado los servicios, el agua y el gas doméstico. Le cambiaron la cerradura a la puerta principal, contrataron seguridad privada y le impusieron un horario para salir o entrar al edificio.

Es decir, «han utilizado el permanentemente hostigamiento para obligarlos a desalojar. También los trataron de vilipendiar acusándolos de invasores, aunque los afectados tiene su respectivo contrato de arrendamiento. La Fiscalía  le dio sobreseimiento por tratarse simulación de hecho punible, perturbación a la posesión, agavillamiento y hacerse justicia por sus propios medios».

Ante la  situación planteada el parlamentario sostiene que lo primero que debe privar,  es una mayor contundencia por parte de la Fiscalía, ante los delitos que se están cometiendo, entre ellos, la perturbación a la ocupación pacífica del  inmueble, simulación de hecho punible y la inviolabilidad del hogar.