¿Te sientes víctima de una estafa inmobiliaria? Diputado Rigel Sergent explica qué hacer

VEA / Yuleidys Hernández Toledo

No solo es la estafa: Son los sueños que se rompen. Las ganas de conformar una familia fueron quedando en el olvido. Esos sentimientos de frustración tocó sentirlos y vivirlos, quizás con impotencia, a varias de las miles de familias que resultaron afectadas por lo que parecen estafas inmobiliarias.

«Hasta ahora hemos registrado varios casos, alrededor de diez, que pueden sumar alrededor de mil, mil 200 familias», informó el coordinador de la Subcomisión de Hábitat, Vivienda y Desarrollo Urbano de la Asamblea Nacional (AN), diputado Rigel Sergent.

En entrevista en la Dirección de Diario VEA, explicó que desde hace meses reciben estas denuncias en la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional. Destalló que son casos principalmente de los estados Lara y Miranda.

Describió que entre los afectados se encuentran alrededor de 200, 300 familias que compraron en 2007 en el Conjunto Habitacional Cumbres del Encantado, ubicado en el estado Miranda. Indicó que este grupo de personas «aún no tienen sus viviendas y hoy día les siguen pidiendo recursos. Les han puesto varios adeudos y les han subido el precio inicial que les dijeron».

Refirió que ese complejo habitacional está bastante adelantado. «De las cuatro torres, tres están en 85 %, pero la última no; y entonces este promotor está colocando en venta la cuarta torre, que está en estructura y todavía no ha entregado a la primera persona que pagó en 2007».

Ante estos hechos, señaló que fue conformada una primera mesa de trabajo que dio como resultado la estructuración de una instancia especial para la defensa y cumplimiento de la Ley Contra las Estafas Inmobiliarias, el penúltimo instrumento legal aprobado en 2012 por el Comandante Eterno Hugo Chávez Frías.

En esta instancia participa la Plenaria de la Comisión Permanente de Administración y Servicios, articulando con el Ministerio del Poder Popular para el Hábitat y Vivienda y las víctimas de la estafa inmobiliaria.

¿Dónde están viviendo las familias afectadas?
-Estamos rescatando el testimonio de las personas, y es una situación social importante. Primero, son personas de la llamada clase media. Personas trabajadoras, tienen mayores posibilidades económicas, pudieron invertir ahí parte de sus ahorros, o tuvieron que vender un bien, por ejemplo, una vivienda. Hay otras que pueden ser personas que eran inquilinas, algunas son nuevas parejas que iban a conformar nuevas familias. Han hecho una inversión importante en estas viviendas, un sacrificio, etc. Y bueno, como todavía no tienen su vivienda, algunas siguen viviendo en sus núcleos familiares con sus pares, algunas han tenido que vivir alquiladas, etc., y hay otras que tuvieron que irse del país».

Contó que cuando se conoció el trabajo que viene realizando la AN y el Ministerio de Vivienda y Hábitat en favor de las familias que resultaron afectadas por las presuntas estafas inmobiliarias, fue contactado por venezolanos y venezolanas que se encuentran en otros países que le dijeron: «Yo compré ahí, no pude conformar la familia, me sentí estafado y me fui del país, y bueno, buscando suerte (…)».

Relató que varias de esas personas manifestaron tener los papeles de la compra, y esperan ver si pueden «lograr recuperar esa posibilidad de la vivienda. Es el drama que la gente ha tenido y al final siente que no tienen la seguridad jurídica de la tenencia (…). Hubo quien dijo, mira, yo tenía planes de conformar una familia y esos planes se acabaron, lamentablemente, y le echan la culpa a esa situación».

¿Cuál es el proceso?
El diputado, y también integrante del Movimiento de Inquilinos e Inquilinas, indicó que lo primero que están haciendo es sistematizar las denuncias, «y luego hacemos esta mesa de trabajo con el Ministerio de Vivienda. No porque la gente diga que es estafa, hay estafa ya».

Explica que la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria plantea que el ente que establece la instancia administrativa, es el Ministerio de Vivienda.

«Entonces, ¿cuál es el proceso? Se establece esa mesa que estamos haciendo con el Ministerio de Vivienda; este ve, evalúa si hay estafa o no, y dependiendo de esa evaluación suceden varias cosas. Por ejemplo, si no hay estafa, el Ministerio puede ser veedor del proceso para tratar de que culmine la obra, y bueno, se sienta con la empresa, los promotores, etc., para tratar de que eso llegue a término, al objetivo, que es que se terminen las viviendas».

Agregó que en caso de haber estafa «el ente administrativo, que es el Ministerio de Vivienda, establece ahí un mecanismo que sería como una junta administrativa. Está conformada por personal del Ministerio y por los adquirientes, es decir, los próximos habitantes de la vivienda. Esa junta se relaciona con el ente promotor y define quién le sigue dando continuidad al proyecto. No significa que lo va a hacer el Ministerio sino que, bueno, se buscan los mecanismos para poder culminar. Un poco así se está realizando».

«Si hay otros aspectos, se puede ir también a un proceso por el Ministerio Público», añadió.

Sobre este último aspecto pormenorizó que «si se hace la denuncia por la Fiscalía no va a proceder, porque no se cumplió con el proceso administrativo, que es la denuncia en el Ministerio de Vivienda. Entonces, siempre en principio hay que tratar de hacer la denuncia por el Ministerio de Vivienda».

Recordó que la AN está activada con todos estos casos, en el piso 7 del edificio José María Vargas, sede administrativa de la Asamblea Nacional, ubicada en la esquina de Pajaritos, Caracas, para recibir a las víctimas de este tipo de delitos. Igualmente recibirán denuncias a través de la plataforma virtual Pueblo Denuncia https://bit.ly/PUEBLOdenuncia.

Detalló que la cartera de la Vivienda tiene en todos los estados una coordinación ministerial y los afectados o las afectadas por estafa inmobiliaria, pueden formular las denuncias ahí.