¡Todo tiene su final! Esto decidió la AN sobre acciones ilegales de Parlamento de Guaidó

VEA / Yuleidys Hernández Toledo

La Asamblea Nacional, AN, aprobó este martes 6 de julio, por unanimidad, el Proyecto de Acuerdo que declara «la inexistencia, ineficacia e invalidez de los pactos, decisiones y actos ejecutados por el Parlamento nacional durante el período de desacato continuado contrario a los intereses de la República», es decir, en el lapso 2016-2021 donde la instancia legislativa estuvo controlada por la derecha venezolana.

El encargado de presentar el acuerdo fue el abogado constitucionalista y parlamentario Hermann Escarrá, quien explicó que esta medida busca, «esencialmente, la recuperación, el camino o el fortalecimiento para la recuperación de lo que se le robó a Venezuela».

Explicó que el acuerdo como es «no tiene el efecto jurídico que quizás algunos deseamos, de que se configure las normas de traición a la Patria», sin embargo es el inicio del camino de la restauración moral, agregó.

Argumentó que la anterior AN falseó sobre la Constitución y creó “la arquitectura fáctica de un Estado Parlamentario”, acción que es contraria a la ley, porque en Venezuela hay un sistema presidencialista. Explicó que el Parlamento que gobernó la derecha desvirtuó su naturaleza al generar actos de gobierno cuando no puede hacerlo, porque su facultad consiste en dictar actos administrativos.

Dijo que esa ficción que creó la AN en desacato le ha generado “problemas muy graves a la defensa jurídica de Venezuela”, en particular al procurador general de la República,  Reinaldo Muñoz, quien tiene que actuar ahora con la competencia y atribuciones de la Ley Antibloqueo.

“Cuando se presenta un arbitraje internacional le oponen un supuesto acto de Gobierno. Cuando va a la jurisdicción internacional, incluso la privada, le presentan como pruebas actos de Gobierno de ese período que trajeron como consecuencia la prácticamente pérdida de Citgo, la prácticamente pérdida a nuestras inversiones en Colombia y muchos países de Europa”, denunció Escarrá.

Destacó que el Acuerdo que se aprobó este martes 6 de julio es muy esperado por el país para avanzar no solo en la defensa económica sino en la recuperación moral de la República.

Explicó que en el período parlamentario pasado (2016-2021) “se originó el concepto del desacato parlamentario que no existía en la doctrina ni en la jurisprudencia venezolana”. Manifestó que la anterior AN incurrió en actos de incumplimientos legales que originaron que la Sala Constitucional le catalogara “como desacato parlamentario con consecuencias delicadas, ya que el desacato al Poder Judicial y en particular a una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, tanto en Sala Electoral como en Sala Constitucional traía inmediatamente el efecto de que todos los actos que produjeran eran nulos, porque al desacatar la Constitución se encontraba al margen del derecho”.

Señaló que los acuerdos parlamentarios son actos sin forma de ley. “El acuerdo no tiene la coercibilidad que caracteriza a una norma, es una expresión, es una declaración. Estos acuerdos fueron convertidos, en el período pasado, en el ámbito internacional, en actos de gobierno. Claro está, estoy hablando de una situación de usurpación”.

Agregó que esos acuerdos parlamentarios que no tienen efectos jurídicos y que “fueron devenidos para defraudar los bienes y dinero público, de la nación venezolana en el exterior, se producen en medio de una especie de fraude a la Constitución”.

Poder dual para justificar agresión

Por su parte, el diputado opositor Timoteo Zambrano recordó que bajo el mandato de Donald Trump ese régimen con la derecha venezolana constituyó un supuesto poder dual para justificar actos criminales que posteriormente fueron desarrollando contra Venezuela.

Señaló que las órdenes ejecutivas de Trump estaban reguladas en torno a un actor legislativo de la extinta AN, por lo que aseguró que las elecciones anularon la política central que tenía EEUU con Venezuela, la cual era el poder dual.

Indicó que en el país no se reconocen los actos legislativos de la anterior AN, en desacato, pues privan las decisiones de la Sala Constitucional del máximo Tribunal del país, “pero eso es interno”, subrayó. ”Eso no tiene efectos internacionales”, manifestó con preocupación.

Explicó que una ruta para resolver este problema, que generó la derecha en el período pasado, está en manos del Procurador, quien tiene “todos esos actos debidamente listados, con los que ha tenido que fajarse en cada instancia de la comunidad internacional para resolver el problema”.

Agregó que hay que anular esos actos que fueron emanados por el Parlamento Nacional 2016-2021.

Por su parte, la diputada Ilenia Medina señaló, “nosotros debemos llevar adelante el acuerdo al Derecho Internacional, informar a parlamentos del mundo y gobiernos que cada acto legislativo de dicha asamblea en desacato no tiene ningún tipo de validez”.

Jorge Rodríguez: “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”

Por último intervino el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, quien leyó el artículo 138 de la Constitución el cual reza: “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”.

En su intervención señaló que desde la anterior AN se ejecutó uno de los más brutales ataques contra la Constitución, la economía y los bienes de la República.

Estos ataques ejecutados por la derecha venezolana en el período 2016-2021 los calificó como acciones de guerra.

Indicó que la AN actual tiene un deber de autocorrección. “Esta Asamblea Nacional debe corregir los actos nefandos que cometieron los bárbaros de Guaidó y sus camarillas de ladrones”.

Luego leyó el artículo 90 del Reglamento de Interior y Debate, del Parlamento Nacional, que reza: “En los casos en que por error o por carencia de alguna formalidad no esencial se hubiese tomado una decisión por la Asamblea Nacional esta una vez constatado el error o carencia, podrá decretar la nulidad de la decisión con el voto de la mayoría de los presentes”.

Agregó, “nosotros vamos a autocorregirnos con la aprobación de este acuerdo”, de este 6 de julio, pues con ello queda claramente establecido que “acatamos las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y que anulamos todos los actos lesivos que la Asamblea Nacional en desacato haya aprobado para el futuro”.

Enfatizó que el acuerdo adquiere viso de ley desde el mismo momento en que la AN lo apruebe, “y nos permite ir a tribunales del mundo entero a decir que los ladrones que se robaron la plata de Venezuela se la robaron incurriendo en graves actos inconstitucionales”.

Ordenó publicar en la página web y la Gaceta de la Asamblea Nacional el proyecto de acuerdo y comunicar a todas las instituciones del Ejecutivo Nacional el documento aprobado de manera unánime, anulando y revocando cada uno de los actos administrativos aprobados por la antigua Asamblea Nacional en desacato.