TSJ: Medidas coercitivas no deben ser ignoradas en materia derechos humanos
La titular del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys María Gutiérrez Alvarado, se reunió reunión con el coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Venezuela Gianluca Rampolla del Tindaro. Foto Prensa TSJ.
VEA / Carlos Batatin
Para la titular del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, el impacto negativo que la injusta imposición de medidas coercitivas unilaterales provenientes de otros Estados contra Venezuela y su población, no debe ser ignorado en las evaluaciones en materia de defensa de derechos humanos en el país.
Su reflexión la expresó durante una reunión que sostuvo con el coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Venezuela, Gianluca Rampolla del Tindaro, con el fin de estrechar lazos institucionales en materia de respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos de mujeres, niñas y adolescentes en el país.
Durante el encuentro también estuvo presente la presidenta de la Comisión Nacional de Justicia de Género del Poder Judicial, magistrada Lourdes Suárez Anderson, quienes argumentaron que Venezuela cuenta con la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tribunales especializados en la materia, al igual que jurisprudencia de avanzada sobre esta temática, “lo que demuestra la atención prioritaria por parte del Estado venezolano sobre este tema de alta sensibilidad para la sociedad”.
Igualmente analizaron el tema del delito de trata de personas como un fenómeno mundial, cuyas principales víctimas son las mujeres, niñas y adolescentes. En tal sentido, la presidenta del TSJ se refirió sobre el trabajo coordinado entre el Poder Judicial y los distintos organismos e instituciones del Estado para combatir este flagelo.
Gianluca Rampolla del Tindaro, reconoció el papel fundamental que tiene el Poder Judicial en la protección de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes. Mostró su disposición para desarrollar un trabajo conjunto y articulado para apoyar al sistema de justicia en la garantía de la integridad de quienes hayan sido víctimas de algún tipo de delito.
