Venezuela en la CPI: Es una investigación viciada, con fines meramente políticos

VEA / Cancillería

El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, presentó este miércoles ante la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, Países Bajos, los alegatos finales en la audiencia de apelación por la investigación políticamente motivada sobre supuestos crímenes de lesa humanidad en la República Bolivariana de Venezuela.

Como país miembro fundador de la CPI, el canciller recordó que Venezuela ratificó el Estatuto de Roma en el año 2000, siendo el primero de América Latina en hacerlo, “lo que demuestra nuestro compromiso con la justicia y la lucha contra la impunidad”.

“No podemos concluir esta audiencia sin referirnos al elefante en la sala, que está aquí a la vista de todos, pero que muchos prefieren evitar discutir”, manifestó Gil, para luego citar las declaraciones del presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien pidió a la Corte revisar las acusaciones contra Venezuela, al tratarse de una maniobra politizada que orquestó el llamado Grupo de Lima, con el auspicio del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El diplomático venezolano reiteró que el Gobierno Bolivariano ha denunciado en múltiples ocasiones las motivaciones políticas del caso planteado por el extinto Grupo de Lima, que “pretendió utilizar la institucionalidad de la Corte Penal Internacional para atacar políticamente a Venezuela, sobre la base de una acusación por crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido. Eran los tiempos de Donald Trump y su estrategia del ‘cambio de régimen’, en la que todas las opciones estaban sobre la mesa”.

Recordó también las más de 930 medidas coercitivas unilaterales dictadas contra la nación suramericana, “que han tenido un efecto devastador sobre su economía y los derechos de su población”, constatado en el terreno por la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los Derechos Humanos, Alena Douhan.

En este sentido, denunció “que no han existido límites en la búsqueda del objetivo planteado contra Venezuela”, destacando que factores internacionales han promovido acciones para atentar contra la institucionalidad democrática del Estado venezolano, “incluyendo reiteradas manifestaciones de violencia callejera, intentos de golpes de Estado y el magnicidio frustrado contra el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros”.

Por tal razón, destacó, el Estado se vio forzado a actuar con las herramientas permitidas por el Derecho Internacional, “para garantizar la vigencia de la Constitución y la democracia en el país (…) En Venezuela logramos evitar que tuviera éxito el plan de llevar al país a una guerra civil”.

El canciller Gil presentó como prueba ante la CPI, el “Marco para la Transición Democrática”, publicado por el Departamento de Estado de EE. UU. en marzo de 2020. “En ese documento, desde EE. UU. se ha ofrecido a esta CPI y su proceso contra Venezuela como ‘moneda de canje’ al gobierno que yo represento. Si Venezuela renuncia al ejercicio de sus derechos soberanos y cito: ‘Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, retiran su apoyo a la remisión ante la Corte Penal Internacional’”, argumentó el Ministro para Relaciones Exteriores.

“Cuando la Fiscalía anunció que estaba estudiando la remisión de los Estados contra Venezuela, podríamos habernos retirado del Estatuto de Roma, como han hecho otros Estados. Esto no ocurrió. La República Bolivariana de Venezuela se mantuvo firme en su compromiso de hacer justicia a través de investigaciones internas y de honrar nuestras obligaciones como Estado parte, fundador de esta augusta Corte”, expresó.

Seguidamente, enumeró las acciones emprendidas por el Estado venezolano para garantizar el respeto de los derechos humanos de la población, además de ratificar su cooperación con la CPI. “Hemos suscrito dos memorandos de entendimiento con la Fiscalía, que nos han conducido a la inminente apertura de una oficina en el terreno para facilitar asistencia técnica a las autoridades venezolanas y seguir fortaleciendo las capacidades nacionales para hacer justicia”, recordó.

“Venezuela no tiene nada qué esconder. Estamos convencidos de que la verdad siempre prevalecerá. Por eso ratificamos ante ustedes nuestro compromiso inquebrantable de seguir ejerciendo la jurisdicción principal en todos y cada uno de los asuntos, reivindicando así las bases que fundan la estructura de la justicia penal internacional”.

Finalmente, en nombre del Gobierno Bolivariano, solicitó a la CPI “un trato justo, equilibrado y objetivo que restablezca la legalidad quebrantada con el inicio de este proceso y la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares objeto de esta audiencia”.