VEA / Yuleidys Hernández Toledo

Venezuela rechazó las falsas acusaciones de la pseudo “misión internacional de determinación de los hechos” que pretenden entorpecer la fluida relación de cooperación establecida con la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Así lo manifestó el canciller Jorge Arreaza, luego de que este miércoles 10 de marzo la presidenta de la “Misión Internacional de Determinación de los Hechos de la ONU”, María Valiñas, en el marco de la 46° sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ratificara las denuncias del informe presentado en 2020 sobre supuestas ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por organismos de Seguridad del Estado; así como supuestas detenciones arbitrarias a opositores y periodistas en el país.

El 28 de septiembre de 2020 Arreaza indicó que el informe que presentó la pseudo misión, el 16 de ese mes y año, fue pagado por los países del Grupo de Lima.

Este miércoles 10 de marzo, Arreaza publicó en su cuenta tuiter un mensaje de la Cancillería venezolana que condena los señalamientos de la mencionada misión, que vierte «señalamientos carentes del más mínimo sustento a partir de matrices mediáticas y sin contacto directo con la realidad del país».

En el texto, el Gobierno nacional denuncia que «esta pseudo misión, establecida a partir de una cuestionada resolución promovida por un reducido grupo de gobiernos con graves situaciones internas de violación de derechos humanos, es muestra palpable del doble rasero y el uso político de los mecanismos internacionales de derechos humanos, con la sola finalidad de seguir atacando a las instituciones venezolanas, como parte de la política de “cambio de régimen” implementada por las autoridades de Estados Unidos de América».

En el comunicado, Venezuela ratifica de manera categórica que «no reconoce ni reconocerá mecanismos paralelos e innecesarios que pretenden entorpecer la fluida relación de cooperación establecida con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en clara violación de los pilares fundamentales del multilateralismo y del funcionamiento del Consejo de Derechos de Humanos».

El Gobierno nacional reiteró su voluntad de seguir cooperando con el Consejo de Derechos Humanos, sus Procedimientos Especiales, y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “siempre sobre la base del estricto apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no injerencia en los asuntos internos, y diálogo constructivo».