Venezuela rechaza decisión de EE. UU. sobre caso de ConocoPhillips aupado por entramado de Guaidó

VEA / Yuleidys Hernández Toledo

El gobierno nacional rechazó la decisión que emitió el lunes 22 de agosto, un juez de una Corte de Washington, Estados Unidos, mediante la que ordenó a Venezuela pagar alrededor de 8,7 billones de dólares a ConocoPhillips, como una compensación por la nacionalización de proyectos de la compañía estadounidense en esta nación.

«La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente la decisión dictada el día de hoy por un juez de la Corte Estatal de Washington, en la que se autoriza a ConocoPhillips a ejecutar un laudo arbitral hasta por USD 8.7 billones en perjuicio del patrimonio de todos los venezolanos y venezolanas», reza el comunicado emitido por la Cancillería venezolana.

Destaca el gobierno nacional que esta decisión ha sido fraguada violando a Venezuela «su derecho a la defensa y en complicidad con extremistas venezolanos, entre los que se encuentran Juan Guaidó y José Ignacio Hernández, quienes usurpando funciones públicas, actuaron en componenda para favorecer a ConocoPhillips en el caso en cuestión».

José Ignacio Hernández fue designado en 2019 por el golpista Juan Guaidó como supuesto procurador. Desde entonces, en complicidad con el golpista y su banda, llevó a cabo una serie de entramados jurídicos para despojar a Venezuela de sus activos en el extranjero, entre ellas la empresa Citgo.

En el comunicado emitido por la Cancillería venezolana, el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro, indica que con la írrita e ilegal decisión de una Corte de Washington, «se pretende consumar un paso de la intrincada trama de corrupción que facilite la entrega de los activos venezolanos a potencias extranjeras, mediante fraudes procesales donde se le impide a los representantes legítimos de Venezuela la defensa integral y efectiva de los intereses patrimoniales de la República Bolivariana de Venezuela y de Pdvsa, mediante la imposición de medidas coercitivas unilaterales».

Ante esta situación, Venezuela exhorta y hace un llamado de alerta «a la comunidad internacional sobre las evidentes maniobras con las que se pretenden justificar el expolio y el fraude contra una nación soberana. Con esta medida Estados Unidos no solo viola el Derecho Internacional, además de poner en evidencia la ausencia de garantías y de justicia para cualquier nación».

Recuento del caso

En agosto de 2018, Petróleos de Venezuela, S. A. (Pdvsa) concluyó una fructífera negociación con la empresa ConocoPhillips, llegando a un acuerdo respecto al pago de indemnizaciones por la nacionalización de los proyectos Hamaca y Petrozuata. Un año antes, Venezuela inició un proceso soberano de nacionalización de los recursos estratégicos, entre ellos los asociados a la industria petrolera; así lo señalaba en esa oportunidad la estatal petrolera en su página web.

En 2014, ConocoPhillips inició un arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional, demandando a Pdvsa por el pago de aproximadamente 20MMM USD, con base en la teoría de que Pdvsa tenía responsabilidad ilimitada por esa acción soberana de la República. Durante el laudo arbitral del pasado 24 de abril de 2018, el panel conciliador rechazó ese argumento de la petrolera norteamericana y determinó que Pdvsa solo debía pagar la cantidad de 1.87 MMUSD, como compensación por la nacionalización de los proyectos Hamaca y Petrozuata, de conformidad con antiguos acuerdos de asociación.

Una vez emitido este laudo arbitral, ambas partes negociaron el acuerdo suscrito en agosto de 2018, en virtud del cual ConocoPhillips deberá suspender o revocar todas las medidas adoptadas para implementar el laudo arbitral. Por su parte, Pdvsa pagará una parte del laudo arbitral en un plazo razonable, y luego tendrá un plazo de 4 a 5 años para pagar el saldo restante en cuotas trimestrales, refería Pdvsa en ese momento.

El 18 de junio de 2020, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, solicitaba que se abriera una investigación contra el director del Banco Mundial, David Malpass, quien actuaba en complicidad con el prófugo de la justicia, José Ignacio Hernández, para quedarse con la filial de Pdvsa (Citgo) y entregarla a la petrolera ConocoPhillips.

En esa oportunidad,  Rodríguez, presentó una conversación de José Ignacio Hernández, quien confiesa que con el director del Banco Mundial, David Malpass, “está logrando una estrategia” para quedarse con Citgo. Rodríguez explicó en esa oportunidad que el objetivo del falso procurador es colar a ConocoPhillips entre los acreedores de la filial venezolana en EE. UU. para “quedarse ellos” con los recursos de la empresa nacional, en detrimento de los bonistas 20-20.

Explicaba en ese momento,  que en febrero de 2019 Guaidó designó a Hernández para usurpar funciones de procurador especial, quien luego de esta ilegal acción dirigió una misiva al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) el 27 de marzo, con la intención de que este organismo desconociera al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, petición que no fue aceptada por la Secretaría General, debido a que no era competente para proceder, sino que se trataba de una cuestión que debía ser dirimida en un tribunal internacional.

“El 30 de mayo, este estafador usurpador (Ignacio Hernández) vuelve a enviar una carta a la Ciadi pidiendo que se desconozca al representante legítimo de Venezuela y que sea él, el que va a representar los intereses de la República”, destacó. A lo que la Ciadi le vuelve a responder: “Acá hay un correo del 5 de junio de este año, donde le dicen: usted no es, y este es un asunto donde no nos compete a nosotros”, citó, refería la Vicepresidencia en su página web en esa oportunidad.

Dijo que el 3 de abril de 2020 el Comité de Anulaciones del Ciadi, del que forma parte Malpass, decidió que en el caso de ConocoPhillips tiene dos representantes: El usurpador Hernández y el legítimo Procurador General de la República Bolivariana de Venezuela, Reinaldo Muñoz Pedroza.

Indicaba el lunes 22 de agosto el portal de investigación La Tabla, que «el juez federal Carl J. Nichols, emitió su decisión el viernes 19 de agosto (se divulgó hoy) luego de que los peticionarios exigieran sentencia en rebeldía, ante la ausencia de la comparecencia o de otro mecanismo de oposición por parte de la República Bolivariana de Venezuela».

Explica La Tabla que la Asamblea Nacional en desacato, que dirigió la derecha venezolana y apuntaló el gobierno interino, designó cómo seudoprocurador especial a José Ignacio Hernández y tras la renuncia de este a Enrique Sánchez Falcón. «Eso sacó la auténtica procuraduría de las instancias de litigio en juridicción de EE. UU. La actuación judicial de los escritorios legales contratados por esa pseudoprocuraduría se ha concentrado en despojar al gobierno constitucional de activos en el extranjero (oro en Banco de Inglaterra) y no en defender a Venezuela. Han facturado más de 40 millones de dólares».

José Ignacio Hernández, el promotor del robo de los activos en Venezuela, junto al golpista Juan Guaidó y su banda, también está involucrado con la empresa Crystallex.

En octubre de 2019, la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, recordó que Hernández fungió como abogado de la empresa canadiense antes que Guaidó se autoproclamara como “presidente interino” de Venezuela. “En el año 2017, siendo experto del caso Crystallex, él (Hernández) forjó una teoría antijurídica llamada el Alter Ego, es decir, del otro yo, que quería decir e igualar a la República y el patrimonio de la República con cualquiera de sus entes”, dijo, y agregó que esto viola abusivamente la Constitución y las leyes de Venezuela, reseñaba en esa oportunidad Diario VEA.