VEA/Yonaski Moreno

Venezuela rechazó las declaraciones “injerencistas y descontextualizadas” emitidas por un grupo de representantes de  los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos ante las averiguaciones judiciales  cursadas a la Organización No Gubernamental “Azul Positivo”  tras detectarse la transferencia de recursos en divisas extranjeras  a individuos bajo una modalidad financiera  no autorizada ni contemplada en las leyes venezolanas.

El comunicado de los representantes pretende manipular a la opinión pública internacional y enturbiar la cooperación del país con el Sistema de las Naciones Unidas, incluida la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, denunció el Gobierno Bolivariano a través de una misiva compartida por el canciller de la República Jorge Arreaza.

Añade que estas declaraciones denotan “un profundo desconocimiento del ordenamiento jurídico venezolano y califica hechos sin conocer sus verdaderas implicaciones”.

Asimismo, expone que las opiniones de estos representantes son contrarias a los principios establecidos en la resolución 46/182 de la Asamblea General del la ONU que destaca el respeto a la soberanía, a la integridad territorial y la necesidad de contar con el consentimiento de los Estados respectivos en el ejercicio de las labores humanitarias.

Venezuela responde así al comunicado publicado este jueves 18 de febrero por un grupo de ocho expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos en el que instan a las autoridades venezolanas a retirar los cargos contra cinco miembros de la ONG Azul Positivo, revisen “las leyes y prácticas restrictivas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de Venezuela en virtud del derecho internacional” y que “respeten y protejan la labor de la sociedad civil”.

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