VEA / Yuleidys Hernández Toledo

El Observatorio Venezolano Antibloqueo actualizó a 930 el número de Medidas Coercitivas Unilaterales dictadas en contra de Venezuela por el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, al incorporar la Licencia General 42, emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el pasado 1° de mayo.

La Licencia 42 otorga a la denominada “IV Asamblea Nacional”, una entidad inexistente cuyo período venció en 2021, la potestad de disponer o acordar procesos relativos a las deudas de la República Bolivariana de Venezuela y de Pdvsa, poniendo en riesgo el patrimonio económico del país, incluida la corporación Citgo Petroleum, sancionada desde 2019, describe el organismo nacido en el marco de la Ley Antibloqueo, en su página web.

Quiero decir a nombre de todo el pueblo de Venezuela, que nosotros rechazamos y repudiamos indignados, el robo de la empresa Citgo por parte del gobierno de Estados Unidos y por parte de la autodenominada Plataforma Unitaria de Venezuela”. Así lo manifestó el 1° de mayo el jefe de Estado, Nicolás Maduro, tras conocerse la decisión imperial.

Durante su participación en la marcha de la clase obrera por el Día Internacional de los Trabajadores, denunció que ese 1° de mayo el gobierno de Estados Unidos entregó la empresa venezolana Citgo Petroleum Corporation, con sede en Estados Unidos, “a una gente de la oposición de la Plataforma Unitaria de Venezuela; sacaron una resolución indigna, una resolución que es un mensaje directo de entreguismo”.

Repudió que un sector de la oposición venezolana, “una directiva de la Asamblea Nacional pasada, que ya en Venezuela no existe”, tenga control de esta empresa valorada en más de 8 mil millones de dólares.

Por su parte, Petróleos de Venezuela S. A. (Pdvsa) rechazó categóricamente y desconoce completamente “la fraudulenta enajenación de la participación accionaria de PDVH en CITGO, a través de un ilegal procedimiento de venta concertada, a merced de los intereses del gobierno norteamericano”. A través de un comunicado, la compañía estatal advirtió que “todo acuerdo de pago o transacción en relación con cualquier deuda, controversia, litigio o decisión judicial relativa a Pdvsa o a cualquier entidad en la que Pdvsa tenga participación accionaria, que sea negociado” en cualquier licencia general o específica emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU., “es nulo e ilegal” bajo las leyes venezolanas y conforme al Derecho Internacional.

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