Congreso de EEUU admite que sanciones causaron crisis económica y migraciones en Venezuela

VEA / Yuleidys Hernández Toledo

El Congreso de Estados Unidos, EEUU, admitió en un informe, publicado recientemente este mes, que las sanciones que aplicó y aplica el régimen gringo contra Venezuela «no lograron desalojar» al jefe de Estado, Nicolás Maduro, de la presidencia, «y contribuyeron a una crisis económica en el país que ha obligado a 7,7 millones de venezolanos a huir».

En el informe, denominado «Venezuela: Panorama general de la política de sanciones de Estados Unidos», que puede ser leído en la web del Congreso yanqui, se reseña que gran parte de las sanciones y Medidas Coercitivas Unilaterales que han aplicado contra la Patria Bolivariana son ilegales. Admite también el documento que «el cumplimiento excesivo de las sanciones limitó alguna ayuda humanitaria a los venezolanos».

El documento también reconoce que «desde 2005, Estados Unidos ha impuesto sanciones a Personas y entidades venezolanas».

Siguen en su confesión que La administración yanqui amplió las sanciones dirigidas individualmente «para incluir medidas financieras más amplias. Sanciones, sanciones sectoriales y sanciones a la gobierno de Nicolás Maduro».

Según la publicación del Congreso, la información que obtuvieron proviene del Departamento del Tesoro, Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento (OFAC).

El documento del Congreso, que fue replicado de manera parcial por el experto en economía y profesor universitario, vinculado a la oposición, Francisco Rodríguez, también hace referencia a la decisión emitida el 18 de octubre de 2023 por el régimen de Joe Biden que contempló el levantamiento temporal de varias sanciones que pesaban sobre Venezuela, incluidas las del sector petrolero, el oro y el gas.

Sobre este punto el informe del Congreso revela que la reanudación del comercio petrolero y el desarrollo del gas venezolano, y que este sea exportado a Europa, permitirá que «los aliados» pudiesen «promover los intereses energéticos y de seguridad de Estados Unidos». Agrega, que «estas licencias también pueden impulsar la economía de Venezuela y reducir la emigración, otro objetivo de la política estadounidense». Señala, «queda por ver si la administración Biden ampliará estas licencias más allá de abril de 2024».

Indica el texto que la sesión en el Congreso «está siguiendo de cerca el grado» en que «el gobierno de Maduro cumple con el Acuerdo de Barbados», en referencia a los convenios suscritos por el Gobierno nacional y la derecha venezolana el 17 de octubre de 2023. Uno es el «Acuerdo parcial por la protección de los intereses vitales de la nación». Con este ratifican la defensa del Esequibo, Citgo y recuperar los activos de Venezuela que se encuentran secuestrados en el extranjero. El otro «Acuerdo parcial sobre la promoción del derecho político y garantías electorales para todos», de cara a las elecciones presidenciales pautadas para el segundo semestre 2024.

No es la primera vez

No es la primera vez que Estados Unidos admite el gran daño que ha causado el bloque contra Venezuela. Un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO en inglés), solicitado por los demócratas y que fue elaborado entre octubre de 2019 y febrero de 2021, llegó a la conclusión de que “las sanciones particularmente a la compañía petrolera estatal en 2019, probablemente, contribuyeron a un declive más pronunciado de la economía venezolana, principalmente a limitar los ingresos de la producción de petróleo”, citaba el 8 de febrero de 2021 el texto difundido por AFP.

Aquel documento agregaba “además Venezuela ahora tiene que transportar su crudo a países más lejanos que EE.UU., lo cual aumenta los precios de transporte. De exactamente la misma manera el gobierno de Maduro está recaudando menos ingresos por exportaciones de petróleo al vender menos petróleo crudo a un precio y de la misma forma producción más alto y a un precio más bajo”.