Detención de Lorenzo Mendoza o embargo de Polar piden víctimas de la empresa (Ver video)

VEA / Ildegar Gil

En el año 2002 Francisco Herrera (50) ingresó a Alimentos Polar. Lo hizo en la planta que la empresa tiene en el estado Aragua. Este martes 11 de julio (casi a mediodía) mostraba fuerte molestia como también ocurría con decenas de compañeros y compañeras suyas.

Tras casi cuatro (4) horas de espera, no habían sido recibidos por representante alguno del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, órgano al que acudieron –como otras veces– para solicitar que desde allí se obligue a la compañía a acatar la sentencia 615 fechada el 11 de noviembre de 2021, emanada de la Sala Constitucional que presidía Lourdes Suárez Anderson, donde se ordena “…al Juzgado Décimo Tercero (13°) de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, proceda a LA EJECUCIÓN INMEDIATA DEL AMPARO CONSTITUCIONAL, esto es, al reenganche y restitución inmediata del trabajador FRANK JOSÉ QUIJADA CARMONA, ya identificado, en su puesto de trabajo, en las mismas condiciones que poseía para el momento del ilegal despido y/o desmejora, así como el consecuente pago de los salarios caídos y demás beneficios dejados de percibir, sin más dilaciones y sin el establecimiento por parte de la accionada CERVECERÍA POLAR, C.A.”. En el texto señalado, ponencia del magistrado, Juan José Mendoza Jover, se lee que el juzgado aludido debía informar “…a esta Sala de su efectivo cumplimiento”.

El propósito de la acción alcanzaba, por igual, a quienes estaban a su lado y a su alrededor entonando consignas y arengas en pro de sus reivindicaciones. Aseguró que también a ellos y ellas les corresponde ese derecho, pues los tribunales laborales razonaron de forma similar en aras de la reincorporación a la faena suspendida hace ocho (8) años, suspensión que, como es de suponer, ha afectado notablemente el sustento familiar que se veía fortalecido desde su cargo como despachador.

Como diría Frank Quijada, presidente del Sindicato de Trabajadores de Empresas Polar, más tarde a Diario Vea: “Es la misma causa. Tenemos sentencia firme en todos los tribunales a nivel nacional”.

Varios muertos en batalla

Explica Quijada que todo se remonta al 21 de abril del año 2016. Ese día “Lorenzo Mendoza echó a la calle a 8 mil madres y padres de familia de manera injustificada, (y lo es) porque no somos un peligro para la empresa y tampoco para la nación”.

La fecha la ubica como el comienzo de una batalla legal. Subraya que la contienda deja ya varios decesos. Y muchos de quienes sobreviven a la misma, precisa “…están enfermos. Otros presentan algún tipo de discapacidad. Hay hijos desnutridos y otros que no han podido continuar vida escolar”.

El trasfondo político de la situación emerge en su análisis. No le resulta casual que la fecha de la decisión contra millares de mujeres y hombres se haya producido poco tiempo después del plazo de seis (6) meses que en enero y públicamente Henry Ramos Allup se dio desde la presidencia de la Asamblea Nacional, para derrocar a Nicolás Maduro. Incluye ambas acciones en otro paquete, nada ajeno para la población: la guerra económica. En voz alta reflexiona: “Si ha estado brava para quienes están trabajando, imagínense para quienes tenemos 8 años sin cobrar”.

Las otras bajas

Admite que hay quienes han “agarrado su dinero porque se han visto en la necesidad y el temor a morirse de hambre”, pero aunque de alguna manera se trata de otras bajas en la batalla indicada, manifiesta que también es cierto que “…quienes agarraron eso ya están sin sustento”.

No oculta su condición revolucionaria. Apela, incluso, al decreto de inamovilidad laboral vigente desde el año 2020. Condena que Mendoza (el mismo de “estamos en guerra”) haya actuado contra la Constitución, la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadoras y Trabajadores y los acuerdos con la Organización Internacional del Trabajo al “echar a la calle hasta los sindicalistas. A los CPTT (Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras). A los delegados de prevención. A mujeres con fuero por estar embarazadas. A aquellos compañeros con esposas embarazadas”. Y remata: “Hay niños con 8 años de edad que nunca han visto a su mamá o papá trabajando”.

Bajo el sol de mediodía, y antes de que el cuerpo de Seguridad del TSJ requiriera los datos personales del equipo de Diario Vea, concluyó que Lorenzo Mendoza tiene sólo una opción: acatar al dictamen de la ley. En caso contrario, argumentó, se debe proceder con su detención o ser centro de embargo de bienes. “Eso puede hacerlo el TSJ”, agregó.

Un par de horas más tarde, a través del espectro telefónico, informó a este portal que una comisión fue recibida por los secretarios de las salas Constitucional y de Casación, donde fue reiterado el compromiso de continuar revisando el caso que, por añadidura, ahora muestra otro nada agradable rostro: la tercerización que aplica la conocida firma, práctica que como es del conocimiento público está prohibida en la República Bolivariana de Venezuela.

Cada caso, una tragedia

Gladys García fue contratada hace 25 años. Ejercía en el área de Producción del núcleo Chacao, estado Miranda, y con el producto de su esfuerzo garantizaba buena parte de la protección familiar. Repentinamente fue engrosada en la lista de las y los despedibles para –de un día a otro- pasar a depender de la nada. El deceso de su madre, Luisa Navarro (76), ha sido la consecuencia más lamentable del crítico cuadro. “No pude brindarle la ayuda que necesitaba porque ya no tenía una póliza de hospitalización, cirugía y maternidad”, expresó.

Los sentimientos de Alfredo Rivas (60) están marcados en lo familiar. Al ser afectado por el patrón y disminuir los ingresos a casa vio partir al exterior a dos (2) de sus tres (3) hijas. Reniega de que a pesar de acumular 30 años de experiencia en la firma, donde cumplía como Operador II de Envasado, haya sido maltratado por la misma.

Desde el estado Sucre llegó María Rojas (54), Ayudante de Producción y Delegada de Prevención. Asegura que está en nómina desde hace tres (3) décadas (31 años específicamente), y además del impacto psíquico que le genera la situación, precisa que es víctima de enfermedades ocupacionales.

Otro de vieja data en la planta es Marcial Cedeño (47). Desde hace un cuarto de siglo labora en la sede del estado Sucre donde, como María Rojas, fue electo Delegado de Prevención. Denuncia que mientras en esa zona oriental se niegan a acatar el reenganche dictado por las autoridades laborales “se contrata personal de forma tercerizada, lo cual está prohibido en la ley”. Afirma que el procedimiento es apoyado por quienes, a su entender, son testaferros de quienes toman decisiones gerenciales en la protestada estructura.