Ildegar Gil

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Mal puedo objetar la apreciación de quien exprese que «el gobierno no tiene porqué estar metiéndose en donde no lo han llamado, porque las elecciones primarias de la oposición no son asunto suyo y además antes de las elecciones mismas decía que eso sería un fracaso, y lo que hacía era burlarse». Visto así, en frío, la reacción de quien eso sostenga es ampliamente comprensible. Solo que… pase al otro párrafo, por favor.

Veamos. Lo sucedido el domingo 22 de octubre, hubiese sido una acción «normalita normalita» dentro de los parámetros propios para seleccionar a un o una candidata que, en este caso, representaría a una opción política que aspira a la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, nación que convocará al sufragio popular que el año próximo decidirá en manos de quién estará el Poder Ejecutivo durante los próximos 72 meses. Lo «normalito normalito», es que en cualquier país democrático del mundo -como el nuestro-, esos trámites fluyan de forma «sencillita sencillita» en aras de que tanto el proceso de la acción planificada como el desenlace de la misma (así sea para elegir a una Junta de Condominio o un Consejo Comunal), no dejen espacio a duda alguna y por lo tanto sean inobjetable. Y, oh oh, acá es donde la reacción de la señora o señor que citamos al inicio, comienza a hacer agua y permite entender «porqué el gobierno se está metiendo» en el asunto.

Es bueno recordar, en primer lugar (así como para ponerle dulcito al cuento), que ese sector opuesto a la Revolución Bolivariana despreció el asesoramiento técnico ofrecido por el Consejo Nacional Electoral. Este asuntito (que no es poca cosa), de por sí llamó la atención ¡al rompe! porque, ¿cómo entender que unos pocos aspirantes, desdeñaran la asistencia de uno de los organismos con mayor autoridad mundial en la materia? ¿De cuál cabeza podría brotar semejante decisión, cuando el CNE y su sistema es demandado cada vez más en otras latitudes, a objeto de que aporte experiencia y/o sea observador en realidades similares a la nuestra?

Ok: pensemos bien, y supongamos que la llamada Comisión Nacional de Primarias sabía lo que hacía (en el más sano sentido de la expresión), y que tal vez por tratarse de una diligencia muy limitada, concluyó que se bastarían por sí mismos para salir del paso. Hasta que, bueno, llegó el esperado domingo 22-O, transcurrieron las horas, se conocieron los resultados y empezaron las inconsistencias a mostrar los dientes. Justo en este punto, es bueno señalarlo, en donde uno empieza a entender la razón de la tan comentada «intromisión» de diversos voceros del reeeegimen y, ojo: mucho ojo, también de otro sector de la oposición que -palabra santa-, ha tenido en el diputado José Brito, al principal vocero de la inconformidad de lo ocurrido el día de los dos (2) patitos: domingo 22.

Pero bien, ayudemos a clarificar lo que no resulta claro para un grupo y, para otro que aunque estándolo, se hace el «güilimei». Si bien es cierto que, en principio, ninguna autoridad debe inmiscuirse en la dinámica o gestión de particularidad alguna en tanto que dicha diligencia cumpla con los cánones establecidos por la ley (para algo debe servir la ley ¿verdad?), también es verdad que sí es un deber hacerlo cuando cualquier trámite coquetea (para no ser tan drástico) con el delito. ¡Y miren, comadre y compadre, que acá las presunciones para sospechar de que delitos hubo, se asoman como arroz picao!

¿Cómo se denomina a la usurpación de identidad?: Delito. ¿Cómo se le dice a la compra, venta o asignación fraudulenta de votos?: Delito. ¿Cuál es la primera palabra que le llega a la mente cuando escucha que ooootra vez hubo quema de cuadernos electorales?: Delito. Si no está de acuerdo con la sentencia dura y fría de delito entonces, antes, póngale el presunto, es decir presuntos delitos con lo cual las autoridades están obligadas ¡más que obligadas! a activar su estructura legal, judicial y -sobre todo- constitucional en aras de determinar y establecer las medidas a que hubiese lugar. No hacerlo sería convertirse en cómplice de situaciones que, por lo visto, fueron echadas a andar muy muy muy al margen de la normalidad. En dos platos: hacer lo que se está haciendo ante esta «atípica» situación, es un deber.

Dejamos «pa’l final» otra cosa no menos importante ¡y vaya que lo es!: una posible validación del «extraño y curioso» acto del 22 de octubre, no solo sería burlarse tanto de la ciudadanía y de la normativa legal sino ignorar -peligrosamente- lo que parece estar detrás de la jugada. «El que es picao ‘e culebra cuando ve mogote salta», expresa un sabio refrán popular, y ¡mire que de picadas golpistas sabemos mucho los y las venezolanas!

Si la señora María C. Machado está inhabilitada, y muy bien ella que lo sabe y conoce las razones, ¿por qué carrizo postuló su nombre a las fulanas primarias? ¿Por qué nunca dijo que en caso de «ganarlas», cedería su puesto al segundo lugar, o al que le diera la mismísima gana? ¿por qué habla de elecciones presidenciales con ella como primer chicharrón de la ultraderecha?

Estas y otras legítimas preguntas -teniendo como motivo a la susodicha-, no pueden hacer menos que ponernos a recordar su revoltoso y sangriento expediente contra la institucionalidad de la Patria. ¿Quién no recuerda el Plan La Salida, protagonizado junto al no menos diabólico, Leopoldo López? ¿acaso alguien olvidó, el día en que aceptó la silla del embajador de otros país en la OEA, para agredir a Venezuela, cosa que le costó la diputación? y -para no ir más lejos-, ¿no se trata de la misma persona que pidió y si por ella es sigue pidiendo, la invasión militar a nuestro territorio sin importarle las consecuencias que eso podría tener en todos y todas nosotras?

La verdad sea dicha.

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