¡Más noticias contra la corrupción! Ubicados 10 mil bienes (Ver video)

VEA / Yuleidys Hernández Toledo

El Estado venezolano creó hace «aproximadamente unas tres o cuatro semanas, el Servicio Especializado para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados, Incautados, Decomisados y Confiscados. Esa institución ya está haciendo su trabajo, y ya tienen más de 10 mil bienes registrados, ubicados». La revelación la hizo este martes 18 de abril el presidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello.

Su señalamiento tuvo lugar durante la consulta pública de Ley de Extinción de Dominio, que discute el Parlamento Nacional, y en donde participan representantes de la Contraloría y del Ministerio Público, comuneros, comuneras, y voceros del poder popular.

Cabello también informó que en la lucha contra la corrupción, han sido incautadas 19 aeronaves, las cuales dijo deben usarse de manera inmediata para atender a la población. «Pudiera haber un paciente en Amazonas que necesita ser trasladado a Caracas y no tiene cómo hacerlo, pero está un avión que lo utilizaban para fiesta. Un avión producto del robo a nuestro pueblo».

En ese contexto solicitó a los presentes que las consideraciones y observaciones que hagan a la norma, sean presentadas para que este instrumento legal sea aprobado en segunda discusión en la Asamblea Nacional (AN) en el menor tiempo posible.

Bienes incautados para la protección

En su exposición, Cabello, quien presentó los cuatro (4) capítulos con los que cuenta la ley, destacó que entre el principal objetivo se encuentra que los bienes incautados por delitos como el de la corrupción se utilicen para el beneficio del pueblo.

La norma presentada y aprobada en primera discusión el 31 de marzo de este año, es «una forma jurídica que permite transferir al Estado la titularidad de los bienes relacionados a las actividades consideradas como delitos en la legislación contra la corrupción, la delincuencia organizada, el financiamiento de exterminio, la legitimación de capitales y tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, aun cuando no se haya dictado sentencia en el proceso penal correspondiente», dijo Cabello. 

Agregó que la norma busca que el Estado venezolano pueda disponer de esos bienes para que puedan ser utilizados para el financiamiento de protección del pueblo. «Y la ley lo propone, financiar el funcionamiento de protección social y la realización de los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas, garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios públicos de calidad, recuperar, mantener y ampliar la infraestructura pública, apoyar la dotación y fortalecimiento operativo de los organismos de seguridad ciudadana».

Inmediatamente resumió los cuatro frentes a los que se le darán uso los bienes incautados: Lo social, los servicios públicos, la infraestructura y la seguridad».

Comentó que si un ciudadano involucrado en estos hechos se va de Venezuela, el juicio penal queda paralizado, «¿y los bienes también están paralizados? Tenemos que corregir eso», alertó.

A través de un ejemplo, explicó que si se encuentra una maquinaria decomisada y la comunidad la necesita, “en el marco de la ley, de acuerdo a solicitud del Ministerio Público (MP), en un procedimiento rápido se dispone que el Estado venezolano puede hacer uso en eso cuatros frentes para darle el mayor provecho a esos bienes”.

Dar con los bienes

En su exposición relató que el instrumento jurídico también va a permitir acabar con un flagelo que consistía en que a las personas involucradas en hechos irregulares se les decomisaba bienes y nadie sabía dónde estaban. «Nadie sabe dónde están esos bienes, se quedaron en el camino, y lo utilizan particulares para su uso personal, como si fuera un botín de guerra. El Estado no es un botín de guerra».

«Los bienes del Estado le pertenecen al pueblo», agregó.

Destacó que quien comete un acto de corrupción, «genera una cadena, titularidad. Quien tenga un bien, se encuentre un bien y no se demuestre el origen lícito de los recursos con los cuales fueron adquiridos, ese bien pasara inmediatamente a manos del Estado», para que sea administrado por el Ejecutivo.

Cabello mencionó que conocen historias de personas que están detenidas cuatro (4) o cinco (5) años en el país por hechos de corrupción, y luego salen en libertad al concluir la pena. Se van del país a Estados Unidos o Europa, donde se declaran perseguidos políticos y terminan siendo protegidos por esos regímenes.

Ante ello indicó que a esa situación hay «que ponerle un freno (…) Quien ocurra en delito de corrupción y narcotráfico, debe saber que se van a enfrentar a la ley», al igual que también se deberán enfrentar a la justicia los cómplices y testaferros de los señalados en estas irregularidades., sus cómplices, sus testaferros.