Presunta pedofilia entre denuncias contra antigua directiva Cruz Roja Venezolana

VEA / Yuleidys Hernández Toledo

Supuestos casos de pedofilia, elecciones amañadas, presuntos hechos de corrupción y acoso laboral, son algunas de las denuncias que recibió el Ministerio Público, MP, contra la Cruz Roja Venezolana, institución que hasta agosto de 2023 y por más de cuatro décadas estuvo dirigida por Mario Villarroel. Los señalamientos pueden ser leídos en la decisión 1057 emanada por el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, el día 4 del mes en curso.

En la demanda «por protección de intereses difusos y colectivos interpuesta conjuntamente con medida cautelar innominada y subsidiariamente amparo cautelar», que introdujo el 2 de agosto el fiscal general de la República, Tarek William Saab, ante el Máximo Tribunal del país se reseña que el Ministerio Público recibió ocho (8) denuncias contra la desplazada directiva de la Cruz Roja Venezolana.

«Fueron recibidas ocho (8) escritos de denuncias en la sede de la Dirección General de Protección de Derechos Humanos del Ministerio Público a mi cargo referidas a presuntas irregularidades atribuidas al presidente y el Comité Directivo Nacional de la Cruz Roja Venezolana, el ciudadano Mario Villarroel Lander, en las que se le acreditan actos de intimidación, amenazas, coacción y acoso laboral en perjuicio del personal que labora en esa asociación humanitaria, bien como personal permanente o voluntariado; ocultamiento de hechos irregulares, supuestas violaciones del derecho al sufragio, así como actos anómalos en cuanto a la administración de los recursos materiales que detenta la Cruz Roja Venezolana, en detrimento de sus trabajadores y de los sectores más vulnerables de la sociedad venezolana a los cuales debe atender, y que vinculan directamente el derecho a la salud de éstos”, reza la sentencia que puede ser leída en la web del TSJ.

El 28 de julio el MP designó a la Fiscalía 34 Nacional de Derechos Humanos «para investigar y sancionar los hechos denunciados recientemente sobre el presunto acoso y maltrato contra voluntarios y trabajadores de la Cruz Roja Venezolana por parte de Mario Villarroel y miembros de su equipo». Así lo informó el fiscal general de la República, Tarek William Saab. A través de su cuenta en la red digital Twitter señaló, en esa oportunidad, que durante la investigación «se preservará la identidad de los voluntarios de dicha organización que presentaron las respectivas denuncias».

A continuación varias de las denuncias contempladas en la sentencia

Pedofilia

«Otro hecho, que sin duda se suma al cúmulo (sic) de denuncias, es el relacionado con un caso de pedofilia presentada en el Oriente del país donde se me pidió, por parte del presidente, no darle visibilidad al tema y dejarlo pasar desapercibido alegando que el director de zona, involucrado en los hechos, estaba en libertad producto de todas las influencias que él maneja», indica en la sentencia el denunciante número 8.

Más adelante la decisión del TSJ reseña parte de lo expuesto en la demanda del fiscal y que dice: el Ministerio Público a mi cargo dio inicio a investigación penal abierta en contra el Comité Directivo Nacional de la Cruz Roja Venezolana, presidido por el ciudadano Mario Villarroel Lander, la cual fue asignada a la Fiscalía Trigésima Cuarta (34) Nacional Especializada en Protección de Derechos Humanos del Ministerio Público, en la causa iniciada bajo la nomenclatura MP-155884-2023, siendo que en fecha 31 de junio de 2023 se realizaron entrevistas a los ciudadanos identificados como ‘PERSONA 1′ y ‘PERSONA 2’ (…) de donde se desprende no sólo declaraciones de interés criminalístico sino también afirmaciones que sirven de sustento a la presente DEMANDA DE PROTECCIÓN DE INTERESES COLECTIVOS Y DIFUSOS”.

El documento hace referencia a la entrevista rendida por la persona 1, quien dice:

«Desde hace 43 años se han llevado elecciones cada dos años de manera irregular ya que tienen derecho a votar únicamente los socios de la seccional del Distrito Capital y la lista de socios es exclusivamente controlada por Mario Villarroel quien al parecer se fue a Estados Unidos junto con su hijo Miguel Villarroel, quien es vicepresidente de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja, y la gerente general Esther Pernía, lo que impide inscripción libre de socios y en consecuencia dificulta unas elecciones libres y trasparentes y como tienen contratadas (sic) las elecciones, obviamente se ha perpetuado en el cargo». 

Añade, «nadie puede reclamar las irregularidades que se están presentando porque entonces él busca la manera de intimidar, humillar y amenazar a los trabajadores y voluntarios, como sucedió conmigo, cuando hace aproximadamente 8 meses me llama a mi teléfono, vía whatsapp, y me indica que el presidente de la seccional de Barcelona, Anzoátegui, salió en libertad, porque era inocente y que debía contactar a los medios de comunicación para defenderlo y que realizaran publicaciones en favor de Arcadio Aguilera. Quiero acotar que Arcadio Aguilera estuvo detenido por un presunto abuso sexual a una niña de 7 años de edad. En virtud de que esa persona estuvo detenida y luego lo dejaron en libertad yo no quise contactar a los medios de comunicación, ya que el caso de Arcadio generó mucho rechazo en la sociedad y no consideraba que la Cruz Roja Venezolana debía hacer ese tipo de gestiones, por lo que me negué y se lo hice saber. Luego pasó un tiempo y noté en la siguiente visita que hizo en Venezuela, cierto distanciamiento y observé cómo comenzaba acosarme a través de unas personas cercanas a él».

Le ofrecieron tiros

Luego de que se opusiera a la desincorporación de un trabajador uno de los denunciantes, que se identifica como director de Comunicaciones, relata que fue objeto de violencia, y hasta le habrían ofrecido «tiros».

«El presidente en reunión convocada de manera presencial con mi persona en fecha 19 de julio del presente año me indica que en mi puesto o lugar de trabajo me colocará tres personas más a los efectos de que me vigilen y controlen y que procediera a entregarle las claves de las distintas redes sociales que manejo como director de Comunicaciones. En el intercambio de palabras con el presidente me ofreció incluso ‘arreglar’ el tema con tiros ya que así suele resolver los problemas cuando algún integrante de la organización se muestra en desacuerdo en relación a decisiones tomadas que pueden calificarse de arbitrarias. Fue un momento de mucha tensión ya que fui objeto de violencia y maltrato por parte del referido individuo», relata, quien queda identificado en la sentencia como el denunciante número 8.

«Importante es destacar que desde ese día del percance y donde el presidente promete arremeter contra mi persona no asisto a la oficina por temor a mi integridad física, e incluso he sido alertado por miembros de la organización de no acercarme ya que puedo ser objeto de agresiones por parte del presidente que si bien actualmente no se encuentra en el país desconozco si pudiera tramar ocasionarme daños ya que junto con esta y otras denuncias de los afectados se estará iniciando el fin de una hegemonía que tiene ya 43 años», sigue.

Elecciones amañadas

El denunciante número 1 asegura, «durante 45 años la familia Villarroel se ha mantenido en el poder, aunque se realizan elecciones cada 4 años estas sólo se hacen por cumplir un requisito estatutario, sin permitir que otros tengan la oportunidad de postularse. Los que asisten a las votaciones son personas compradas y que no forman parte de la organización, sólo una minoría de voluntarios se les permite participar no sin antes recalcarles de manera directa que sólo entrarán, guardarán (sic) silencio y levantarán la mano a favor cuando se les indique. Esta situación se refleja en el resto del país salvo contadas excepciones; en cada una de las seccionales presentes en los diferentes estados ocurre exactamente lo mismo, manteniéndose presidentes en el poder a lo largo de décadas. Los estatutos no han sido modificados desde 1986, manteniéndose con ideas precarias y que no se adaptan a la actualidad».

El testimonio del denunciante número 2 también hace referencia a presuntas elecciones amañadas. Lo realiza bajo estos términos: «El Dr. Mario Villarroel Lander lleva presidiendo el movimiento de la Cruz Roja en Venezuela por más de 40 años, aunque si bien se realizan elecciones cada 2 años según lo establecido en los estatutos estas no han sido actualizados desde hace muchísimo tiempo. No obstante, es también necesario resaltar que el predecesor de la presidencia del Dr. Mario Villarroel Lander fue su padre el cual duró igualmente por un largo período en el cargo. Al momento de llevarse a cabo las elecciones de nuevas juntas directivas los Villarroel, de la mano de su personal de confianza, entre estos la Dra. Esther Pernía, son los que convocan a sus amistades de distintos gremios para que sean los que participen en dichas votaciones, a pesar de que los principales participantes deberían ser los voluntarios de la sociedad nacional, sólo una pequeña minoría de estos son llamados a participar, no sin antes reiterarles que sólo deberán guardar silencio y levantar la mano cuando se les indique. De esta misma forma se ven reflejadas las votaciones en la mayoría de las seccionales y/o Subcomité de la Cruz Roja que se encuentran a lo largo del territorio nacional».

«Desde que ingresé a la institución he visto que las elecciones son realizadas con irregularidades; no existe trasparencia ya que no permiten postulación de planchas ni de otras personas contrarias a círculo de la presidencia; son destituidos de la institución y perseguidos; los socios activos en su mayoría son allegados de los mismos directivos y de la alta gerencia y obligan a algunos empleados a asistir para que sea aprobada la directiva, es decir, se convirtió en una hegemonía política», reza el testimonio número 4.

Acoso laboral y abuso de poder

Acoso laboral y abuso de poder figuran entre las relevaciones del denunciante número 1. En su testimonio relata, «los trabajadores del Hospital Carlos J. Bello sufren constantes agresiones y vejaciones por parte de la gerencia, pero no se atreven a denunciarles por miedo a la pérdida de sus empleos. No se cuenta con un director del hospital de manera constante, ya que dirige desde Margarita».

Agrega además que «los voluntarios en muchas ocasiones son agredidos y minimizados, pero no alzan la voz por miedo a represalias. Los que lo han intentado ya no forman parte de la institución».

El denunciante número 2 también relata abuso de poder e incluso hechos de violencia. «A nivel nacional se han generado denuncias y quejas desde las diferentes seccionales y/o subcomités de forma internas, por abuso de poder y por otras irregularidades de violencia, sin embargo estas han sido archivados o inclusive han llegado al punto de buscar excusas justificadas bajo sus poderes de comité directivo para destituir a los voluntarios que han formulado dichas denuncias».

«Los casos de abuso de poder y de acoso laboral y sexual, y explotación laboral, pasan por debajo de la mesa por no contar con mecanismos internos de denuncia y protección, y aunque desde el 2021 se están haciendo esfuerzos para generar conciencia en la directiva y generar estos mecanismos, este tema no resulta de interés y prioridad», dice por su parte el denunciante número 6.

«El brazo ejecutor de las grandes decisiones que se toman en la organización se ejerce a través de la Sra. Pernía quien constantemente maltrata y acosa tanto al personal de nómina como al voluntariado. El ambiente laboral es totalmente hostil, tenemos muchos compañeros con miedo a manifestar todo lo que está pasando por temor a lo que pueda pasar tanto a ellos como a sus familias. Muchos de nuestros miembros presentan problemas de conciliación de sueño, ansiedad y depresión por el ambiente laboral durante todos estos años», relata el denunciante número 8.

Destacó que parte de los denunciantes es el caso del director desincorporado el cual al día de hoy se encuentra atravesando una fuerte depresión que ha requerido que esté bajo tratamiento con terapeutas especializados».

Carros de uso exclusivo y un cementerio de vehículos

En el testimonio del denunciante identificado como número 1 también se refiere a mal uso de vehículos asignados a la institución. «A lo largo de los años la directiva ha recibido vehículos nuevos por parte de diversos donantes, muchos de los cuales permanecieron guardados sin darles el uso para lo que fueron entregados, que era permitir a los voluntarios llegar a los más vulnerables, ahora permanecen en un estacionamiento olvidados, deteriorados e inservibles. Los vehículos nuevos recibidos los últimos 5 años son asignados a algunos miembros de la directiva y son usados de manera personal sin que representen un beneficio para las actividades internas. En Caracas, por ejemplo, sólo permiten el uso de 2 vehículos chasis largo y un autobús para las actividades, y debo mencionar que 2 autobuses fueron donados por la OPSU para el uso de los estudiantes del Colegio Universitario de Enfermería de la Cruz Roja Venezolana y que nunca tuvieron acceso a ellos. Estos autobuses permanecieron por años guardados y sólo por presión de algunos voluntarios permitieron sacarlos».

Por su parte la o el denunciante número 2, indica que desde la tragedia de Vargas, en 1999, «la Cruz Roja Venezolana ha recibido vehículos nuevos a través de distintos orígenes con el fin de que el personal voluntario tuviese fuerza de movilidad para dar continuidad al mandato humanitario en la totalidad del país, en la actualidad muchos de estos recursos permanecen guardados y deteriorados, y otros de estos sólo son asignados a personal de la directiva que es de entera confianza del presidente de la Cruz Roja para su uso personal, como los son la gerente general Esther Pernía; el jefe de Operaciones, Hernán Bongionanni; el director nacional de Salud, Carlos Ruiz Pinto, entre otros».

«La CRV cuenta con un cementerio de carros que bien podrían funcionar pero que no entregan a seccionales (desconozco las razones) y cuenta con otros vehículos nuevos donados por los componentes y siendo asignados a directivos que en vez de usarlos para visitar las seccionales y brindar apoyo a ellas lo usan mayormente para asuntos personales. Y en este punto quiero destacar que una de las personas que forma parte de la directiva ha destrozado todos los carros que le han sido asignados y la consecuencia de esos destrozos ha sido el premio de la asignación de otro vehículo nuevo (…), relata el sexto denunciante.

«Desde el 2018 más de 10 vehículos han sido donados a la Sociedad Nacional para mejorar la respuesta, y si bien es cierto que algunos han sido entregados a las seccionales que no cuentan con ellos y hacen mucho en las comunidades, hay otros que permanecen en la casa del presidente y que además son asignados en Caracas a personas que hacen mal uso y abuso de estos, dejándonos a quienes necesitamos movilizarnos a comunidades y a las seccionales, para brindar apoyo, con la limitada posibilidad de trasladarnos, teniendo muchas veces que apelar al alquiler de vehículos», agrega.

Proveedores a conveniencia

El testimonio del denunciante número 2 también refiere de irregularidades con la selección de proveedores. «La gerente general Esther Pernía suele manipular los procesos internos en la selección de proveedores para temas internos de actividades de la Cruz Roja como lo puede ser la de alimentos para el personal voluntario que participa en actividades internas y/o externas a sabiendas de que el proveedor de su elección ha generado en muchos de los voluntarios indigestiones y hasta intoxicaciones, claros ejemplos los vividos durante el período de apoyo al Ministerio de Salud en centro de inmunización del Gimnasio Papá Carrillo. Casos como este último también se pueden destacar las remodelaciones que ha ordenado la gerente general a ciertas áreas de la institución, las cuales bajo la potestad de su cargo y muy estrecha cercanía al presidente sólo selecciona a los proveedores de la conveniencia de esta (sic) o inclusive del presidente».

«En el caso de los procesos administrativos la Gerencia cuando se trata de alimentación impide que sean rotados los proveedores, y sólo permite que se le solicite la alimentación a un amigo de la gerencia en particular, siendo esta situación irregular», dice, por su parte, el cuarto denunciante.

Uso inadecuado de fondos

«Desde mi trabajo en la sede central de la Cruz Roja Venezolana he sido testigo del uso inadecuado de fondos para privilegiar y complacer a ciertas posiciones, el pago de salarios fuera de proporción en relación a las responsabilidades en detrimento del resto del personal del mismo nivel; el uso de asignación de vehículos de la institución para asuntos personales supera ampliamente los vehículos destinados al trabajo de campo; en múltiples oportunidades he visto el maltrato de parte de la gerente general hacia el personal y voluntarios en el cumplimiento de sus funciones», reza parte del testimonio del denunciante número 3.

Gritos, maltratos y clasismo

Los denunciantes también contaron cómo han tenido que soportar gritos, amedrentamiento, y cómo hay desconfianza hacia el personal que realiza el trabajo de camareras.

«En muchas oportunidades fui víctima de ataques como gritos, cuestionamiento de decisiones a nivel de recursos humanos delante de los empleados. Durante la pandemia un grupo de trabajadores que nos encontrábamos realizando actividades de transporte, para asegurar al personal que de la Institución, fuimos contagiados por Covid-19 realizando nuestras funciones, bueno la gerente al enterarse se dirigió a la oficina de Recursos Humanos y, de forma altanera y con gritos, nos llamó irresponsables, y prácticamente nos corrió de la institución a lo que le respondí que nosotros nos enfermamos trabajando, y que no éramos ningunos irresponsables, a lo que no le restó importancia desalojándonos de nuestra institución», refiere el denunciante número 4.

«He visto que la alta gerencia ha maltratado de manera verbal al personal de camareras y mantenimiento en diferentes oportunidades, los trabajadores y las trabajadoras se han quejado porque les quieren imponer funciones que no corresponden a sus cargos, al igual que insinuar que el personal de camareras ‘es ladrón’. Hubo personal que llegó a renunciar por no doblegarse ante la alta gerencia ni aceptar sus acosos y maltratos».

Hospital de La Cruz Roja, la caja chica

El denunciante número 5 cuenta que ha permanecido en la institución por el carácter voluntario y el ímpetu de ayudar, pero que una de las situaciones que más dolor da de tantas irregularidades en la institución «tiene que ver con el Hospital de la Cruz Roja, donde la gobernanza la utiliza como su caja chica al igual que al Colegio de Enfermería, el cual en muchas ocasiones ha (sic) sido el sostén monetariamente del resto de la institución en Caracas, impidiéndoles hacer mejoras y renovaciones necesarias mientras que la gobernanza disfruta de beneficios generados utilizando esos recursos en compra de mobiliario y remodelaciones sólo para las áreas de su conveniencia sin importar los arreglos y necesidades de los espacios prioritarios para el óptimo funcionamiento de las áreas de atención, de emergencia y cuartos de hospitalización; y que las personas que deberían encargarse de la dirección y buen funcionamiento del hospital, como lo sería el director del mismo ni siquiera vive en la ciudad de Caracas, y que muy a pesar de su incompetencia para ejercer su cargo se mantenga en el mismo por órdenes de una gobernanza ausente, al igual que las personas que dirigen otras de las áreas como la parte de enfermería, la cual es dirigida por una persona que, sin desmerecer sus años de trayectoria, simplemente no da paso a los cambios y ejerce un poder autoritario y de miedo en el personal a su cargo, muy a pesar de tener conocimiento de dicho comportamiento siendo incluso miembro de la junta directiva. Esto ocasiona que éste trabaje con miedo y termine retirándose de la institución».

«De igual manera el personal que labora en el hospital debe trabajar bajo las condiciones más precarias (cual institución de servicio público) siendo el hospital un sistema de salud pago, con un bajo costo sí, pero pago, tomando en cuenta que varios proyectos han promovido las mejoras en la red hospitalaria a través la donación de equipos e insumos que simplemente es guardado o incluso, con todo el dolor, se pierden únicamente por la mala gestión de la gobernanza, muy a pesar de las advertencias de las áreas técnicas. Parte de esta mala gestión se ve reflejada ante la coacción de la que a veces se propicia hacia los componentes (CICR y la Federación) cada vez que pretenden aportar insumos y/o dinero para implementar acciones en terreno, cambiando los procesos a su antojo, más especifico, con el dinero que se utiliza para la implementación de los proyectos, los cuales tienen unos procesos ya establecidos desde hace 5 años y estas personas lo cambian a su antojo, sin importar las consecuencias que hacen que la implementación se vea afectada», agrega.

Datos irreales

«…Fui sometido a situaciones irregulares y obligado a mantener silencio al respecto, con ‘el fin de no comprometer a la sociedad nacional’, fui testigo de cómo se vulneraban los protocolos de ejecución del proyecto que se llevaba en conjunto con Unicef de atención para niños de 0-5 años y mujeres embarazadas y lactantes, el cual desde el momento de su aceptación ya estaba totalmente comprometida su ejecución. El mismo no pudo ejecutarse de manera efectiva ya que ni la logística ni los tiempos lo permitían, sencillamente los lineamientos no se cumplieron y la información suministrada en los registros y controles fue manipulada, o fabricada», denuncia, por su parte, el testigo número 7.

«Numerosas irregularidades presentadas con los equipos suministrados por Unicef ya que los mismos eran utilizados de manera inadecuada, base suficiente para decir que los datos no son reales pues la medición difícilmente podía ser efectiva. Las autoridades (de la sociedad nacional) encargadas del proyecto jugaban a la desinformación con los responsables locales obligándolos a generar datos en jornadas masivas donde simplemente se le diera salida a la suplementación suministrada para ejecución del proyecto destinada a la recuperación nutricional de la población. Esto es sólo una muestra de las inconsistencias presentadas durante la ejecución de dicho proyecto», añade.