Polar impidió inspección legal a Inpsasel
El fallido intento ocurrió en dos (2) plantas ubicadas en Caracas.
VEA / Ildegar Gil
Fue imposible para el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, Inpsasel, cumplir con dos (2) inspecciones a igual número de plantas de la empresa Alimentos Polar, C. A., en Caracas, debido a órdenes gerenciales de la compañía, dictadas a personal de Seguridad apostado en las áreas de ingreso.
Así se puede constatar en sendos documentos a los que tuvo acceso Diario VEA, firmados por los inspectores Fernando Pimentel y Víctor Rivera, funcionarios del citado organismo dependiente del Ministerio del Poder Popular del Proceso Social del Trabajo. Ambos servidores hicieron acto de presencia tanto en las instalaciones de Cervecería Polar, C. A. y Cervecería Polar, C. A. (Depósito Col Norte) ubicadas -respectivamente-, en la segunda avenida y cuarta transversal del sector Los Cortijos de Lourdes, municipio Sucre, estado Miranda, el 27 de julio del año 2023.
Aunque el hecho ya es de vieja data, no deja de llamar la atención que haya sucedido, dado que -como lo expresan las Actas de Obstrucción, levantadas en el sitio-, ambas misiones estaban revestidas de carácter oficial. Expresan los documentos citados: «..La empresa realiza una violación al artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 12 del Convenio 81, sobre Inspección en el trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, el incumplimiento del artículo 136 de la Lopcymat«, siglas que corresponden a la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
En virtud de la imposibilidad de ejecutar las tareas y teniendo en cuenta -según lo descrito-, las actitudes agresivas que mostraron vigilantes de otra empresa privada contra Pimentel y Rivera, estos precisaron que requerirán apoyo «…de las autoridades competentes (Ministerio Público, Ministerio del Trabajo) o de la fuerza pública (Sic) (Policía y Guardia Nacional)…» para una visita posterior.
En una de las sedes de la conocida empresa, el objetivo era inspeccionar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, en tanto que en la otra era una inspección focalizada. Ambas actas fueron firmadas, además de los funcionarios señalados, los testigos Frank Quijada (reelecto presidente del Sindicato Nacional de Empresas de Alimentos, Refresqueras Cerveceras, Licoreras y Vinícolas -Sintracerliv-), Darwin Carmona, José Bermúdez y Rafael Cariaco.
Origen de un conflicto
En variadas ocasiones, Quijada ha expresado que el propietario de la compañía, Lorenzo Mendoza, debería ser objeto de detención o de embargo de la firma. “Eso puede hacerlo el TSJ”, indicó a este diario el pasado 11 de julio.
Ese día, el dirigente sindical narró -en medio de una protesta ante el TSJ-, que todo se remonta al 21 de abril del año 2016. “Lorenzo Mendoza echó a la calle a 8 mil madres y padres de familia de manera injustificada”.
La corporación, insisten Quijada y delegados regionales de Sintracerliv, se ha negado a acatar el fallo de las autoridades que ordenan la reincorporación trabajadoras y trabajadores.
bueno para mí pensar es que tienen que despedir personal por las bajas ventas que tienen las empresas a nivel nacional si duele quedar sin trabajos por tantas necesidades que sufre el venezolano porque en Venezuela no hay suficiente trabajos y muchas empresas tienen que pagar el sueldo mínimo que no es nada para una familia por pocas ventas que tienen y si lo obligan a qué no voten personal es obligarlos a cerrar la empresa y así va ser peor para lo demás trabajadores porque el dueño tiene mucha plata y se puede ir para otro país y vivir su vida feliz contenta y con su barriga llena y el trabajador queda sin trabajo preocupado y con la barriga vacia
Será, que están Obstinados que los «inspeccionen» para no decir otra cosa !
Y como nadie dice nada de los despidos que ha realizado el estado a través de cva azúcar han despedido a todos los trabajadores de 7 centrales azucareras distribuidos en todo el pais dejando a más de 1000 trabajadores directos de la industria azucarera sin el sustento para su familia más los indirectos como camioneros más los obreros para la zafra más los productores y corteros ya que acabaron con casi toda la infraestructura para producir azúcar. No veo a políticos a el fiscal ni a nadie abogando por los derechos de esos trabajadores que quedaron en la calle.