¡Sin injerencias ni participaciones políticas! Venezuela plantea proceso de discusión con Oficina de Alto Comisionado de DD. HH.

VEA / Yonaski Moreno

Pese al bochornoso comportamiento que mantuvo la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Caracas, el Gobierno Bolivariano ha planteado «un proceso de discusión para llevar la cooperación técnica al nivel que corresponde, sin injerencias ni participaciones políticas».

Así lo refirió el canciller de la República, Yván Gil, este martes 27 de febrero, durante su intervención en la 55ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, en la que subrayó que el gobierno venezolano sigue interesado en mantener una cooperación técnica de alto nivel con esta oficina y trabajar de manera conjunta para garantizar el respeto de todos los derechos de los venezolanos y venezolanas sin exclusión, fundamentalmente aquellos afectados por la imposición de las medidas coercitivas unilaterales.

En su discurso, Gil denunció que el equipo de la ACNUDH en Venezuela se alejó de su mandato de imparcialidad, «llevando a cabo acciones impropias al erigirse en una suerte de bufete particular de grupos golpistas y terroristas». Asimismo, calificó como sorprendente que la Oficina del Alto Comisionado no haya sido capaz de pronunciarse ni una vez ante las denuncias sustentadas del gobierno nacional de intentos de golpe de Estado y magnicidio recientemente frustrados, y «por el contrario, se ha hecho eco de la campaña de sectores radicales que continúan atacando a las instituciones y al gobierno de Venezuela».

Tales acciones, recordó, obligaron al Gobierno Bolivariano a tomar la decisión de suspender sus actividades en el país «hasta que se tomen los correctivos pertinentes».

En un comunicado emitido el 15 de febrero, el Gobierno Bolivariano anunció la decisión de suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Caracas, tras la exacerbación de sus ataques contra Venezuela. En el texto destacó que la medida se mantendrá «hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas». En consecuencia, el personal adscrito a la oficina abandonó el país el sábado 17 de febrero.