¡Tienen el diablo adentro! Senador gringo promueve ley para extender sanciones contra Venezuela y «rematar activos»

VEA / Yuleidys Hernández Toledo

El senador demócrata de Estados Unidos, EEUU, Bob Menéndez anunció un proyecto de ley que busca extender las Medidas Coercitivas Unilaterales, MCU, contra Venezuela. La norma incluye acciones para apoderarse definitivamente de manera ilegítima de activos venezolanos en el exterior.

El Presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado anunció que presentará la Ley de Expansión de Ayuda de Emergencia, Asistencia a la Democracia y Desarrollo (VERDAD) de Venezuela  después del receso de agosto. La norma es una actualización legislativa de la  Ley VERDAD de 2019 que promovía más sanciones contra el país y conminaba a los Departamentos de Estado, Tesorería y Justicia a realizar esfuerzos internacionales para congelar, recuperar y reutilizar los fondos del Gobierno venezolano en el exterior.

“Si bien Estados Unidos apoya una solución diplomática pacífica a la crisis de Venezuela nuestro apoyo a las negociaciones no es una invitación abierta ni un cheque en blanco. Ley de Ampliación de la  VERDAD proporcionará un salvavidas de esperanza para los venezolanos y servirá como una advertencia a los regímenes tiránicos de todo el mundo de que Estados Unidos no permitirá que sus acciones opresivas queden sin control”, dijo el senador abiertamente antichavista al anunciar la ampliación de la norma, cita la web del senado yanqui.

El viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela, William Castillo, denunció la norma en su cuenta en la red digital Twitter: «Senador demócrata de EE.UU. Bob Menéndez anuncia proyecto de ley para extender MCU (sanciones) contra Venezuela, incluyendo acciones para el remate de nuestros activos. La Ley Guaidó de 2019 vence el 31/12/2023 y requieren un instrumento para seguir saqueando a nuestro país…», señaló.

«Le cambian el nombre a la Ley porque ya no existe el Interinato, Mantienen muchas disposiciones y anuncian nuevas agresiones incluido el remate de los activos venezolanos. Miseria y chantaje vulgar. Ya deberían saber los gringos que con Venezuela no funciona el chantaje», agregó en otro mensaje.

Robar los activos nacionales

En el intertítulo «Expansión de respuestas humanitarias» el proyecto legal contempla «un Fondo de Respuesta Humanitaria y Decomiso de Venezuela para reutilizar activos decomisados ​​de casos penales estadounidenses contra ciudadanos venezolanos para financiar respuestas humanitarias».

El instrumento busca además agregar «a Venezuela a la jurisdicción de la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras para garantizar un proceso ordenado de adjudicación de reclamaciones legales de ciudadanos estadounidenses contra el gobierno venezolano».

En otras palabras el texto persigue establecer mecanismos para que el imperio yanqui concrete el robo de los activos venezolanos que mantiene secuestrados en suelo estadounidense en complicidad de la banda de los prófugos de la justicia Leopoldo López y Juan Guaidó. Es el caso de Citgo, filial de Petróleos de Venezuela, saqueada desde 2019.

El 26 de julio de 2023 el presidente de la Asamblea Nacional, AN, Jorge Rodríguez, denunció que Carlos E. Jordá es el nombre del aliado del golpista Juan Guaidó que busca vender de manera ilegal Citgo. Este representante ilegal del derechista envió una comunicación del 20 de julio de 2023 a los trabajadores de esta compañía informando que en tres meses venderán la petrolera venezolana a Delek Holdings, Inc., una empresa de refinación y mercadeo estadounidense israelí.

Más sanciones

El proyecto legal intenta mantener el bloqueo contra el país. En el intertítulo «Defensa de las Sanciones de EEUU» dice que «Autoriza varias Órdenes Ejecutivas 13808, 13835 y 13850 sobre transacciones relacionadas con la deuda venezolana y el sector del oro de Venezuela» y «Codifica Decreto Ejecutivo 13827 sobre monedas digitales en Venezuela».

El régimen imperial aplicó las Órdenes Ejecutivas 13808 del 24 de agosto de 2017; 13827 de 19 de marzo de 2018; 13835 de 21 de mayo de 2018; 13850 de 1 de noviembre de 2018. La primera “persigue las operaciones financieras desde o hacia Venezuela, y prohíbe al sistema financiero internacional participar en cualquier operación de compra, venta, negociación o renegociación de deuda soberana de Venezuela así como cualquier operación relacionada con la deuda de la compañía petrolera nacional, Pdvsa”.

Entretanto, la 13827 está dirigida en contra la criptomoneda Petro, mientras que la 13835 contra las cuentas por cobrar y otras operaciones de Venezuela. La 13850 contra las operaciones de comercialización del oro de Venezuela.

Al estilo del oeste buscan ir contra Maduro

La ley que busca ampliar las agresiones contra Venezuela, al mejor estilo del viejo oeste yanqui, amenaza con la captura ilegal del jefe de Estado Nicolás Maduro ofreciendo recompensa.

«Si no se logra una solución negociada para restaurar la democracia en Venezuela en seis meses a partir de la promulgación de la ley el proyecto de ley» establece tres puntos, dice el texto a modo de chantaje. El primero de ellos «codifica las recompensas del Programa de Recompensas de Narcóticos del Departamento de Estado sobre Nicolás Maduro y otros funcionarios del régimen». En el segundo, afirma que «requiere que el presidente remita a Nicolás Maduro y otros funcionarios del régimen acusados ​​a Interpol para notificaciones rojas».

El 26 de marzo de 2020 el régimen yanqui, a través del entonces fiscal general de Estados Unidos, William Barr, anunció la presentación de cargos criminales por presunto narcotráfico contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y anunció que su gobierno ofrecía 15 millones de dólares por la captura del líder suramericano.

Como tercer punto la medida «impone sanciones a todas las personas previamente designadas por Canadá, la Unión Europea y el Reino Unido, pero no designadas en Estados Unidos».