Venezuela rechaza secuestro de avión Emtrasur en Argentina a petición de EE.UU.
El Gobierno Bolivariano recurrirá a las instancias internacionales que corresponden. Foto Internet
VEA / Yonaski Moreno
Venezuela rechazó categóricamente la decisión de autoridades argentinas entorno al secuestro de la aeronave Emtrasur que permanece retenida en ese país, de manera ilegal, desde el 6 de junio de 2022.
Este sábado 30 de diciembre trascendió que la fiscal federal argentina de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, y el titular de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General de la Nación (DIGCRI), Diego Solernó, afirmaron que es procedente el pedido de decomiso del avión con bandera venezolana realizado por el Tribunal Federal del Distrito de Columbia de Estados Unidos, hecho calificado por el Gobierno Bolivariano como un «nuevo atropello que a todas luces denota parcialidad, discriminación, desconocimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el gobierno de Argentina, conducta inamistosa y carente de la más elemental cortesía internacional».
En un comunicado difundido por el canciller de la República, Yván Gil, Venezuela precisa que de conformidad al derecho internacional que le asiste recurrirá a las instancias internacionales que correspondan. Además, solicitó a la República Argentina «la inmediata devolución de la aeronave que solo puede volar bajo autorización expresa de la República Bolivariana de Venezuela, a la cual pertenece».
El texto explica, «la Comisión de Derecho Internacional y la doctrina reconocen que el Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, proceso de Codificación del Derecho Internacional, es fuente autónoma de la disciplina según lo prevé el Artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional y por tanto no aplica el tratado suscrito entre Estados Unidos de Norteamérica y Argentina».
¿Qué pasó con la aeronave?
El 6 de junio el avión de Emtrasur aterrizó en territorio argentino, donde habría entregado una carga de autopartes. Sin embargo, cuando se dispuso a abandonar el territorio, el mismo 6 de junio, ninguna empresa le proveyó de combustible por temor a las sanciones que podría aplicar EE.UU. La aeronave entonces se dirigió a Uruguay el 8 de junio con la intención de cargar combustible para retornar a Venezuela, pero las autoridades rechazaron la solicitud de aterrizaje en su territorio y el avión tuvo que volver al aeropuerto de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires (este), recordó Sputnik el 3 de agosto.
A finales del mes de junio, el Gobierno de Venezuela le pidió al juez Federico Villena, a través de un abogado de la tripulación, que devolviera la aeronave. El 13 del mencionado mes el juzgado ordenó su secuestro y permanece bajo la custodia argentina, refiere Prensa Presidencial.
A continuación el comunicado íntegro:
La República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica la decisión de la fiscal federal argentina de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, y el titular de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General de la Nación (DIGCRI), Diego Solernó, en torno al secuestro de la aeronave de EMTRASUR, ilegalmente retenida.
Es un hecho público, notorio y comunicacional la violación continuada de compromisos internacionales adquiridos por el Estado argentino con la subscripción de convenios internacionales, principalmente, el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, Carta de Naciones Unidas, Convenio Bilateral entre la República Argentina y la República Bolivariana de Venezuela y otros relativos a la Navegación Aérea Internacional y Derechos Humanos.
Es de relevancia destacar que la Comisión de Derecho Internacional y la doctrina reconocen que el Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, proceso de Codificación del Derecho Internacional, es fuente autónoma de la disciplina según lo prevé el Artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional y por tanto no aplica el tratado suscrito entre Estados Unidos de Norteamérica y Argentina.
La justicia argentina pretende desconocer el contenido del artículo 27 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional que establece la prohibición de paralización o embargo de una aeronave en servicio por cuestiones de patentes, y que luego de probarse en un juicio, lleno de arbitrariedades en incumplimiento del propio ordenamiento jurídico interno, que la tripulación, la aeronave y la carga, cumplieron todas y cada una de las normas internacionales para la navegación aérea y del ordenamiento jurídico argentino, pretendan hoy aplicar un Tratado (bilateral) de Asistencia Jurídica Internacional entre la República Argentina y Estados Unidos de Norteamérica, que no puede ser aplicado a un tercer Estado porque estaría en franca violación a las obligaciones asumidas en convenios multilaterales como los anteriormente mencionados y donde la República Argentina, Estados Unidos de Norteamérica y la República Bolivariana de Venezuela tienen compromisos adquiridos y procedimientos para resolver este tipo de controversias.
Del incumplimiento de compromisos internacionales nace la responsabilidad internacional, como lo afirma la propia Corte Suprema de Argentina. La República Bolivariana de Venezuela, de conformidad al derecho internacional que le asiste, recurrirá a las instancias internacionales que correspondan por este nuevo atropello que a todas luces denota parcialidad, discriminación, desconocimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino, conducta inamistosa y carente de la más elemental cortesía internacional. Por lo que se le solicita a la República Argentina la inmediata devolución de la aeronave que solo puede volar bajo autorización expresa de la República Bolivariana de Venezuela, a la cual pertenece.
Caracas, 30 de diciembre de 2023
