¡Vulgar injerencia! Peculiar «apoyo» de la CIDH a diálogo entre Gobierno y ultraderecha
El ofrecimiento lo hizo la Organización de Estados Americanos, OEA, en un comunicado. Foto Internet
VEA / Yuleidys Hernández Toledo
Sin dejar de lanzar sus dardos contra la Revolución Bolivariana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ofreció su apoyo a la ronda de diálogo que se inició el 13 de agosto entre el Gobierno nacional con sectores de la extrema derecha.
«Se pone a disposición de las partes para acompañar la negociación, así como brindar asistencia técnica para la implementación de los compromisos alcanzados, incorporando un enfoque de derechos humanos», dice el órgano principal y «autónomo» de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en un comunicado publicado este lunes en la página web de la CIDH.
En el texto, el organismo antes de ofrecer su «apoyo» a las rondas de conversaciones, asegura que Venezuela supuestamente «enfrenta una profunda crisis de institucionalidad democrática, que tiene sus raíces en la injerencia del Poder Ejecutivo en los otros poderes públicos y que ha derivado en la ausencia del Estado de Derecho». Agrega que esa supuesta circunstancia ha facilitado la comisión de presuntas «violaciones de derechos humanos».
En el texto la CIDH responsabiliza al Gobierno nacional del «deterioro de las condiciones de vida de la población», y de la migración. En ningún momento el organismo de la OEA menciona el daño que le ha ocasionado el bloqueo que mantiene el régimen de Estados Unidos y sus aliados contra Venezuela.
No podía ser de otra manera si la OEA y su secretario general, Luis Almagro, han sido uno de los principales promotores de la agresión contra la patria bolivariana.
El pasado 15 de agosto, el Gobierno nacional y sectores de la extrema derecha venezolana concluyeron su primera fase del diálogo con la discusión sobre ampliación de la consulta con más actores políticos y sociales.
Dos días antes las partes suscribieron un Memorándum de Entendimiento que incluye siete temas de interés político, electoral y social. Ellos son: Derechos políticos para todos; Garantías electorales para todos. Cronograma electoral para elecciones observables; Levantamiento de las sanciones y restauración de derecho a activos; Respeto al estado constitucional de derecho. Convivencia política y social; Renuncia a la violencia y reparación a las víctimas; Protección de la economía nacional y medidas de protección al pueblo venezolano y Garantías de implementación, seguimiento y verificación de lo acordado.
