Condenado a 18 años de cárcel involucrado en la Masacre de Yumare
Se trata de Ramón Antonio Rojas, quien fue «uno de los coautores de la Masacre de Cantaura y uno de los ex-combatientes del Frente Guerrillero Antonio José de Sucre, que se acogió a la llamada pacificación del primer gobierno Copeyano de Rafael Caldera». Foto Internet.
VEA / Carlos Batatin
El 8 de mayo de 1986, bajo el régimen del expresidente Jaime Lusinchi, del partido Acción Democrática, se llevó a cabo la Masacre de Yumare, en el estado Yaracuy, mediante la cual perdieron la vida nueve dirigentes sociales de izquierda luego de ser detenidos y torturados. Tras 36 años transcurridos, este miércoles 3 de agosto fue sentenciado uno de sus autores materiales.
De acuerdo con la información dada a conocer por el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, en su programa televisivo Con El Mazo Dando, «la justicia tarda, pero llega», resaltando que por haber participado en la Masacre de Yumare, Ramón Antonio Rojas fue sentenciado a 18 años de prisión.
Consideró que la sentencia contra Rojas «es un acto de reparación a las víctimas y a los familiares de ese detestable hecho». También argumentó que fue «uno de los coautores de la Masacre de Cantaura y uno de los excombatientes del Frente Guerrillero Antonio José de Sucre, que se acogió a la llamada pacificación del primer gobierno copeyano de Rafael Caldera, llamada por los revolucionarios de la época ‘la paz de los sepulcros’…».
Afirmó Cabello, que Ramón Antonio Rojas era conocido como el “Chino Dámaso”, quien «junto con los hermanos Norberto y Alirio Rebanales, una vez captados por los cuerpos represivos, se les encomendó la misión de infiltrarse en las fuerzas guerrilleras, desde donde suministraron la información necesaria para que se ejecutara la cobarde Masacre de Cantaura. Operaban bajo las órdenes del igualmente cobarde esbirro Henry López Sisco».
Igualmente detalló que “este personaje, fue uno de los excombatientes del frente guerrillero Antonio José de Sucre, que se acogió a la llamada pacificación, durante el primer gobierno copeyano de Rafael Caldera, llamada por los revolucionarios de la época ‘la paz de los sepulcros’, ya que los que la acataron, si no aceptaban pasarse como enemigos o delatores, eran asesinados”.
Prohibido olvidar
En Yumare se imponía el modelo del fascismo de la Escuela de las Américas, que ejecutaban los cuerpos policiales venezolanos de entonces, específicamente la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), a cargo del excomisario Henry López Sisco.
De acuerdo a reseñas periodísticas, para aquel entonces, en el año 1986, los nueve (9) dirigentes sociales fueron acusados de formar parte de la guerrilla con un escenario creado desde el gobierno, (un falso positivo). Sin embargo, ni un arma los acompañaba, pero sí los libros de Simón Bolívar, la poesía y los periódicos de izquierda. Ellos y ellas soñaban una patria libre.
La Masacre de Yumare fue una operación militar contra civiles, que tuvo lugar en la región de Barlovento, caserío La Vaca del actual municipio Manuel Monge. Allí fueron asesinados por un supuesto vínculo con la guerrilla, Rafael Ramón Quevedo Infante, Ronald José Morao Salgado, Nelson Martín Castellano Díaz, Dilia Antonia Rojas, Luis Rafael Guzmán Green, José Rosendo Silva Medina, Pedro Pablo Jiménez García, Simón José Romero Madriz y Alfredo Caicedo Castillo.
Por tales hechos se acusó al gobierno de Jaime Lusinchi, representado por el ministro de Relaciones Interiores, Octavio Lepage, y al jefe de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), Henry López Sisco, dedicados a amedrentar y erradicar a los grupos de izquierda.
El móvil, según el resultado de las investigaciones, resultó ser un presunto enfrentamiento armado contra los funcionarios policiales en una zona de bosque tupido. No obstante, las evidencias hablaron por sí solas, «porque en el lugar no había casi vegetación y que el terreno estaba muy bien iluminado. Los muertos solo registraron impactos de bala en zonas puntuales del cuerpo, desmontando el supuesto enfrentamiento. Testigos concordaron en que los fallecidos habían sido detenidos, torturados y vestidos con ropa militar para mostrarlos como guerrilleros», reseñó el Correo del Orinoco, en mayo de 2021.
En junio de 2009, el Ministerio Público acusó al comisario jubilado de la Disip, Henry Rafael López Sisco, y pidió iniciar el proceso de su extradición desde Costa Rica, donde se había radicado. Luego de 25 años de la masacre en Yaracuy, ocurrida en 2011, se condenó a 13 años de prisión al general retirado del Ejército, Alexis Sánchez Paz, quien admitió haber participado en la acción militar contra los nueve civiles.
