Rafael Hernández Garcés

TW @garcesh965

Escribo indignado, por no decir la palabra que mejor expresa lo que siento en este momento. Tal parece que alguien, una vez más, ha apuntado contra la dignidad de mi familia, más directamente, sobre la de mi hermana Luz Milagros Hernández Garcés y de los habitantes de la vivienda identificada con el número 9-A del callejón El Alacrán de la ciudad de Cumaná, que es donde desde hace más de 15 años habita mi hermana. Primero, con nuestra madre, quien allí pasó sus últimos días, hasta que cambió de plano; luego, con mis sobrinos, que allí se convirtieron en adolescentes y luego en adultos; y desde hace 4 años, con su hija Kamila, quien ha crecido desde que vio la luz, en ese inmueble.

Es el caso que una comunicación, dirigida desde el Ministerio Público, la acusa a ella del delito de «invasora». Es obvio que la dueña de este inmueble ha debido solicitar una actuación de ese ente, pero es bueno saber algunas cosas y colocarlas en la esfera de lo público. Pero primero debo decirle, aunque usted no lo crea, estimado lector, que es una grosería mayúscula, no solo contra la dignidad de mi hermana y de mi familia, sino sobre la propia justicia o sobre el derecho, como ciencia con una base ética que debe guiar en todo momento a sus actos, esta acusación, que raya en difamación.

Desde hace varios años, la propietaria de ese inmueble y mi hermana, han resuelto, en la jurisdicción civil, que es la que siempre ha tratado ese caso porque es a ese ámbito jurídico al cual pertenece y no a otro, la situación que en algún momento (sepan que no es la primera acción) generó una actuación de su propietaria. La documentación lo comprueba efectivamente y por supuesto, no faltaba más, la dueña de la casa tiene pleno (de plenitud) conocimiento y conciencia de eso.

Sin embargo, y como por arte de «magia», ahora, luego de más de 15 años de estar mi hermana y el grupo familiar que con ella convive alli, de hacer vida pública y notoria, de ser reconocida en la comunidad como una vecina legítima; de haber parido y criado a su hija de 4 años en esa casa, a la señora propietaria y a sus asesores legales, se les antoja la nada agraciada idea de convertir a mi hermana y a quienes allí viven, en delincuentes, con una acción penal incluida. Vergüenza debería darles.

Mi hermana Luz es vocera del Consejo Comunal de ese sector, electa, por supuesto, con los votos de la comunidad. Es, además, vocera ante la Comuna del Centro Histórico. También electa, obviamente, por la comunidad. Hasta hace poco fue jefa de la UBCh «Rafael Castro Machado», de la zona alta de San Francisco, adonde llegó de igual forma, por los votos de la comunidad. Pareciera que eso, que no pretendo usar sino como evidencia de la legitimidad de la que goza mi hermana, no es suficiente para demostrar que si algo no tiene en su haber, es el título de invasora.

También vive allí, en esa casa, Gioconda Méndez, madre y abuela de cinco de mis sobrinos y sobrinos-nietos. Gioconda es vocera estadal del Frente de Mujeres Cocineras de la Patria «Fernanda Bolaños». Pero, además de eso, es la lideresa de comunidad del CLAP. ¿Sobre qué base se erigen esas vocerías y liderazgos de estas dos mujeres, sino es sobre la del reconocimiento pleno de la comunidad en la que hacen vida? ¿No son suficientes esos elementos, o hará falta otros?

En esa casa vive, para continuar, mi hermano Fausto Hernández Garcés, militante de más de 45 años en la política y conocido hombre del compromiso y la lucha, quien goza de la estima de la comunidad, al igual que las dos personas anteriormente citadas. Pero además de eso, viven en esa casa tres menores de edad (menores de 12 años, los tres). Todos nacidos allí, a quienes ahora se les pretende, desde la mentira y la calumnia, convertir también en «invasores». ¡El colmo de los colmos!

La vivienda en la que vive este grupo familiar está, para sumar otro elemento, en unas condiciones de habitabilidad, gracias a ese grupo familiar, en las que nunca estuvo antes; es decir, mientras estuvo deshabitada, como lo estaba cuando ellos llegaron allí. Eso lo sabe la comunidad, de igual manera.

Es una aberración sin nombre la que se pretende ahora con mi hermana Luz Hernández y este grupo familiar. Es un irrespeto de marca mayor, un despropósito que debe ser corregido para evitar que se convierta en un triste antecedente en el futuro de un país y de una sociedad que afortunadamente hoy tiene un importante número de leyes y de marcos jurídicos, que protegen al débil y al inocente, como de seguro se demostrará una vez más en este tan lamentable ejemplo de lo que no debe ser jamás una sociedad. ¡¡Así será!!

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