Exigen liberación de tripulantes de Emtrasur ante Cámara de Apelaciones de La Plata

En la audiencia realizada este 8 de septiembre, la defensa resaltó que ninguna de las pruebas producidas vincula a los defendidos y no existen riesgos procesales. Foto Internet.

VEA / Yonaski Moreno

La defensa de los 19 tripulantes del Boeing 747 de Emtrasur retenido ilegalmente en Argentina, demandó la liberación inmediata de los 11 venezolanos y cinco (5) iraníes, en virtud de la incapacidad de la justicia argentina para imputarles delito alguno.

La petición fue realizada durante una audiencia celebrada este jueves 8 de septiembre, ante la III Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, donde Mariana Barbitta, defensora de la tripulación venezolana, demostró que el accionar que ha tenido el Poder Judicial del país austral responde únicamente a presiones políticas y mediáticas, avasallando las disposiciones legales vigentes en materias cautelares, y los principios constitucionales que rigen el debido proceso en un Estado de derecho.

“El hecho de que ninguna de las más de 180 pruebas producidas vincule a sus defendidos con la comisión de un delito, la inexistencia de riesgos procesales y la constante sujeción a derecho que ha tenido la tripulación desde el primer día, son algunos de los principales argumentos de la defensora”, refiere un comunicado de prensa reseñado por el medio argentino El Cronista, y compartido a través de Twitter por la periodista de Telesur, Madelein García.

Al final de la audiencia, las tres (3) autoridades judiciales que conforman la Sala III escucharon a dos (2) de los tripulantes venezolanos: Vicente Raga Tenias (uno de los pilotos) y Víctor Pérez Gómez (gerente de Emtrasur). Ambos expusieron ante los jueces las consecuencias que padecen a raíz de la causa penal creada arbitrariamente, así como la urgente necesidad de regresar a su país.

Los cinco (5) tripulantes de nacionalidad iraní, fueron representados por los abogados Roberto Rallín y Francisco Oneto.

En su intervención, Rallín “reseñó la prueba producida en el expediente, la cual demostraba que la actividad de los tripulantes era totalmente normal, destacando que luego de tres meses de instrucción, con más de 150 medidas de prueba producidas y más de 30 cuerpos de expediente, la justicia ni siquiera había podido individualizar las razones por las que se los estaba investigando, ni lograr individualizar elementos de prueba que sustenten las medidas restrictivas dictadas”.

En tanto, el abogado Francisco Oneto “planteó que lo que se pretendía aplicar en el caso, era una medida precautelar, que no existe en el Derecho Penal,  y que al contrario de que lo que manifestó el juez Villena, quien señaló que faltaba producir pruebas para descartar la culpabilidad de los imputados, logró demostrar que la prueba no se produce para descartar culpabilidad, sino para acreditarla, manifestando que, en definitiva, el juez incurrió en un razonamiento circular e inconstitucional, con el único objetivo de ‘tapar’ los vicios de razonamiento”.

¿Qué pasó con la aeronave?

El 6 de junio, el avión de Emtrasur aterrizó en territorio argentino, donde habría entregado una carga de autopartes. Sin embargo, cuando se dispuso a abandonar el territorio el mismo 6 de junio, ninguna empresa le proveyó de combustible por temor a las sanciones a las que podría recurrir EE. UU. La aeronave entonces se dirigió a Uruguay el 8 de junio con la intención de cargar combustible para retornar a Venezuela, pero las autoridades rechazaron la solicitud de aterrizaje en su territorio y el vuelo tuvo que volver al aeropuerto de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires (este), recordó Sputnik el 3 de agosto.

Emtrasur, una filial de la venezolana Conviasa, adquirió la aeronave fabricada en EE. UU. en una transacción con la compañía iraní Mahan Air, empresa que según las autoridades estadounidenses estaría vinculada con los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán-Fuerza Qods, que es catalogada como organización terrorista por el Departamento de Estado, recuerda, por su parte, Russia Today.

Desde finales del mes de junio, el gobierno de Venezuela le pidió al juez Federico Villena, a través de un abogado de la tripulación, que devolviera la aeronave. Desde el 13 del mencionado mes el juzgado ordenó su secuestro y permanece bajo la custodia de la justicia argentina, refiere Prensa Presidencial.

Asimismo, ante el juzgado de Federico Villena fue presentado un escrito que expone el reclamo de Emtrasur: La devolución de la aeronave que está bajo custodia judicial y que pertenece a la subsidiaria de Conviasa, la línea aérea estatal de Venezuela, agrega la mencionada web.

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