¡Lenín Moreno enredado! Fiscalía anuncia proceso por presunta corrupción
La investigación también abarca a algunos de sus familiares. Foto Internet
VEA / Yuleidys Hernández Toledo
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Ecuador informó el miércoles 22 de febrero que procesará al expresidente de ese país Lenín Moreno por su vinculación con el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, desarrollado por la empresa china, caso que se conoció en la prensa como InaPapers y que el Ministerio Público denominó ahora como «Sinohydro».
La fiscal general Diana Salazar informó que solicitó fecha y hora a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para llevar a cabo la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de cohecho en contra de 37 personas incluyendo al exmandatario, a su esposa, Rocío González, y a su hija Ina Moreno. La investigación también implica a los hermanos del exmandatario Edwin y Guillermo; a sus cuñadas Jaquelina V. y Martha G.; a sus amigos Conto Patiño y Xavier Macías, así como a Cai Rungo, exembajador chino en Ecuador, quien además se desempeñaba como gerente de Sinohydro.
La supuesta estructura de corrupción se inició en 2009 y se extendió hasta 2018, tiempo en el que Moreno se desempeñó como vicepresidente de Ecuador (2007-2013), recordó Salazar.
«El monto del presunto cohecho sería de unos 76 millones de dólares que correspondería aproximadamente a 4 % del valor contratado por la obra, que inicialmente fue de casi 1.979 millones de dólares, aunque en la práctica su costo rebasó los 2.245 millones», detalló la fiscal.
De acuerdo con la Fiscalía «decenas de millones en coimas habrían sido entregadas por Sinohydro y canalizadas a través de terceras personas, utilizando una falsa imagen de servicios, de consultoría y representación, y canceladas por medio de dádivas, cheques y transferencias».
Indicó la Fiscal General que hasta la fecha se han realizado «89 impulsos fiscales, 80 versiones, 465 requerimientos de información, 13 pericias, 13 audiencias privadas, cinco allanamientos y 10 asistencias penales solicitadas a países como Panamá, Belice, Suiza, China, EE. UU. y España, documentos que han seguido llegando a la institución hasta esta semana».
El expresidente Moreno publicó una carta pública para rechazar el proceso en su contra y el de varios de sus familiares por el presunto delito de cohecho. Dijo que le «sorprende» que el anuncio de la Fiscalía se haga «mientras el Ecuador atraviesa momentos complejos» y cuando «el correísmo se ha declarado como ganador y como la mayor fuerza política del país».
Contexto del caso
En abril de 2019, la organización internacional WikiLeaks, fundada por el periodista Julian Assange, denunció que la detención del nacido en Australia, y que se realizó ese mes y año por parte de la Policía británica en la Embajada de Ecuador, fue una represalia por haber dado a conocer una trama de corrupción que presuntamente involucra a Moreno y a buena parte de su familia: Los INA Papers. Días antes el gobierno del ahora expresidente retiró el asilo diplomático al perseguido por Estados Unidos (EE. UU).
De acuerdo con la investigación hay documentos que prueban que la familia de Moreno habría incurrido en delitos de corrupción, perjurio y lavado de activos, a través de varias empresas extranjeras «offshore» en diversos paraísos fiscales. Según trascendió, una de esas empresas habría recibido injustificadamente 18 millones de dólares de parte de un contratista de un proyecto público, en el tiempo en que Lenín Moreno era vicepresidente, refería en abril de 2019 el portal RT. Parte del blanqueo de esos capitales se habría hecho a través de la firma INA Investment, constituida en 2012 por el hermano del presidente Edwin Moreno, agregaba el referido portal.
En abril de ese año, Moreno afirmó que la empresa «offshore» INA Investment fue fundada por su hermano Edwin Moreno a pedido de alguien que le debía dinero, para trasladar los fondos a Ecuador a través de esa compañía panameña. Señaló que su hermano quedó fuera de la firma una vez que le terminaron de pagar la deuda y, como no es empleado público, «puede tener las empresas ‘offshore’ que quiera», cita RT.
