Golpe a desalojo arbitrario: Restituyen vivienda a adulta mayor

VEA / Yuleidys Hernández Toledo

La Superintendencia Nacional de Arrendamientos, Sunavi, la Fiscalía Superior del Área Metropolitana de Caracas y el Movimiento de Inquilinos e Inquilinas lograron que le fuese restituido el acceso a una inquilina, adulta mayor, a la vivienda, de la que había sido desalojada de manera arbitraria en la avenida Mónaco con calle París, Quinta Marita, California Norte, municipio Sucre, estado Miranda. Así lo informó el coordinador de la Subcomisión de Hábitat, Vivienda y Desarrollo Urbano de la Asamblea Nacional, AN, diputado Rigel Sergent, a Diario VEA.

El día jueves 27 de julio, la «Fiscalía 45 del Área Metropolitana de Caracas se llevó a inquilina (mujer adulta mayor) a «declarar» al El Llanito por supuesta denuncia y en componenda con el dueño la desalojaron arbitrariamente, soldaron puerta y les quitan todas sus pertenencias», había denunciado Sergent en su cuenta en la red digital Twitter el 28 de julio.

El parlamentario describió a este portal, que el mismo 27 de julio en horas de la noche, la Sunavi se trasladó al lugar de los hechos, «y se logró la restitución de la inquilina». Indicó que el organismo tuvo comunicación con la Fiscalía Superior del Área Metropolitana de Caracas, quien ayudó a que se lograra la restitución de la vivienda. Ambas instancias con la participación de la inquilina establecieron «una mesa de trabajo que continúa».

Denuncian a fiscales

El jueves 27 de julio de 2023, el Movimiento de Inquilinos e Inquilinas, denunció en su cuenta en la red digital Instagram que «varios fiscales están citando a inquilinos por supuesta denuncia de invasión y cuando regresan a la casa le realizaron desalojo arbitrario, ¿Por qué hacen eso?».

El mensaje está acompañado de audiovisual en el que la organización antes indicada señala a una fiscal de nombre Yéssica Pereira de supuestamente trabajar en la inmobiliaria «Lion Bienes Raíces Franquicia Personal». En el video aparece quien sería presuntamente la funcionaria ofertando una «imponente propiedad de 1.714 metros» en La Lagunita.

Al consultar al diputado Rigel Sergent si la denuncia sobre la presunta funcionaria era cierta señaló, vía whatsapp, «Si, es fiscal y trabaja en una inmobiliaria».

Sergent destacó que esta fiscal no tiene que ver con el caso de desalojo sucedido el 27 de julio de este año en el estado Miranda.

Resaltó que la funcionaria tiene tiempo que no actúa en casos de este tipo, «pero en su momento sí tuvo conocimiento de uno de los casos muy conocido, que es del edificio Cori«.

Desalojos siguen

En mayo de este año el diputado Rigel Sergent, quien lleva décadas defendiendo a inquilinos e inquilinas, denunciaba a Diario VEA que los desalojos forzosos continuaban aun cuando están prohibidos. Destacaban que estaban siendo ejecutados por dos vías, acoso inmobiliario y terrorismo judicial.

«Son dos acciones que a nosotros nos preocupa y estamos trabajando por eso; nos preocupa y nos ocupa. Se conocen internacionalmente como acoso inmobiliario y terrorismo judicial. La segunda pudiera sonar fuerte y es importante explicar qué es lo que significa. Primero, el tema del acoso inmobiliario es toda actuación u omisión con abuso de derechos que tiene el ‘objeto’ de perturbar a la persona acosada en el uso pacífico de la vivienda y crearle un entorno hostil de manera material, personal, psicológica o social con la última finalidad de forzarla a abandonar la vivienda que tiene derecho a ocupar. ¿Qué significa esto? Bueno, le hacen la vida imposible para que se vaya. ¿Y cómo lo hacen? Cortan los servicios básicos, no reciben el canon de arrendamiento para decir que tú estás incumpliendo con tu obligación. A veces contratan a personas para que no te dejen entrar a la vivienda y generar así un clima hostil. Te persiguen a tu trabajo, acosan incluso a la familia, a tu grupo familiar, a tus hijos. O sea, te hacen la vida horrible diariamente. Ese es el acoso inmobiliario, eso está sucediendo», explicaba en esa oportunidad.

Sobre el segundo, el terrorismo judicial, dice «es aún peor. A veces se cree que el terrorismo judicial es ejercido por el Estado. Entonces, aquí, decir en Venezuela ‘¿Oye, cómo un diputado de la Revolución va a hablar de terrorismo judicial si el gobierno, al contrario, es el que ha promovido estas leyes que hemos mencionado?’ Bueno, porque los particulares también pueden ejercer terrorismo judicial. ¿Qué es el terrorismo judicial? es la utilización de la jurisdicción penal para acosar, intimidar, amedrentar a una persona o a varias personas o familias, para ‘resolver’ situaciones cuya competencia es evidentemente de la jurisdicción mercantil o civil».

Argumentó que esta situación se da cuando los afectados o las afectadas resisten el acoso inmobiliario, por lo que los arrendadores, que en este tipo de casos suelen ser multiarrendadores, deciden pasar a la criminalización del inquilino.

«Vienen particulares y acusan a los inquilinos de invasores. Para sacar al inquilino por la vía civil tienen que ir a la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda (Sunavi), y deben demostrar que el inquilino ha incumplido, que ha dejado de cancelar o que el arrendador es un pequeño propietario y necesita recuperar su vivienda; pero no lo son, sino que son multiarrendadores, dueños de un edificio, dos, tres, cincuenta edificios; o una administradora, que tiene intereses mercantiles y no quiere ir a un tribunal porque puede ser que pierda, y si gana la demanda entonces se tiene que hacer el procedimiento donde el inquilino tiene que ser reubicado; entonces, para no hacer eso, criminalizan y dicen que el inquilino es un delincuente», describe.

En los últimos meses Rigel Sergent ha compartido en sus redes digitales diversas denuncias de desalojo ilegales. A continuación algunas de ellas.