¡Machado y González Urrutia vendidos por su asesor! Reveló implicaciones ocultas de ambos en caso Chevron

VEA / Yuleidys Hernández Toledo

«Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado; ni escondido, que no haya de salir a luz», dice el evangelio de Marcos 4:22.

En los últimos días no ha dejado de ser noticia la revocatoria que hizo el gobierno de Donald Trump a la licencia 41 que autorizaba desde noviembre de 2022, a la petrolera estadounidense Chevron, para operar en Venezuela. Lo que poco se ha dicho, es que María Corina Machado y Edmundo González Urrutia lideraban una campaña en Estados Unidos (EEUU), para que esa decisión de sanción que se concretó el martes 4 de marzo de 2025, se ejecutara.

La admisión de los planes la hizo el 16 de septiembre de 2024, Rafael De la Cruz, quien se desempeñaba como asesor de campaña del entonces candidato de la Plataforma Unitaria, el ya mencionado Edmundo González Urrutia.

Durante un panel de discusión organizado por la organización empresarial Council of the Americas, con sede en Nueva York, Rafael De la Cruz expresó: “Queremos que se cancelen… esto es un salvavidas para el régimen ”, citaba en ese entonces la agencia gringa AP.

Por su parte, en esa oportunidad, el portal newsnationnow.com le atribuye a De La Cruz haber expresado que la campaña de González-Machado quiere “encontrar puntos en común” con las compañías petroleras. Su presencia en el país en este momento, según el vocero, citado en la reseña, le da a Maduro la capacidad de intentar “normalizar… la dictadura de facto que está tratando de establecer en Venezuela”.

En octubre de 2024, durante su participación en un panel organizado por el Georgetown Americas Institute, en Washington, María Machado condenó que se le hubiesen otorgado licencias a las compañías petroleras Chevron, la española Repsol y la francesa Maurel & Prom, para operar en Venezuela. La fascista aseguraba que estas empresas energéticas «tienen que darse cuenta de que están asociadas con la empresa más corrupta del sector energético en el mundo, que ha sido acusada de lavado de dinero y hasta de narcotráfico, Pdvsa», citaba el 16 del referido mes el portal suizo Swissinfo. Aseguraba la golpista, que «Nadie conoce la naturaleza de los contratos que se han firmado, lo que viola nuestra Constitución, nadie sabe cuánto están pagando al régimen, cuánto está obteniendo el gobierno de sus operaciones».

Dado que María Machado y Edmundo González estaban promoviendo la revocatoria de la licencia a Chevron, así como la promoción de más sanciones contra Venezuela, no es de extrañar que el miércoles 26 de febrero, cuando el mandatario estadounidense anunció su decisión de revocar la licencia a Chevron, la consumada golpista calificara como una “decisión correcta” la acción imperial, y así lo dijo en una entrevista con Donald Trump Jr. en el podcast Triggered: “Este es un gran paso y envía un mensaje claro y firme de que Maduro está en graves problemas y que el presidente Trump está con el pueblo venezolano”, agregaba, citaba el portal argentino Infobae.

Seis días después, cuando  la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro revocó la licencia 41 y estableció la 41 A,  en la que establece que la petrolera estadounidense Chevron tendrá hasta el próximo 3 de abril para cesar sus operaciones en Venezuela, Machado celebró la medida en una entrevista  con el canal EVTV.   

«Creo que es una decisión correcta, en el momento correcto, y manda una clara señal al régimen de que no se quedará por la fuerza y el mundo mirará para otro lado, porque Venezuela es la amenaza más grande para la seguridad del hemisferio», afirmó, se le escucha en un video que se hizo viral ese día en redes digitales. 

Las declaraciones de la fascista fueron ampliamente condenadas por el gobierno nacional y por el poder popular.

El 6 de marzo, Machado responsabilizó al presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, del fin de la licencia de Chevron. «Se lo dijeron, firmó un acuerdo y se le quitaron las cosas (sanciones) y qué hizo, incumplió lo que firmó, ¿quién es el culpable de que se reponga la sanción? ¿Quién es el culpable? Es Nicolás Maduro, y la gente lo sabe», señaló en una entrevista para el medio digital La Gran Aldea, transmitido por Instagram, y reseñado por el portal Swissinfo.

Asesor de Machado celebra decisión contra Chevron

«Rafael De la Cruz se desempeña como Director de la oficina de María Corina Machado» y de Edmundo González Urrutia en los Estados Unidos. «También es Asesor Principal de Política Económica y Exterior de su campaña presidencial», reza una biografía sobre dicho personaje, publicada en la web Concordialive. Este personaje, el 1° de marzo de 2025, tres días después que el presidente Donald Trump anunciara revertir las concesiones que el gobierno de su antecesor, Joe Biden, había hecho a Chevron en noviembre de 2022, en un artículo que publicó en el portal web de El Nacional, celebraba la medida imperial.

Su texto titulado «Las consecuencias de revocar las licencias petroleras para castigar la dictadura de Maduro», empezaba con estas palabras: «El aliado necesario del movimiento democrático de Venezuela es Estados Unidos. Una de las medidas más significativas del gobierno del presidente Trump ha sido la eliminación esta semana de las licencias petroleras otorgadas a empresas estadounidenses para operar en la industria petrolera del país. Estas licencias han sido un salvavidas para el régimen de Maduro, no solo como fuente de ingresos, sino también como un medio para sostener la maquinaria de represión que mantiene al dictador en el poder, y una promesa de normalización en el futuro. Al cortar el acceso de las empresas estadounidenses a los recursos petroleros de Venezuela, el gobierno de Estados Unidos está intentando sofocar un pilar crítico del control de Maduro sobre el aparato del Estado, y sus consecuencias para el régimen van a ser de gran alcance».

En el artículo dijo además que: «En conclusión, revocar las licencias petroleras para castigar la dictadura de Maduro es un paso necesario para debilitar el control del régimen y el financiamiento de sus tácticas represivas. Sin embargo, está claro que el régimen ha encontrado formas de eludir estas restricciones, asegurando fuentes alternativas de apoyo por parte de otras potencias globales, en un mercado negro que está ya funcionando. Estados Unidos debe continuar aplicando presión, y el movimiento democrático está construyendo también una amplia coalición internacional para aislar y agotar al régimen».

Lobista con objetivo claro: Hacer daño

Rafael De La Cruz fue uno de los dirigentes de la extrema derecha venezolana quien hizo un lobby fuerte para concretar la reunión entre Joe Biden y Edmundo González, hecho que tuvo lugar el 6 de enero de 2025. Los detalles los dio a conocer dos días después el secretario Ejecutivo del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Diosdado Cabello, en su programa Con el mazo dando, al compartir información que le suministró el patriota VIP, quien destacó que el referido hombre es el operador de María Machado en Washington D.C.

En la reunión con Biden, De la Cruz y Edmundo insistieron en pedir más sanciones al pueblo venezolano, también pidieron la revocatoria de las licencias petroleras y una mayor persecución legal contra la cúpula política, militar y policial de Venezuela.

En la reunión, el perdedor de la elección presidencial del 28 de julio de 2024, «también pidió boicotear, a través de mecanismos de coacción, las iniciativas de las empresas extranjeras que quieran invertir en Venezuela, es decir, lo que buscan es generarles más daño y asfixia a los venezolanos, para luego ellos venderse como los salvadores del país (…)», rezaba el texto leído por Cabello, y que quedó reflejado en la web de Con el mazo dando.

Agregaba el informante que Rafael De la Cruz es «un personaje siniestro que durante la IV República asesoró e impulsó las políticas más neoliberales que se hayan diseñado contra el pueblo de Venezuela. De la Cruz es el cerebro que diseñó el nefasto plan de privatización total que busca reimponer» María Machado «en Venezuela, para entregar nuestros recursos a las potencias extranjeras». También señaló que este hombre fue el encargado de controlar a Edmundo «sobre lo que debía o no decir».

El 9 de octubre de 2024, el patriota VIP dijo a Cabello en una carta que el dirigente revolucionario leyó en su popular programa, que Machado había llamado al entonces embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, «para quejarse sobre la renovación de la licencia, alegando que eso entorpece sus planes».

José Ignacio Hernández también habló

José Ignacio Hernández, un trabajador de Crystallex, quien permitió que esta minera canadiense tomara millones de dólares de Citgo, admitía el 23 de enero de 2025, que «miembros de los equipos» de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia, «han pedido la  suspensión de las licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que permiten al régimen de Maduro operar conjuntamente con empresas petroleras occidentales para extraer petróleo venezolano. La Administración Biden  rechazó estos pedidos y mantuvo intactas las licencias«.

En un artículo que publicó en la referida fecha, en conjunto con Ryan C. Berg, director del Programa de las Américas y jefe de la Iniciativa Futuro de Venezuela, en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, y Alexandra Winkler, «exvicealcaldesa» de El Hatillo, los autores también clamaban por la no renovación de la licencia a Chevron y pedían más sanciones contra el país.

«Aunque las licencias petroleras no son el único elemento de la política estadounidense hacia Venezuela que probablemente cambiará, el punto de partida más básico para la presión contra Maduro es la revocación de las licencias petroleras actuales, que permiten a las empresas occidentales asociarse con Pdvsa», finalizaban los «analistas».

Previamente señalaban: «Los argumentos a favor de mantener las licencias petroleras no se han sostenido, mientras que las condiciones sobre el terreno en Venezuela han cambiado drásticamente desde julio de 2024. La política de sanciones de Estados Unidos también debería cambiar en consecuencia. Las sanciones deberían seguir utilizándose como instrumento de presión contra el régimen de Maduro».

José Ignacio Hernández es el mismo que en 2017 forjó una teoría antijurídica llamada el Alter Ego, es decir, del otro yo, que quería decir e igualar a la República y el patrimonio de la República con cualquiera de sus entes, lo que dio paso al robo de activos venezolanos en el exterior.

El derechista es asociado senior (no residente) del Programa de las Américas, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, una institución que forma parte de los llamados «tanques de pensamientos» de EEUU, para trazar líneas contra regímenes contrarios a EEUU.

«Coincidencias» con Elliott Abrams

En octubre de 2024 el exenviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, confesaba que la derecha venezolana estaba trabajando para que el entonces presidente Joe Biden suspendiera la Licencia 41, acción que como se sabe, concretó Trump.

«Los funcionarios de la Administración Biden deberían avergonzarse de los datos petroleros y de la renovación de la Licencia General 41. Al presidente le bastaría un día para detener la importación de petróleo venezolano, como le ha pedido la oposición democrática. El hecho de no hacerlo de inmediato es inexplicable y socava las fuerzas democráticas en Venezuela», confesaba en un artículo publicado el 5 de octubre del pasado año, en el Council Foreing Relations.

En el referido texto, Abrams, quien es investigador principal de estudios sobre Oriente Medio en el referido instituto con sede en Washington, DC, manifestaba su descontento a que Chevron siguiera operando en Venezuela, al tiempo que destacaba un mensaje difundido en X, por José Ignacio Hernández, quien fue designado como supuesto «procurador» durante el gobierno irreal de Juan Guaidó; pero que desde ese nombramiento ilegal trabajó para impulsar el robo de Citgo, filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Estados Unidos, y el despojo del oro venezolano en Inglaterra.

“Hoy, la Licencia General 41, que autoriza a #Chevron a realizar actividades petroleras, fue renovada automáticamente. A pesar de las prohibiciones, la empresa parece pagar regalías e impuestos al gobierno de Maduro. Sin transparencia”, decía Hernández en su cuenta X, citado por Abrams.

Durante más de dos años, Abrams criticó la decisión que tomó el gobierno de Biden y que se conoció el 26 de noviembre de 2022, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EEUU), cuando emitió la Licencia General (LG) 41 a favor de Chevron Corporation.

El 7 de octubre de 2024, en otro artículo, divulgado en el CFR, el halcón imperial condenaba la reunión que habrían tenidos directivos de Chevron con el gobierno de Biden, en donde según Abrams, funcionarios de la compañía destacaron que la presencia de la trasnacional en Venezuela «refuerza los suministros petroleros mundiales y la seguridad energética de Estados Unidos” y “sirve a los intereses de Estados Unidos”.

Ante ello, Abrams insistió en la necesidad de «reimposición total de sanciones a Venezuela, incluidas las que afectan a Chevron y a las compañías petroleras europeas, que también se han beneficiado de la suavización de las sanciones por parte de Biden. Esas actividades están beneficiando y financiando al régimen de Maduro, incluso ahora que vuelve a tomar medidas enérgicas contra los venezolanos, y eso no debería permitirse. Estados Unidos debería aplicar una política que aumente la presión sobre el régimen de Maduro, no una que permita que las compañías petroleras lo ayuden a mantenerse a flote».

En julio de 2024 el embajador permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, a través de su cuenta en la red digital X, denunciaba que para favorecer al candidato de la ultraderecha, Edmundo González, el otrora enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, pidió destruir la producción petrolera. En el mensaje, donde hizo alusión a un artículo publicado en el CFR por el vocero imperial, el sábado 6 de julio, indicaba que «según Abrams, si con más sanciones su títere no ganara las elecciones, EEUU debería desconocer los resultados. Se trata de un nuevo golpe de Estado. Son los mismos que lo intentan desde 2002».

En su publicación Moncada recordó el prontuario criminal de Abrams: Condenado por caso Irán-Contras (1991), cómplice en la masacre de El Mozote, en El Salvador, más de mil civiles asesinados (1981), ⁠envió armas a Nicaragua disfrazadas de ayuda humanitaria (1987), ⁠planificó golpe contra presidente Hugo Chávez (2002), ayudó a planificar invasión a Irak (2003), encargado de guerra económica contra Venezuela, planificó invasión disfrazada de ayuda humanitaria (2019).

Cubanos miameros en la jugada

Los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez y María Elvira Salazar, habrían estado tras la decisión del gobierno de Trump. Para ello el trío utilizó como «arma» los votos que el mandatario necesitaba para un acuerdo presupuestario. Así lo revelaba el 3 de marzo el portal Axios.

«‘Se están volviendo locos y necesito sus votos'», explicó Trump a sus confidentes cuando señaló en privado que cancelaría la licencia que permite las exportaciones de petróleo venezolano a Estados Unidos. Luego, los representantes Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez y María Elvira Salazar, votaron a favor del acuerdo presupuestario, que fue aprobado por 217 votos a favor y 215 en contra», citaba el referido portal.

El 16 de enero de 2025, María Elvira Salazar cargaba contra Chevron por estar operando en Venezuela: «¡Chevron tiene sangre en sus manos! Han inyectado cientos de millones de dólares en los bolsillos de Maduro, beneficiándose del sufrimiento de María Corina Machado y de cada venezolano que busca la libertad. Son tan malvados como el régimen que están permitiendo. ¡Suspendan su licencia AHORA!», escribía la fascista en su cuenta en la red digital X.

Trump y Marco Rubio ya adelantaban planes

A pocas horas de haber asumido como Presidente de los EEUU, el 20 de enero de 2025, Donald Trump anunciaba que reactivaría el embargo petrolero como arma política contra Venezuela y su presidente, Nicolás Maduro.

En esa oportunidad, el gringo fue interrogado por periodistas sobre si seguía comprometido a que Nicolás Maduro, el presidente constitucional para el período 2025-2031 deje el poder, a lo que respondió: «También lo vamos a averiguar, porque probablemente vamos a dejar de comprar petróleo a Venezuela. No lo necesitamos», refería en ese entonces el portal suizo Swissinfo, citando a EFE. El republicano sugirió que podría aplicar otro embargo como lo hizo en su primer mandato porque, insistió, Estados Unidos tiene más que suficiente petróleo. «Eso cambiaría Venezuela bastante», apuntó.

Días antes a las declaraciones de Trump, Marco Rubio, cuya familia estuvo ligada al narcotráfico, abrió la posibilidad de poner fin a la exención. El yanqui, quien el lunes 20 de enero de 2025 fue confirmado por el Senado como secretario de Estado, dijo: «Tenemos estas licencias por las que compañías como Chevron están proveyendo miles de millones de dólares al régimen, mientras que el régimen no ha mantenido ninguna de las promesas que hizo. Todo eso se debe reexaminar», citaba Swissinfo.

En junio de 2023, Donald Trump admitió que su intención era robarse el petróleo venezolano. «¿Qué les parece que estemos comprando petróleo a Venezuela? Al irme, Venezuela estaba lista para colapsar ¡Nos habríamos hecho de ella! ¡Hubiéramos tomado todo su petróleo! ¡Hubiera sido justo al lado! Pero ahora compramos petróleo a Venezuela ¡Estamos haciendo a un dictador muy rico! ¿Puedes creerlo? ¡Nadie puede creerlo!», confesó en rueda de prensa en Carolina del Norte.