¡No se deje engañar! Inquilinos continúan protegidos de forma directa por las leyes

VEA / Yonaski Moreno

La no renovación del decreto que establecía medidas especiales en materia de arrendamiento de inmuebles de uso comercial y aquellos utilizados como vivienda principal por efecto de la pandemia del coronavirus no deroga la protección que el Gobierno Bolivariano ha brindado en esta materia a miles de familias que viven alquiladas.

La aclaración fue realizada por el diputado a la Asamblea Nacional y defensor de los derechos a la vivienda, Rigel Sergent, luego que el medio de extrema derecha Tal Cual publicara este jueves 27 de enero en su página web una nota bajo el título “Gobierno quita protección a los inquilinos al no renovar decreto contra desalojos«.

El decreto en cuestión fue emitido el pasado 23 de marzo de 2020 y se renovó reiteradamente hasta octubre de 2021. El mismo suspendía el pago de los cánones de arrendamiento de inmuebles de uso comercial y de aquellos utilizados como vivienda principal, así como las causales de desalojo para vivienda y comercio.

“Cuando este medio de comunicación de la derecha saca esta noticia, que además está desfasada, porque la última renovación fue el año pasado, está generando una matriz de opinión. Entre los días de ayer y hoy hemos recibido llamados de inquilinos preocupados porque le dicen que les han sido derogadas las medidas de protección, lo cual es falso, porque tenemos por lo menos tres legislaciones nacionales que protegen directamente al inquilino”, señaló Sergent en conversación telefónica con Diario VEA.

“A nosotros nos preocupa que quien no conoce las leyes puede creer que eso es verdad y un abogado o un propietario pueda tratar de tomarse la justicia por su propia mano y desalojarlos indebidamente”, indicó.

Añadió que la propagación de esta noticia busca desestabilizar el país y generar situaciones como los cientos de miles de desahucios en España.

Resaltó que Venezuela cuenta con la Ley de Regulación y Control de los Arrendamientos de Viviendas y la Ley Contra la Desocupación Arbitraria de Viviendas, así como con la sentencia 1171 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que establecen que para solicitar la desocupación de viviendas alquiladas se debe cumplir con el procedimiento administrativo a través de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (Sunavi).

El diputado explicó que el Sunavi ha podido llegar a acuerdos entre inquilinos y propietarios, ha concretado entregas voluntarias por parte de los inquilinos que al final han sido reubicados o se les ha encontrado otra solución habitacional para lograr “un ganar, ganar”. Cuando no es posible, la solución se establece a través de los tribunales.

Además resaltó el papel de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que también ha contribuido con la reubicación de familias que no contaban con una vivienda propia.