MP solicitará privación preventiva de libertad contra Rocío San Miguel por presunta conspiración

VEA / Carlos A. Batatin

Este lunes 12 de febrero, en horas de la noche, durante la audiencia de presentación de seis (6) personas presuntamente relacionados  involucradas en la trama conspirativa denominada Brazalete Blanco, el Ministerio Público solicitará ante el Tribunal 2do Contra Terrorismo medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de la ciudadana Rocío del Carmen San Miguel Sosa, por  la supuesta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación entre otros.

Un poco antes de las 10:00 pm, los detalles sobre dicha solicitud fueron dados a conocer por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, mediante su red social de la plataforma X, @TarekWilliamSaab,  a través de la cual anunció que en relación al ciudadano Alejandro José Gonzales De Canales Plaza, se solicitará igual medida por la presunta comisión de los delitos de: Revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de Justicia y asociación.

En tercer término, especificó que el marco de dichas investigaciones en marcha, su despacho solicitará en relación a los 4 ciudadanos restantes medidas cautelares consistentes en presentaciones periódicas ante el tribunal de la causa.

Dejó claro que  el Ministerio Público “en estricto apego a la normativa nacional e internacional -como siempre- garantiza el respeto a los derechos humanos y asegura el mantenimiento de la paz y la convivencia ciudadana.

En horas de la tarde de este domingo 11 de febrero, el titular del Ministerio Público (MP), Tarek William Saab, informó la detención de la ciudadana Rocío del Carmen San Miguel Sosa, quien presuntamente está involucrada «en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada “Brazalete Blanco”, cuyo objetivo era atentar contra la vida del jefe de Estado Nicolas Maduro, y otros altos funcionarios».

Según con las indagaciones emprendidas por el Ministerio Público, se trata de una conspiración continuada que se inició en mayo de 2023, cuando un grupo desestabilizador hizo contactos con personal militar para extraer información sensible clasificada de la unidades militares, movilización de aeronaves y armas, para darle estos datos a enemigos de la nación y del pueblo de Venezuela. También pretendían el secuestro del Presidente de la República y del Ministro para la Defensa, en la residencia presidencial La Viñeta.