Venezuela denuncia renovación de Misión de Determinación de Hecho

VEA / Yuleidys Hernández Toledo

Venezuela rechazó de manera categórica la resolución aprobada el viernes 7 de octubre en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, «a través de la cual se renueva el mandato del hostil e injerencista mecanismo de monitoreo contra nuestro país, denominado ‘Misión de Determinación de los Hechos'». Así lo informó el Gobierno nacional.

A través de un comunicado emitido por la Cancillería venezolana, Venezuela denunció que tras la resolución en la que se aprobó la renovación de la instancia, «se oculta una abierta pretensión de alentar y justificar a los sectores más extremistas de la oposición nacional e internacional del país, que permanentemente intentan alterar la paz de la Nación y reincidir en la violación masiva de los derechos humanos de los venezolanos y venezolanas, con la finalidad de desestabilizar la democracia venezolana».

«Venezuela se reserva las medidas políticas y diplomáticas pertinentes ante las pretensiones de quienes promueven este mecanismo contra la soberanía y autodeterminación del pueblo venezolano, que violenta la Carta de las Naciones Unidas, las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y el paquete de construcción institucional del Consejo de Derechos Humanos, entre otros instrumentos relevantes», agrega el comunicado de la Cancillería.

El 7 de octubre de 2022, el Consejo de Derechos Humanos adoptó una resolución para extender por dos años el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. Desde su nacimiento en 2019, esta instancia ha publicado cuatro informes contra la nación bolivariana recuerda Human Rights Watch. Sus documentos están sustentados en informaciones tergiversadas difundidas en medios de la derecha vinculados con sectores extremistas de la oposición venezolana, latinoamericana y estadounidense. En los documentos acusan al Gobierno nacional de supuestos crímenes de lesa humanidad.

Esta instancia fue promovida por el autodenominado Grupo de Lima, una organización conformada por presidentes de derecha de la región y aupada por EE.UU. y Canadá, cuyos creadores en su mayoría ya salieron del poder porque se les venció su período y perdieron los comicios o porque fueron destituidos; el único que aún permanece gobernando es el presidente de Brasil, el derechista Jair Bolsonaro, quien acaba de ser derrotado en la primera vuelta presidencial por Lula da Silva.

El 5 de octubre de 2022, el Gobierno nacional acusó a Estados Unidos (EE.UU.) de seguir haciendo uso político de los derechos humanos (DD.HH.) al pretender buscar la renovación de la Misión Independiente de Hechos de la ONU, una instancia «dedicada a promover falsos positivos y opacar la cooperación» del Gobierno con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh). La denuncia la elevó el canciller Carlos Faría tras responder en su cuenta en la red social Twitter a las declaraciones del subsecretario para América Latina del Departamento de Estado de EEUU., Brian Nichols.

El 20 de septiembre, la (pseudo) Misión Internacional de Determinación de los Hechos, difundió un informe contra Venezuela en el que acusaba al Estado venezolano de supuestamente utilizar «los servicios de inteligencia y a sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos», citaba en esa oportunidad el portal alemán DW. Su texto se conoció seis días antes de que se llevara a cabo la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, donde la organización presentó el informe.

El 26 de septiembre, Venezuela expresó «su más categórico repudio a las acusaciones falsas y sin fundamento realizadas por la supuesta Misión. A través de un comunicado el Gobierno nacional reiteró «su absoluto desconocimiento a este tipo de mecanismos paralelos, bárbaros e injerencistas, que a través de sus pronunciamientos, aúpa y alienta a los sectores más extremistas a reincidir en la violación masiva de los derechos humanos de los venezolanos y la desestabilización del país».

A continuación el comunicado íntegro

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica la Resolución aprobada en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a través de la cual se renueva el mandato del hostil e injerencista mecanismo de monitoreo contra nuestro país, denominado “Misión de Determinación de los Hechos”.

Esta Resolución es el resultado del vergonzoso doble rasero, la selectividad y el uso politizado de los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos por parte de un grupo minoritario de Estados, que siguen obedientemente los dictados del Gobierno de los Estados Unidos de América, en su obsesivo interés de atacar la institucionalidad democrática venezolana.

Venezuela denuncia que tras la referida Resolución se oculta una abierta pretensión de alentar y justificar a los sectores más extremistas de la oposición nacional e internacional del país, que permanentemente intentan alterar la paz de la Nación y reincidir en la violación masiva de los derechos humanos de los venezolanos y venezolanas, con la finalidad de desestabilizar la democracia venezolana.

Por tal razón, la República Bolivariana de Venezuela se reserva las medidas políticas y diplomáticas pertinentes ante las pretensiones de quienes promueven este mecanismo contra la soberanía y autodeterminación del pueblo venezolano, que violenta la Carta de las Naciones Unidas, las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y el paquete de construcción institucional del Consejo de Derechos Humanos, entre otros instrumentos relevantes.

Venezuela ha dado amplias y reiteradas muestras de su voluntad y compromiso de colaborar con los diversos mecanismos de derechos humanos de la ONU. En este sentido, continuará cooperando con el Consejo de Derechos Humanos, sobre la base del estricto apego a los principios de objetividad, no selectividad, no politización, imparcialidad y diálogo constructivo en el tratamiento de los asuntos de
derechos humanos.

Finalmente, Venezuela reitera que no reconoce ni reconocerá ningún mecanismo de tutelaje creado al margen de los principios propios del derecho internacional, que pretenda vulnerar la independencia, soberanía y autodeterminación del pueblo venezolano.