Alcides Castillo

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@Alcides

En Colombia se ha cohesionado más el narcoestado para intentar salvar la dictadura aplicada por la oligarquía que gobierna imponiendo presidentes títeres con el respaldo del imperio de Estados Unidos. Ante la arremetida de la administración del presidente Iván Duque y de Álvaro Uribe Vélez, quienes quieren exprimir los bolsillos de trabajadoras y trabajadores a través de impuesto leoninos, el pueblo neogranadino se alzó y la respuesta fue de feroz represión que ha causado centenas de víctimas.

Colombia toda está bajo toque de queda y militarizada. El saldo es de más de 20 personas asesinadas, casi mil heridos de bala con daños oculares e igual cifra de detenidos, y mujeres sometidas a violencia sexual por efectivos de la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), cuerpo amaestrado para exterminio. El cuadro de violencia es terrible donde impera el terror paramilitar.

La protesta ciudadana se inició cuando el narcogobierno de Duque-Uribe Vélez propuso una reforma tributaria que busca recaudar 24 billones de pesos (6.400 millones de dólares) con medidas que afectan a la economía de los colombianos.

Entre las medidas están: gravar con IVA de 19% los servicios públicos, servicios funerarios, capacitar a las autoridades municipales a implementar peajes dentro de las ciudades capitales e incrementar 43% el precio de los productos de la canasta básica familiar. Todo un saqueo a los bolsillos del pueblo.

El balance es aterrador pues a estas nuevas víctimas se suman 58 líderes sociales colombianos asesinados en lo que va de año y 1.174 desde la firma del Acuerdo de Paz en La Habana.

La censura a periodistas y medios para difundir la verdad es política de Estado y de los magnates de la llamada “gran prensa”, que desinforman y mienten. Mientras tanto la voz de la Alta Comisionada de los Derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, no se oye, tampoco la de los voceros del gobierno imperialista de Joe Biden, quienes están “preocupados” por lo que sucede en Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia, donde no se violan los derechos humanos.

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