VEA/ Yonaski Moreno
Debido a las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra el pueblo venezolano por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países los ingresos de Venezuela se han reducido en un 99 %, ocasionando la disminución del apoyo gubernamental a la educación escolar y universitaria, expone el informe de la Relatora Especial de la ONU Alena Douhan.
Entre las consecuencias de las sanciones en la educación venezolana, Douhan refiere la reducción del suministro de uniformes, zapatos, morrales y útiles escolares, así como la reducción de comidas diarias distribuidas por el Programa de Alimentación Escolar (de dos a una comida diaria en la escuela), así como la disminución de su cantidad y diversidad de alimentos o su cancelación total.
“La indisponibilidad de recursos financieros y la reticencia de las empresas extranjeras a comerciar con las instituciones públicas venezolanas y, a menudo, con las privadas, ha provocado la suspensión del Programa Canaima, iniciado en 2015 para ensamblar ordenadores portátiles compactos con fines educativos, de los que se han distribuido 6,5 millones a través del sistema escolar sin coste alguno”, añade el informe.
Detalla además que incidentes técnicos presentados en el 2019 incapacitaron el satélite público de Venezuela, reduciendo sustancialmente la cobertura de Internet en el país dificultando el aprendizaje a distancia en el curso de la pandemia.
“El Relator Especial subraya que los bajos salarios, la ausencia o insuficiencia de material escolar, de uniformes escolares y de comida en la escuela, que solía proporcionar el Gobierno, los problemas de transporte, la ausencia de electricidad y la reducida cobertura de Internet y de telefonía móvil ponen en peligro el ejercicio del derecho a la educación”, expone el documento presentado el pasado 12 de febrero.
Resalta que las consecuencias de las sanciones afectan el acceso a la información y la libertad de expresión, así como el derecho a la educación, a las libertades académicas y los derechos culturales.
“La supuesta reticencia de los socios extranjeros a cooperar con las instituciones venezolanas, incluidas las universidades, las sociedades deportivas y las ONG, así como los impedimentos a las transferencias de dinero, las dificultades para obtener visados y la negativa a abrir y el cierre de cuentas bancarias de ciudadanos venezolanos o de empresas públicas y privadas con sede en Venezuela por temor a sanciones secundarias, afectan al derecho a la educación, a las libertades académicas y a los derechos culturales, e impiden la prestación de ayuda humanitaria”, precisa.