CPI admite que no hay víctimas de crímenes de lesa humanidad y Venezuela celebra

VEA / Yuleidys Hernández Toledo

Venezuela celebra la decisión adoptada por la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional, CPI, en relación con el denominado asunto “Venezuela I”. «La referida decisión reconoce que el informe de la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas de la Corte Penal Internacional sólo recoge las opiniones de “víctimas potenciales”, determinando así expresamente que, hasta el momento, no existe ninguna víctima reconocida como tal por la Corte Penal Internacional».

La explicación quedó plasmada en un comunicado emitido por la cancillería venezolana, este lunes 8 de mayo, donde el Gobierno nacional argumenta «con este pronunciamiento la Sala de Cuestiones Preliminares confirma lo que ha sostenido Venezuela desde el inicio del proceso ante la CPI: No existen víctimas de crímenes de lesa humanidad, pues dichos crímenes nunca han ocurrido en el territorio nacional».

En el texto publicado por el canciller Yván Gil en su cuenta en la red digital Twitter el Gobierno nacional denuncia «que las denominadas ‘víctimas potenciales’ y especialmente algunas de las organizaciones que las representan, pueden estar siendo instrumentalizadas para convertir a la Corte Penal Internacional en un arma política contra la institucionalidad democrática de Venezuela».

Contexto

Desde hace varios años Venezuela viene denunciando la persecución de organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y medios de derecha, que impulsan una campaña para que la CPI tome acciones contra el gobierno nacional.

El 3 de noviembre de 2021 fue firmado un Memorándum de Entendimiento entre la República Bolivariana de Venezuela y la Corte Penal Internacional (CPI). La firma del documento se da luego de que el Fiscal de la CPI concluyera el examen preliminar conocido como la «Situación de Venezuela I» y determinara «abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma». Este caso se refiere a presuntos delitos que habrían sido cometidos desde, al menos, abril de 2017, en el contexto de manifestaciones y disturbios políticos.

En esa oportunidad Venezuela interpretó sobre esta decisión «que no se cumplen los requisitos del artículo 53, numeral 1 del Estatuto de Roma para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la de investigación». En esta fase I «no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo y que la investigación tiene por objeto determinar la verdad y si existen o no motivos para formular cargos contra una persona», dice el documento.

En noviembre de 2022 el entonces ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Carlos Faría, lamentó a través de su cuenta de Twitter la decisión de la CPI de solicitar ante la Sala de Cuestiones Preliminares la autorización para retomar la investigación contra la República Bolivariana de Venezuela. La publicación del entonces canciller condenaba que los motivos del fiscal Karim Ahmad Khan, de la CPI, se basen en investigaciones de «fuentes secundarias guiadas por intereses políticos».

El Gobierno nacional presentó el martes 28 de febrero de 2023 ante la CPI «un escrito con el cual desmiente todas las falacias de la agresión mediática y geopolítica puestas en marcha para acusar a Venezuela de unos crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido». La información la dio a conocer en esa oportunidad la Cancillería venezolana a través de un comunicado.

En aquella oportunidad Venezuela también denunció «las diferentes irregularidades y violaciones del debido proceso cometidas por la Fiscalía de la CPI, incluyendo la indefensión a la que ha sido sometido el Estado venezolano durante todo el trámite, así como los vínculos probados de la Fiscalía de la CPI con organizaciones no gubernamentales que han aportado información contra las autoridades nacionales en este asunto, lo que pone en duda la debida imparcialidad y objetividad de dicha Corte».

El lunes 3 de abril el canciller Yván Gil denunció que las declaraciones realizadas contra Venezuela por el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, demuestran una visión prejuiciada contra el país que instrumentaliza la justicia y los derechos humanos con fines políticos. En un comunicado compartido por la cancillería precisaba que los señalamientos del fiscal reproducen “sin ponderación las campañas que pretenden instrumentalizar el tema de la justicia y los derechos humanos, con fines políticos, en perjuicio de la seriedad y rigurosidad que se espera de una instancia internacional de tanta relevancia”.

A continuación texto íntegro de este 8 de mayo

La República Bolivariana de Venezuela celebra la decisión adoptada por la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional el 4 de mayo de 2023, en relación con el denominado asunto “Venezuela I”.

La referida decisión reconoce que el informe de la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas de la Corte Penal Internacional sólo recoge las opiniones de “víctimas potenciales”, determinando así expresamente que, hasta el momento, no existe ninguna víctima reconocida como tal por la Corte Penal Internacional.

No obstante, la República Bolivariana de Venezuela denuncia que las denominadas “víctimas potenciales” y especialmente algunas de las organizaciones que las representan, pueden estar siendo instrumentalizadas para convertir a la Corte Penal Internacional en un arma política contra la institucionalidad democrática de Venezuela.

Con este pronunciamiento, la Sala de Cuestiones Preliminares confirma lo que ha sostenido Venezuela desde el inicio del proceso ante la CPI: No existen víctimas de crímenes de lesa humanidad, pues dichos crímenes nunca han ocurrido en el territorio nacional.

Es el pueblo de Venezuela el que ha sido víctima de bloqueos y agresiones económicas desde el año 2014, derivadas de las medidas coercitivas unilaterales adoptadas por las autoridades de los Estados Unidos de América, en clara transgresión del Derecho Internacional.

La República Bolivariana de Venezuela ratifica, una vez más, que continuará haciendo uso de las acciones y mecanismos previstos en el Estatuto de Roma y el Derecho Internacional para defender la verdad y asegurar sus derechos como Nación, frente a ofensiva que utiliza la institucionalidad de la Corte Penal Internacional con fines contrarios a su naturaleza y razón de ser.

Caracas, 8 de mayo de 2023