¡Colonialismo jurídico! Denuncian ante la CPI falacias mediáticas y geopolítica para agredir a Venezuela

VEA / Yuleidys Hernández Toledo

El gobierno nacional presentó este martes 28 de febrero de 2023 ante la Corte Penal Internacional (CPI),
«un escrito con el cual desmiente todas las falacias de la agresión mediática y geopolítica puestas en marcha para acusar a Venezuela de supuestos crímenes de lesa humanidad, que nunca han ocurrido». La información la dio a conocer la Cancillería venezolana a través de un comunicado.

En el texto, Venezuela también denunció «las diversas irregularidades y violaciones del debido proceso, cometidas por la Fiscalía de la CPI, incluyendo la indefensión a la que ha sido sometido el Estado venezolano durante todo el trámite, así como los vínculos probados de la Fiscalía de la CPI con organizaciones no gubernamentales, que han aportado información contra las autoridades nacionales en este asunto, lo que pone en duda la debida imparcialidad y objetividad de dicha Corte».

Reza el texto que Venezuela aportó «abundante información que evidencia el carácter político del proceso iniciado en la CPI en 2018, como parte de la estrategia de ‘cambio de régimen’ impulsada por el gobierno de Estados Unidos de América».

«Como prueba de la naturaleza política del proceso, se destacó por ejemplo, el caso de un ciudadano venezolano presentado por la Fiscalía de la CPI como una “víctima” de “tortura” y “persecución”, pero que al ser entrevistado por las autoridades nacionales competentes, negó expresamente haber sufrido vulneraciones de su derecho a la integridad personal. Además, dicho ciudadano fue designado en 2021 por la Asamblea Nacional para ejercer una alta responsabilidad de Estado en uno de los poderes públicos nacionales», indica el comunicado.

Contexto

Desde hace varios años Venezuela viene denunciando la persecución de organismos internacionales, Organizaciones No Gubernamentales y medios de derecha, quienes impulsan una campaña para que la CPI tome acciones contra el gobierno nacional.

El 3 de noviembre de 2021, fue firmado un Memorándum de Entendimiento entre la República Bolivariana de Venezuela y la Corte Penal Internacional (CPI). La firma del documento se da luego de que el Fiscal de la CPI concluyera el examen preliminar conocido como la «Situación de Venezuela I» y determinara «abrir una investigación para establecer la verdad, de conformidad con el Estatuto de Roma». Este caso se refiere a presuntos delitos cometidos desde, al menos, abril de 2017, en el contexto de manifestaciones y disturbios políticos.

En esa oportunidad, Venezuela interpretó sobre esta decisión «que no se cumplen los requisitos del artículo 53, numeral 1 del Estatuto de Roma, para justificar el paso de la la fase de examen preliminar a la de investigación». En esta fase I «no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo y que la investigación tiene por objeto determinar la verdad y si existen o no motivos para formular cargos contra una persona», dice el documento.

En noviembre de 2022, el entonces ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Carlos Faría, lamentó a través de su cuenta de Twitter la decisión de la (CPI) de solicitar ante la Sala de Cuestiones Preliminares, la autorización para retomar la investigación contra la República Bolivariana de Venezuela. La publicación del entonces canciller condenaba que los motivos del fiscal Karim Ahmad, de la CPI, se basen en investigaciones de «fuentes secundarias guiadas por intereses políticos».

Comunicado íntegro

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, informa que este 28 de febrero de 2023, presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) un escrito con el cual desmiente todas las falacias de la agresión mediática y geopolítica puestas en marcha para acusar a Venezuela de supuestos crímenes de lesa humanidad, que nunca han ocurrido.

En su escrito, Venezuela aportó abundante información que evidencia el carácter político del proceso iniciado en la CPI en 2018, como parte de la estrategia de “cambio de régimen” impulsada por el gobierno de Estados Unidos de América. Asimismo, demostró que el Sistema de Justicia venezolano se encuentra activado permanentemente para garantizar la justicia, a través del ejercicio de su jurisdicción.

Como prueba de la naturaleza política del proceso, se destacó por ejemplo, el caso de un ciudadano venezolano presentado por la Fiscalía de la CPI, como una “víctima” de “tortura” y “persecución”, pero que al ser entrevistado por las autoridades nacionales competentes negó expresamente haber sufrido vulneraciones de su derecho a la integridad personal. Además, dicho ciudadano fue designado en 2021 por la Asamblea Nacional para ejercer una alta responsabilidad de Estado en uno de los poderes públicos
nacionales.

Asimismo, en su documento, Venezuela denunció las diversas irregularidades y violaciones del debido proceso, cometidas por la Fiscalía de la CPI, incluyendo la indefensión a la que ha sido sometido el Estado venezolano durante todo el trámite, así como los vínculos probados de la Fiscalía de la CPI con organizaciones no gubernamentales, que han aportado información contra las autoridades nacionales en este asunto, lo que pone en duda la debida imparcialidad y objetividad de dicha Corte.

Finalmente, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ratifica que seguirá ejerciendo todas las acciones a su alcance para hacer prevalecer la verdad y defender sus derechos como nación, frente a esta
fórmula de colonialismo jurídico que pretende utilizar la institucionalidad de la Corte Penal Internacional, con fines políticos, en clara contravención de su razón de ser y de las normas y principios del Derecho Internacional.